Fabián Bosoer dice que Argentina ha dado un importante paso hacia adelante en materia de Justicia y Derechos Humanos con la condena a cadena perpetua por delitos de genocidio –en un juicio oral y público– a Miguel Etchecolatz, ex alto jerarca policial de la última dictadura militar (1976-1983). Bosoer señala que se trata de un hecho jurídico sin precedentes y con implicancias internacionales, ya que supondría la posibilidad de llevar a los tribunales a miles de responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos. Pero sobre todo es un avance en el sentido que contribuye a crear la conciencia pública acerca de los horrores que pueden ocurrir cuando la democracia y el Estado de derecho son dejados de lado.

Fabián Bosoer es politólogo y periodista del diario Clarín. Es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano.

ARGENTINA, UN PAÍS QUE SUELE SER MOTIVO DE SORPRESAS, desconfianzas, perplejidades e incredulidades, acaba de ofrecerle al mundo una contribución importante en materia de Justicia y Derechos Humanos, con el juicio oral y público en el que un ex alto jerarca policial de la última dictadura militar ha sido condenado a cadena perpetua por delitos de genocidio.

Pocos podían imaginar que Miguel Etchecolatz, quien fue Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre marzo de 1976 y fines de 1977 –hoy un anciano de 77 años que evoca a los criminales de guerra nazis– fuera a pasar el resto de sus días en una de esas cárceles de las que fue amo y señor.

TERRORISMO DE ESTADO
Etchecolatz fue mano derecha del temible general Ramón Camps durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), autor de torturas, secuestros y homicidios como parte de las tareas de terrorismo de Estado. Durante ese período, la provincia de Buenos Aires concentró la mayoría de los detenidos-desaparecidos de Argentina en una cifra que ronda las cinco mil personas y fue allí donde funcionaron numerosos campos de detención clandestina bajo su órbita.

Juzgado tras la restauración de la democracia, merced a la política de Derechos Humanos del gobierno del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), Etchecolatz fue sentenciado en 1986 a 23 años de cárcel por la privación de la libertad y la desaparición de personas. Pero como consecuencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas durante ese mismo gobierno, fue liberado.

El delito de supresión de identidad, no contemplado por esas leyes, llevó a que se le juzgara y condenara igualmente por la apropiación y supresión de identidad de la hija de una pareja de desaparecidos. Por su estado de salud, se le aplicó el beneficio del arresto domiciliario, lo que provocó el rechazo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que exigió que cumpliese prisión efectiva.

En junio de 2006, finalmente, se le revocó el privilegio, al constatarse que poseía un arma de fuego en su domicilio.

DEROGACIÓN DEL PUNTO FINAL Y LA OBEDIENCIA DEBIDA
Etchecolatz es el primer funcionario de la dictadura que se lleva a juicio después de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impulsada por el actual gobierno del presidente Néstor Kirchner hace dos años. Debió responder en este caso por la muerte de Diana Teruggi, en un operativo realizado en 1976 en el cual el Grupo de Tareas de Etchecolatz bombardeó durante horas la casa de la víctima, donde funcionaba una imprenta del grupo armado Montoneros, arrasándola por completo y matando a los ocupantes con una bomba de fósforo, además de la privación ilegal de libertad, torturas y homicidio de Patricia Dell’Orto, Ambrosio de Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado, y secuestros y tortura a Jorge López y Nilda Eloy, que sobrevivieron.

PRECEDENTE JURÍDICO
El 19 de septiembre fue hallado culpable de los cargos mencionados, y condenado a prisión perpetua que deberá cumplir en una cárcel común. La sentencia del Tribunal Oral Federal de la ciudad de La Plata reconoce por primera vez que la dictadura militar que rigió Argentina entre 1976 y 1983 cometió el delito de genocidio.

Se trata de un precedente jurídico con implicancias internacionales, en tanto supone la posibilidad de llevar a los tribunales a miles de responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos que se consideraban protegidos por leyes de amnistía o por el simple carácter no judiciable de los delitos cometidos.

Estos juicios permiten además crear una conciencia pública acerca de los horrores que pueden ocurrir cuando la democracia y el Estado de derecho son dejados de lado.

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