Gustavo Gamallo dice que después de una década con una agenda dominada por los asuntos de las reformas económicas, América Latina vuelve a poner en primer plano a la actividad política. Sin embargo, para Gamallo no es suficiente: hay que construir una ciudadanía activa, conciente y responsable que pueda participar en forma plural en el debate político y desplegar su potencia en la esfera pública.

Gustavo Gamallo es sociólogo especializado en políticas sociales. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y ha sido secretario ejecutivo de la Red Interamericana para la Democracia.

EL INFORME «LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA«, editado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene la virtud de colocar en el centro del debate el problema de la política en la construcción de sociedades democráticas.

Luego de una década con una agenda dominada por los asuntos de las reformas económicas y una argumentación tecnocrática –cuya operación era reducir las alternativas–, la puesta en primer plano de la actividad política debe considerarse como una contribución relevante.

DERECHOS POLÍTICOS Y SOCIALES
Basado en el concepto de ciudadanía de T. H. Mashall, el informe apunta que las democracias latinoamericanas se han limitado a la vigencia de los procedimientos electorales, esto es, asegurar el disfrute de la ciudadanía política, hecho extraordinario en perspectiva histórica. Sin embargo, han expresado una inferior capacidad para garantizar tanto los derechos civiles como los derechos sociales.

Si bien los atropellos que los regímenes militares desplegaron sobre la vida, la seguridad y los bienes materiales de las personas son acontecimientos del pasado, el incremento de la sensación de inseguridad civil y de impunidad, obstaculizan el surgimiento de aquello que la doctrina liberal entendió como la libertad del sujeto, esa esfera de protección individual inviolable a los poderes institucionales y fácticos.

LIMITACIONES HABITUALES
Por otro lado, la privación simbólica y material de amplios contingentes, que se manifiesta en fenómenos a gran escala como el desempleo, la pobreza y la falta de cobertura de los servicios básicos, indica el goce limitado de los derechos sociales. Respuestas habituales para atender esas faltas suelen ser el manejo discrecional de los recursos institucionales por parte de las autoridades políticas que limitan la autonomía de las personas.

La subsistencia de formas autoritarias y patrimonialistas en el ejercicio del poder político son contradictorias con las formas de una democracia fundada en el estado de Derecho, a la vez que no contribuyen a que la actividad política sea apropiada por la ciudadanía y su complejo asociativo (partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales, sindicatos, etc.).

¿GIRO A LA IZQUIERDA?
El continente se encuentra en un momento de cambio político notable. Gobiernos electos por amplias mayorías desconocen buena parte de las certezas que llevaron a muchas de nuestras naciones a emprender agresivas reformas económicas que, en general, profundizaron las condiciones de desigualdad. No obstante esas coincidencias, es difícil considerar un movimiento de carácter homogéneo: más correctamente, es posible asumirlo como un cambio de época, un cambio de paradigma resumido en la perezosa expresión de «giro a la izquierda», donde confluyen fuerzas políticas, estilos de gobierno, trayectorias y modos de intervención que difícilmente puedan cobijarse bajo un mismo ideario.

Algunas evidencias del proceso político regional parecen indicar que las deficiencias del componente civil y del componente social de la ciudadanía son polos en tensión. El camino discursivo –hacia la solución de los graves problemas sociales– corre el riesgo de avanzar sobre la potencial autonomía y la libertad de los individuos.

LA FELICIDAD DE LOS PUEBLOS
Si algo tiene de característico el actual debate sobre qué caracteriza a ciertas experiencias actuales como «populistas» o «neopopulistas» es precisamente esa construcción de sentido que sostiene que la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión es suficiente justificación para poner a la actividad política en manos unos pocos y suponer que las reglas institucionales son obstáculos de los poderosos para evitar la felicidad de los pueblos.

No es posible construir democracias sólidas sin fortalecer la capacidad de los ciudadanos en la producción de su propio destino, ni modo de asegurar la satisfacción de las necesidades colectivas sin la participación democrática de los interesados. Ninguna opción que se considere progresista puede descuidar la necesidad de construir una ciudadanía activa, conciente y responsable que pueda participar en forma plural en el debate político y desplegar su potencia en la esfera pública.