Carlos Escudé analiza las causas que han llevado a la conformación y ascenso de las poderosas organizaciones de desempleados en Argentina, conocidas como piqueteros, y sostiene que se trata del resultado de una implosión del Estado y de su erosión institucional, que es a su vez el producto de la acumulación de décadas de corrupción pública y privada. Escudé expone seis puntos breves que explican por qué los piqueteros se han transformado en un actor poder y cómo los análisis tradicionales desde la izquierda y la derecha resultan poco útiles para comprender el fenómeno en su verdadera magnitud.

Carlos Escudé es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Yale y profesor de Relaciones Internacionales. Ha sido asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina. Su última publicación es «El Estado Parasitario; Argentina, ciclos de vaciamiento, clase política delictiva y colapso de la política exterior (2005)».

DESDE LA IZQUIERDA, EL ASCENSO PIQUETERO en Argentina se percibe como un triunfante crescendo liberador. Desde la derecha se vislumbra, en cambio, como una rebelión de bandas delictivas que no se reprime debido al oportunismo y demagogia de la clase política. Ninguno de estos mitos se compadece de la relación sistémica entre este fenómeno y los procesos involutivos que padece la Argentina desde hace décadas. Ninguno de ellos toma en cuenta el hecho de que la erosión institucional sufrida por el país conduce necesariamente a fenómenos de esta índole.

REDUCCIONISMO Y VOLUNTARISMO
Desde su reduccionismo, la izquierda insiste en vislumbrar la problemática con un sesgo clasista y rehúsa reconocer que el piqueterismo es una manifestación más de procesos de largo plazo que han empobrecido a todas las clases sociales argentinas (aunque a algunos segmentos más trágicamente que a otros). Desde su voluntarismo, la derecha insiste en suponer que el problema puede suprimirse con decisión e integridad, a fuerza de represión inteligente (aunque un poco de inteligencia, decisión e integridad contribuirían mucho a paliar estos males).

TRAGEDIA ARGENTINA
La institución subterránea que ha engendrado esta nueva identidad es simultáneamente consecuencia y causa, en ese orden, de la tragedia argentina. Mientras sus agrupaciones reclaman trabajo genuino, sus militantes se acostumbran a vivir de la prebenda. Ellos no son ángeles ni demonios. Sufren hambre, manipulan el padecimiento de otra gente y albergan intencionalidades políticas de las que no se avergí¼enzan. Son el engendro de una implosión del Estado que es a su vez el producto de la acumulación de décadas de corrupción pública y privada, y de un oportunismo cortoplacista agravado por quienes buscaron comprar la moderación de las organizaciones incipientes, ofreciendo a sus dirigentes los planes sociales con que se nutrió su poder subversivo del orden constitucional. El suyo es el parasitarismo proletario, que es la imagen especular del parasitarismo burgués, del país quebrado y endeudado con cuentas privadas en el exterior que superan a la deuda, y con cientos de miles de ahorristas estafados en Italia y el Japón, además de los muchos millones de argentinos defraudados.

Analíticamente, mi estudio remite a las siguientes conclusiones:

UNO: HAMBRE Y DESOCUPACIÓN
El crecimiento desmesurado del hambre y la desocupación produjo un esperable aumento en la demanda de servicios de protesta para desamparados y desocupados. Así emergieron organizaciones rebeldes, primero en el ámbito de la propiedad de la tierra y luego en el sindical. Éstas no sólo desafían puntualmente a las instituciones instituidas por la ley, sino al mismísimo Estado de derecho.

DOS: CRISIS DE LOS PARTIDOS Y SINDICATOS
Con su auge también disminuyó el poder de los aparatos sindicales y partidarios tradicionales.

TRES: UN ESTADO QUE CEDE
Ante el creciente poder disruptivo de las agrupaciones contestatarias, el Estado cedió dinero (para los planes), espacios de protagonismo (como las ollas y comedores populares) y segmentos de poder (al delegar la distribución de planes). Incluso les regaló prestigio desde los medios oficiales de comunicación masiva, consciente del rédito electoral que eso reportaba.

CUATRO: INSTITUCIONES AD HOC
Las instituciones ad hoc así nacidas adquirieron legitimidad frente al público y se convirtieron en depositarias de derechos adquiridos. Normativamente, puede suponerse que la usurpación de tierras por parte de los pobres es menos grave que la confiscación de depósitos bancarios por parte del propio Estado, que es el custodio del contrato social. No obstante, el hecho representa un paso adicional en el proceso de erosión institucional de largo plazo. Implica un significativo agravamiento de la inseguridad jurídica y un sideral aumento del riesgo país. Esto no significa cargar las culpas sobre los militantes y sus agrupamientos sino señalar que el proceso que condujo a este emergente fue costoso para casi todos los argentinos (aunque para algunos más que para otros.)

