Miguel Huezo Mixco narra la historia de una masacre cometida por militares en los años ochenta en El Salvador y dice que durante ese período existió una política deliberada de exterminio contra la población civil (80 mil muertos), principalmente de campesinos a manos de las autoridades. Huezo Mixco cree que los aprendices de aquellos crímenes son hoy las pandillas y el crimen organizado, quienes inciden negativamente en la consolidación de la gobernabilidad democrática del país. Sepa a continuación por qué en la solución de este problema no está en juego solamente lo que los salvadoreños sean capaces de hacer hoy, sino también su (trágica) historia, expuesta por décadas a la banalización del crimen.

Miguel Huezo Mixco es escritor y ensayista salvadoreño. Ha publicado tres libros sobre temas culturales. Forma parte del Equipo editorial del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD El Salvador.

A LAS CINCO DE LA MAÑANA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1980, Dolores Soriano y Anita Rodríguez cruzaron el río Titihuapa, camino de la ciudad de Sensuntepeque, al norte de San Salvador, la capital. Tras pasar el vado se encontraron con una patrulla militar que las detuvo y obligó a regresar al río. Allí, en un arenal, bajo un almendro, fueron torturadas y violadas.

Felipe Alvarado se encontraba al otro lado del río, y escuchó los gritos y lamentos de las dos mujeres, y, luego, los cuatro disparos que les hicieron en la cabeza y el pecho. Ese fue sólo el comienzo de una cacería humana contra campesinos de la zona.

MASACRES CONTADAS POR LAS VÍCTIMAS
En Tejutepeque, en los contornos del cerro Albino, hay un árbol de naranjo bajo cuya sombra se encuentra una pequeña tumba con una cruz de cemento. Allí, envueltas en cobijas de lana sintética, se encontraron los cadáveres de María y Rita Iraheta. Ellas dos, además de otras tres personas encontradas en la misma fosa, fueron asesinadas el 24 de enero de 1980. Quien da testimonio de este hecho es un informe del juzgado de paz de Tejutepeque, que finaliza detallando que debido a la vigencia de la Ley de amnistía para la consolidación de la paz, decretada inmediatamente después de la firma de los Acuerdos de Paz (1992), no procede la investigación del caso.

Las historias aquí referidas están contenidas en el libro Masacres. Trazos de la historia salvadoreña contados por las víctimas (Centro Madeleine Lagadec, 2006), que documenta, mediante testimonios inéditos y actas judiciales, catorce asesinatos masivos ocurridos a lo largo de la década de los años 80 del siglo pasado.

POLÍTICA DELIBERADA DE EXTERMINIO
Desde luego, estos catorce casos no son todos los que ocurrieron a lo largo de la década que duró la guerra civil salvadoreña. La publicación no incluye las más conocidas matanzas, como la del río Sumpul o El Mozote, que llamaron la atención nacional y mundial sobre el hecho de que en ese periodo existió por parte de las autoridades salvadoreñas una política deliberada de exterminio contra la población civil, principalmente campesina.

Dicha política formó parte de la estrategia antiguerrillera, y estaba destinada a quitarle agua al pez, esto es, destruir las bases populares en los que se sustentaba el movimiento armado.

VIOLENCIA SIN FIN
Los cuerpos policiales, militares y paramilitares, asimismo, hicieron uso extendido del tormento. De hecho, dos ex ministros de Defensa salvadoreños han sido condenados por un tribunal norteamericano a pagar una millonaria indemnización a tres salvadoreños que fueron torturados por sus subalternos.

Los métodos y la saña empleadas por los protagonistas de aquellas matanzas hacen aparecer como verdaderos aprendices a los autores de los crímenes perpetrados en nuestros días por las pandillas y el crimen organizado. Es inevitable pensar que si aquellos crímenes hubieran tenido una fracción de la atención que hoy se otorga a los cometidos por la delincuencia, eso tal vez hubiera ayudado a impedir la peor carnicería de la historia salvadoreña, que dejó más de 80 mil muertos, decenas de miles de desplazados y millares de lisiados. Todo lo contrario, desde el Estado se hizo todo lo posible por ocultarlos y, peor, justificarlos.

La sociedad salvadoreña se encuentra asolada por una ola de violencia, delincuencia e inseguridad que no ha podido ser atajada por los planes de mano dura del gobierno. Los costos de esta violencia sobrepasan, según estimaciones del PNUD, los mil 700 millones de dólares: una cifra que duplica los presupuestos de los ministerios de Sanidad y Educación.

INGOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
Diversos analistas han venido expresando que esta violencia es un factor de riesgo que incide negativamente en la consolidación de la gobernabilidad democrática. En la solución de este problema no está en juego solamente lo que los salvadoreños sean capaces de hacer ahora, sino también su misma historia.

Se trata de una sociedad expuesta por décadas a la banalización del crimen. Aquellas matanzas y el manto de protección que se ha tendido sobre sus autores materiales e intelectuales, vinieron a fortalecer los patrones éticos y culturales, algunos de larga data, que han convertido a la salvadoreña en una de las sociedades más brutales y sanguinarias del hemisferio.

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