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¿Alternativa de integración?

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Por Maximiliano Borches (para Safe Democracy)

Maximiliano Borches explica cómo ha surgido la propuesta de integración política entre Venezuela y Cuba Alternativa Bolivariana para las Américas y el Caribe (ALBA) y por qué podría cobrar más fuerza con la incorporación de Bolivia. Borches cree que los distintos proyectos de integración existentes en América LatinaMERCOSUR, ALBA, TLC, Comunidad Andina de Países, y NAFTA, que integran Chile y México— comienzan a tomar un carácter ideológico en función de los gobiernos que van naciendo en la región.


Maximiliano Borches es periodista especializado en política internacional. Vive en Buenos Aires.

LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE (ALBA) nació hace apenas un año, con el acuerdo firmado entre Venezuela y Cuba. Este proyecto socio-económico tiene como finalidad la integración de los países latinoamericanos, en contraste a los postulados del Tratado de Libre Comercio (TLC), liderado por Estados Unidos.

Lo que en un principio parecía ser un proyecto propagandístico entre dos países que se necesitan mutuamente, ha tomado un nuevo empuje con la incorporación de Bolivia, país que ostenta las segundas reservas de gas de la región.

UN MAPA HETEROGÉNEO
El heterogéneo mapa político e ideológico de la América Latina del Siglo XXI comienza, quizás, a definirse con la incorporación de Bolivia a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), suscrita hace un año por los gobiernos de Cuba y Venezuela.

El ALBA nació como proyecto alternativo al estadounidense Tratado de Libre Comercio (TLC), que aspira a coordinar las economías locales bajo el Consenso de Washington de 1989.

De esta manera, los distintos proyectos de integración existentes en América Latina (MERCOSUR, ALBA, TLC y Comunidad Andina de Países, además de NAFTA que integran Chile y México) comienzan a tomar definitivamente un carácter ideológico que en lo sucesivo irán definiendo la estrategia mayoritaria de integración en la región.

LA IMPORTANCIA DE BOLIVIA
Bolivia posee reservas por 48,7 billones de pies cúbicos de gas, los segundos en importancia del continente después de los de Venezuela, que tiene el triple. Por lo tanto, con la amenaza de una crisis energética a nivel mundial –sobrevolada por la tensión que se vive con Irán y la contraofensiva de los distintos grupos que resisten la invasión estadounidense en Irak– la mirada estratégica de la economía mundial está puesta por estos días en las reservas energéticas que poseen algunos países.

Por esta razón, resulta importancia analizar este acuerdo, firmado por los dos principales países americanos en ostentar estas reservas. Y que aunque parezca algo extraño en estos momentos, en el mediano plazo podría erigirse como el principal acuerdo socio-económico de la región, según qué resultados electorales haya en Perú, Ecuador y Nicaragua, sumado a una posible revisión estratégica por parte de la Argentina y Brasil, principales socios del MERCOSUR, en beneficio de ALBA.

PROFUNDIZANDO EL CAMBIO
El gobierno presidido por el indigenista Evo Morales, continúa profundizando su cambio al anunciar mediante un decreto, la nacionalización de los hidrocarburos en su país, una promesa cumplida de su campaña electoral.

Este anuncio contempla que las empresas que en 2005 hayan producido volúmenes iguales a los 100 millones de pies cúbicos diarios, sólo se beneficiarán con el 18 por ciento de la producción, mientras que el resto irá a las arcas del Estado. Y quienes hayan producido menos, se mantendrán bajo el actual esquema, que consiste en el reconocimiento de regalías para el Estado del 18 por ciento y el pago de un Impuesto Directo a los Hidrocarburos (32 por ciento).

Si las distintas compañías que operan en Bolivia –la española Repsol YPF, la brasileña Petrobras, las británicas Bristish Gas y British Petroleum, la franco-belga Total Fina Elf, las estadounidenses Panamerican Energy y Exxon Mobil, la argentina Pluspetrol, la Canadian Energy y la coreana Dong Wong— no aceptan este nuevo esquema de negocios, deberán abandonar Bolivia en seis meses, según este decreto. ¿Lo harán? Lo dudo.