CINCO: MANIPULACIÓN POLÍTICA
El problema fue agudizado por la manipulación política de las instituciones subterráneas por parte de los grandes partidos políticos. Particularmente graves fueron la decisión del gobierno de la Alianza de convertir las agrupaciones en ONGs que administraran los planes sociales, y la táctica del justicialismo bonaerense de aliarse a los grandes cortes de ruta para debilitar a De la Rúa.

SEIS: ESTADO INERME ANTE LA VIOLENCIA
Cuando se acudió a la represión legal, el gobierno sufrió enormes pérdidas políticas. Cuando ésta condujo a la muerte de revoltosos, la crisis fue casi terminal para los ministros involucrados. El presidente De la Rúa, ya depuesto, estuvo a punto de ir preso por bajas de manifestantes que, aunque hayan sido culposas, ni siquiera pueden atribuirse a su jefe de policía. Aparentemente, la pérdida de tolerancia pública a la muerte violenta de civiles fue una de las consecuencias del proceso de deterioro institucional que culminó con el colapso de la dictadura militar de 1976-83. Aunque en circunstancias extremas, la muerte de relativamente pocos militantes que violan la ley es aceptada como inevitable en la mayor parte de los países democráticos, ello no es así en la Argentina. La consecuencia es que el Estado queda inerme, sin poder utilizar sus armas.

PROCESO DE DESTRUCCIÓN INSTITUCIONAL
Por todo lo dicho, desde un punto de vista científico debemos concluir que no es sorprendente que haya surgido un importante movimiento de desocupados en la Argentina. Este emergente se engarza con un proceso de destrucción institucional. La secuencia de fases allí estudiada incluye el colapso del poder militar, como un eslabón más del deterioro. La deslegitimación de la violencia represiva acompañó a este suceso.

Este fue un cambio cultural crucial para la comprensión de esta historia. A partir de ese momento el Estado quedó sumido en la impotencia frente a fenómenos como la usurpación de tierras y los cortes de ruta extorsivos. Si agregamos el cambio estructural producido en el mercado de militantes, caracterizado por el aumento sideral de la demanda de servicios de protesta para desocupados, algo parecido al movimiento piquetero debía forzosamente nacer en este país.

ESTADO PARASITARIO
Para el caso argentino, por lo tanto, no tiene vigencia el argumento sociológico que ha insistido «en el conjunto de dificultades, tanto de carácter objetivo como subjetivo, que atraviesa la acción de los desocupados y que impide que estos se conviertan en verdadero actor colectivo.» Se torna irrelevante la «problemática vinculada con el hecho de que los desocupados se hallan â€Ëœfuera’ de la estructura social y no ocupan por ello â€Ëœningún lugar’.» Ni es de importancia «la heterogeneidad de las bases y trayectorias sociales» de los desempleados. Lo que sí es de significación es que las crisis sucesivas condujeron primero a que la represión resultara intolerable aunque fuera legal y necesaria, y después a que los desocupados superaran a los trabajadores en el mercado de militantes. Así emergió el segmento proletario del Estado parasitario argentino, que es la contrapartida de los sectores parasitarios de su clase política, burguesía y burocracia. Si un Estado no puede o no quiere reprimir, y si sus desocupados se multiplican de a millones, supurará piqueteros o algo similar.

DONDE LA CONSTITUCIÓN ES UN ADORNO
La Constitución ya no tiene vigencia. Es un adorno. El cemento del país actual no es el de sus instituciones formales, que apenas ocultan el verdadero orden. Ya no vivimos en una república representativa, aunque el exótico sistema que nos supimos conseguir todavía pueda esconderse tras una fachada de legitimidad democrática. El poder real pertenece a una coalición de cabecillas que mandan sobre grandes bandas con jurisdicción territorial, y que mantiene vínculos informales complejos con policías, jueces, políticos y traficantes diversos. Los viejos «aparatos» partidarios se entretejen con las nuevas agrupaciones piqueteras, en parte autónomas pero también dependientes de prebendas que permiten manipularlas. La ficción de legalidad sirve para consolidar este orden extralegal. La justicia se blande para castigar los desafíos a esta ilegalidad informalmente instituida.