La necesidad de establecer un proyecto de futuro consensuado

Pedro Pérez Herrero analiza la situación de crispación política y de deterioro de la vida institucional en México desde una perspectiva histórica y dice que para promover el desarrollo económico y perfeccionar el Estado de derecho se precisa madurez. Pérez Herrero cree que la corrupción e ingobernabilidad se han extendido y la tensión política ha aumentado considerablemente, como lo ha demostrado el enfrentamiento Calderón Hinojosa–López Obrador. Sepa a continuación cuál es la clave para forjar un proyecto de futuro consensuado entre los distintos actores sociales y políticos de México.

Pedro Pérez Herrero es Doctor en Historia por El Colegio de México (México) y catedrático de la Universidad de Alcalá. Es miembro de la Academia Mexicana de la Historia y director del Programa Oficial de Postgrado (Master y Doctorado) «América Latina contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea: una cooperación estratégica» ofrecido por la Universidad de Alcalá y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Es experto en América Latina y autor de numerosas publicaciones sobre la historia y la realidad actual de la región.

LA HISTORIA DE MÉXICO DURANTE EL SIGLO XX muestra, como cualquier país, una sucesión de avances y retrocesos.

Tras los hechos violentos de la revolución de 1910 y una vez que se volvió a restablecer el orden interno en 1929, el PNR (Partido Nacional Revolucionario desde 1929), el PRM (Partido de la Revolución Mexicana desde 1938), y el PRI (Partido Revolucionario Institucional desde 1946) convocó a elecciones regularmente cada seis años, y fueron capaces de evitar la dictadura militar, pero a cambio quedó en suspenso la transparencia electoral y se aplazó sine die la alternancia política.

CÁRDENAS Y SALINAS DE GORTARI
Las elecciones de 1988 fueron complicadas. Los primeros resultados mostraban una ventaja de Cuauhtémoc Cárdenas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sin embargo, poco después se anunció que los resultados electorales no podrían ser entregados inmediatamente debido a una caída del sistema de cómputo.

Finalmente, se le otorgó el triunfo a Carlos Salinas de Gortari (PRI), por lo que Cuauhtémoc Cárdenas y el resto de la oposición desconocieron este resultado y demandaron la anulación de las elecciones a través de manifestaciones que no pudieron impedir que Salinas fuera declarado presidente por la Cámara de Diputados.

NUEVOS GOBIERNOS; MISMA SITUACIÓN
Carlos Salinas de Gortari impulsó un programa neoliberal que logró incuestionables avances económicos –apertura comercial, desregulación económica, reducción del déficit, control de la inflación, disminución de la deuda externa, tasas de crecimiento elevadas–, quedando aplazadas algunas importantes reformas políticas.

Los sucesos trágicos de 1994 –la rebelión armada en Chiapas, la violencia electoral, las marchas y protestas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio (candidato a la presidencia por parte del PRI, el error de diciembre que provocó una nueva crisis económica etc.– fueron buena prueba de los cuellos de botella a los que se llegó.

ZEDILLO Y FOX
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) lideró una alternancia política pacífica en 2000, tras garantizar la transparencia y la competencia electoral y permitir las alianzas políticas.

Finalmente, cuando todo parecía caminar adecuadamente, se presentaron algunos problemas.

Durante el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) el crecimiento económico y el fortalecimiento de la democracia no se retroalimentaron convenientemente; el consenso político no se alcanzó por partirse de la interpretación de que el diálogo y el pacto político representaban un fracaso; la distribución del ingreso no mejoró; las movilizaciones sociales se multiplicaron; el disenso y la polarización impidieron el buen funcionamiento de las instituciones, retrasando el desarrollo económico; la izquierda no se reformó; la justicia se politizó y la política y las elecciones se judicializaron en exceso; la defensa de los derechos humanos se ideologizó; la corrupción y la ingobernabilidad se extendieron –la situación del estado de Oaxaca es un botón de muestra–; la violencia, la inseguridad y el narcotráfico se cronificaron; y la tensión política alcanzó límites inimaginables.

SU CARISMA NO FUE SUFICIENTE
Mientras tanto, la influencia de ciertos líderes carismáticos adquirió un protagonismo excesivo. El no reconocimiento del triunfo de Felipe Calderón Hinojosa por parte de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones del 2 de julio de 2006 y la autoproclamación del segundo como presidente legítimo del pueblo mexicano reflejan la situación de crispación política y de deterioro de la vida institucional (en septiembre de 2006 AMLO afirmó públicamente al diablo con las instituciones).

Para algunos analistas, esta situación de comienzos del siglo XXI es coyuntural y por tanto reversible en el corto plazo tras la aplicación de ciertas medidas correctoras.

Muchos interpretan que la causa de muchos de los males radica en una Presidencia de la República débil, incapaz de garantizar el orden interno. Otros defienden la necesidad de instaurar un régimen parlamentario.

INCLUSIÓN Y CONSENSO
Los historiadores interpretamos que dado que existen dinámicas de largo plazo, las posibles soluciones son más complejas y desde luego menos inmediatas.

Los datos existentes ponen de manifiesto que la apertura externa y la desregulación han sido variables necesarias pero no suficientes para promover el desarrollo económico; que el consenso político y el transparente funcionamiento de las instituciones son variables esenciales para el buen desempeño de la economía; que para perfeccionar el Estado de derecho es necesaria la participación de todos los actores políticos y sociales y crear un clima de diálogo que permita los pactos y evite la presencia de vencedores absolutos o vencidos; que es esencial la existencia de una ciudadanía madura, dispuesta a pelear por sus derechos a cambio de comprometerse a cumplir con sus obligaciones; y que los derechos civiles no se expanden intercambiando derechos sociales por votos (aún en el contexto de elecciones transparentes).

El estudio de la historia nos enseña que el reparto de favores y privilegios puede, en el corto plazo, ayudar a conseguir el orden interno rebajando la tensión social, pero a cambio consolida en el largo plazo las relaciones de vasallaje, dificultando el funcionamiento institucional del Estado de derecho. La solución de los problemas presentes no debe hipotecar el futuro y la apuesta por los proyectos de largo plazo no tiene que significar que los primeros queden irresueltos.

La clave está en encontrar una sabia combinación entre las medidas de corto, medio y largo plazo, pero ello sólo se logrará si se establece un proyecto de futuro consensuado entre todos los actores sociales y políticos que evite la exclusión o imposición de cualquiera de las partes.

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