Por Zidane Zeraoui (para Safe Democracy)

Zidane Zeraoui cree que existe un riesgo de retroceso democrático al ceder ante las demostraciones callejeras (como la de los estudiantes en París y otros actos de protesta en el mundo), y permitir que grupos activos decidan por encima de las mayorías. Zeraoui señala en este sentido que es sumamente difícil decidir si miles de personas que desfilan en el asfalto representan la voz mayoritaria; pero es claramente obvio –añade– que cuando un pequeño puñado de personas detienen un proceso determinado, podría incurrirse en una clara violación de la ley, al ceder a la presión externa de la opinión pública, salteando los procesos legítimos. Los procesos democráticos –alerta– deben estar por encima de los intereses particulares.


Zidane Zeraoui es profesor de Relaciones Internacionales y coordinador de la Maestría en Estudios Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, México.

LOS FRANCESES (¿UN MILLÓN?) SALEN A LA CALLE para obligar al primer ministro Dominique de Villepin a dar marcha atrás a su propuesta de Contrato de Primer Empleo (CPE) aprobada con un “fast track” por la Asamblea Nacional del país galo.

En Monterrey, México, 10 vecinos del municipio conurbano de la capital provincial, hacen valla para detener la construcción de la prolongación de la línea 2 del metro de la ciudad.

En Estados Unidos, miles de manifestantes latinos inundan las calles de las principales urbes norteamericanas para forzar al Congreso a cambiar la ley aprobada en diciembre pasado que declara a los indocumentados –“ilegales” para el gobierno de Washington– delincuentes.

En la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1999, unos centenares de alumnos dirigidos por el “Mosh” (alumno de 35 años de la carrera de economía) y monopolizando las decisiones del Comité Estudiantil de Huelga, paralizaron durante 15 meses las actividades de la mayor casa de estudios del país y lograron hacer retroceder la rectoría en su decisión de reformar los estatutos universitarios.

OBLIGANDO A CAMBIAR DECISIONES
Aparentemente distintos en su tamaño y objetivo, los cuatro hechos tienen un punto en común: el uso de la calle para obligar a las autoridades a cambiar una decisión ya tomada. Si bien es cierto que es sumamente difícil dar una respuesta definitiva a estas acciones, es importante señalar que las manifestaciones buscan pasar por encima de la ley y forzar una decisión.

Cuando se trata de miles de ciudadanos que salen a la calle nos podemos preguntar: ¿es la voz de la mayoría o de una minoría activa?, pero cuando son un minúsculo grupo que interfiere con las actividades pública, es un claro ejemplo del uso de la calle –y sobre todo los medios de comunicación– para forzar la ley en detrimento de las mayorías.

SI LAS MINORÍAS DECIDEN
El riesgo de acceder a las demostraciones callejeras es caer en la ausencia de democracia y permitir que los grupos activos decidan por encima de las mayorías. Es sumamente difícil decidir si miles de personas que desfilan en el asfalto representan la voz de la mayoría, pero es claramente obvio que cuando un pequeño puñado de personas (UNAM o el caso del Metro) detienen un proceso, estamos ante una violación total de la ley y cediendo a la presión externa, por encima de los procesos legítimos.

El derecho de manifestar en las calles no puede ser eliminado, pero debe ser encauzado dentro de los límites del derecho de los demás. El respecto a ley y los procesos democráticos debe estar por encima de los intereses particulares. Si buscamos imponer nuestra ley por los medios callejeros podríamos terminar hundiendo a la propia democracia.