Javier Ortiz escribe sobre la deslocalización empresarial y dice que las grandes compañías huyen de la Europa del llamado Estado del bienestar no porque las exigencias de cobertura social conviertan sus negocios en ruinosos, sino porque en el Tercer Mundo pueden pagar salarios de miseria, imponer jornadas laborales extenuantes y tratar a los trabajadores como objetos de usar y tirar. Ortiz cree que para evitarse este maltrato debería instaurarse una legislación internacional que imponga unos derechos sociales mínimos; para lograr ese objetivo sería necesario que mandara más la OIT y no el FMI.

Javier Ortiz es columnista del diario El Mundo y comentarista político de la radio y la televisión públicas vascas. Ha sido subdirector de El Mundo y responsable de sus páginas de opinión. Ejerce de periodista desde los 18 años. Durante el franquismo padeció cárcel y exilio por razones políticas. Ha escrito en muy diversos medios españoles y extranjeros. Tiene publicados ocho libros.

ES NOTICIA UN DÍA SÍ Y OTRO TAMBIÉN: cada vez son más las grandes empresas que abandonan la Europa rica para afincar sus instalaciones sea en la Europa pobre, sea en el Magreb, sea en Asia. En países, en todo caso, en los que la mano de obra les sale a precio de saldo y que apenas les plantean exigencias de cobertura social de los trabajadores.

FUGA DE EMPRESAS
Buen ejemplo de este fenómeno que denominan deslocalización lo acabamos de tener en España con la fuga empresarial de Braun, empresa multinacional alemana propiedad de la estadounidense Gillette (compañía que, a su vez, pertenece a la también estadounidense Procter&Gamble).

La dirección de Braun ha justificado el cierre de su factoría en Cataluña, que supone la pérdida de unos 3.000 puestos de trabajo, alegando que ha sufrido una elevada pérdida de rentabilidad. Lo cierto es que, si bien había recortado su tasa de beneficios en los últimos años, ésta seguía siendo bastante elevada (casi seis millones de euros de ganancia neta en 2004).

BENEFICIOS EN EL TERCER MUNDO
Lo cual nos sitúa frente al problema de fondo, que tantos tratan de ocultar. Se dice que las grandes empresas huyen de la Europa del llamado Estado del bienestar porque las cargas salariales y las exigencias de cobertura social convierten sus negocios en ruinosos. Es radicalmente falso. Obtienen pingües beneficios. Sólo que muy inferiores, claro está, a los que pueden lograr en el Tercer Mundo o en la Europa del Este pagando salarios de miseria, imponiendo jornadas laborales extenuantes y tratando a los trabajadores como objetos de usar y tirar.

Estamos asistiendo a la instauración de un auténtico dumping social a gran escala. Las grandes empresas europeas que no se deslocalizan blanden la amenaza de hacerlo para conseguir que sus empleados renuncien a incrementos salariales razonables, acordes con los beneficios generados por su trabajo.

QUE MANDE LA OIT
Y los estados punteros de la Unión Europea se amparan en esa situación para conseguir que los grandes sindicatos acepten con resignación el recorte progresivo de las conquistas que la población trabajadora había logrado en materia de seguro de paro, de sanidad pública, de jubilaciones, etc.

¿Es inevitable este regreso a la economía manchesteriana, a la ley de la selva laboral, a la tendencia a igualar por abajo?

Teóricamente podría evitarse, instaurando una legislación internacional que prohíba la superexplotación de la mano de obra e imponga unos derechos sociales mínimos. Pero para lograr ese objetivo sería necesario que mandara más la OIT que el FMI.

Y no parece que vayamos camino de eso.