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Oaxaca: ¿democracia o anarquía?

Qué hay detrás de las protestas en México [1]

Por Zidane Zeraoui (para Safe Democracy)

Zidane Zeraoui explica por qué el conflicto en Oaxaca no tiene que ver con la defensa del indigenismo ni con la lucha de los maestros, sino que se trata de una disputa por el poder entre la sección 22 del sindicato independiente del magisterio y el gobierno estatal. En el escenario actual mexicano de crisis de legitimidad –que se suscitó a raíz de las elecciones presidenciales de julio pasado–, la exigencia sindical fue más allá de la simple reivindicación; buscó desestabilizar una región muy pobre de gran presencia izquierdista. Zeraoui cree que la decisión tomada por Vicente Fox no solamente es legítima, sino que incluso fue llevada a cabo mucho más tarde de lo debido.


[2] Zidane Zeraoui es profesor de Relaciones Internacionales y coordinador de la Maestría en Estudios Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, México.

EL CONFLICTO DE OAXACA, que se inició a finales de mayo, ha entrado en una fase crítica desde que el gobierno federal decidió enviar a la Policía Federal Preventiva (PFP) para detener la ola de violencia que acaparó la capital de unos de los estados más pobres de México.

Unos días antes el presidente, Vicente Fox Quesada, reiteraba su decisión de respetar la democracia y de no intervenir en los asuntos internos de los Estados. Sin embargo, debido a la magnitud del movimiento y a las críticas de varios sectores, en particular el turístico, no quedó otra opción que el uso de la fuerza para desalojar a los manifestantes de sus barricadas. La decisión de Fox suscitó rápidamente críticas de ONGs e incluso de Naciones Unidas por el uso de fuerza desproporcionado. Mientras el gobierno no reaccionaba frente a la crisis oaxaqueña, los sectores afectados le reprochaban su parálisis y hoy se le reprocha su intervencionismo.

[3] LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
En la prensa internacional, varios articulistas tomaron la defensa de la llamada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y condenaron las acciones del gobierno mexicano. Si bien es cierto que en un principio se apostó por la solución negociada, pronto quedó claro que el movimiento oaxaqueño no buscaba el diálogo sino la imposición de su exigencia de la renuncia inmediata del gobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz. En realidad, a pesar de que muchos sectores defienden a la APPO, tanto en el ámbito nacional –manifestaciones en la Ciudad de México–, como en el estudiantil y el internacional por representar a los indígenas, pocos se han cuestionado sobre el origen real del problema.

No se trata ni de un movimiento indígena, ni de democracia, sino de la lucha por el poder entre la sección 22 del sindicato independiente del magisterio y del gobierno estatal. Tradicionalmente, en la revisión del contrato colectivo que se efectúa anualmente a finales de mayo, los gobiernos estatales –para evitar problemas con el sindicato– optaban por ceder un espacio de poder a los líderes gremiales que han logrado imponerse a los secretarios de educación del estado. En la coyuntura actual de crisis de legitimidad –que se suscitó a raíz de las elecciones de julio pasado–, la exigencia sindical fue más allá de la simple reivindicación que, con el apoyo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), buscaba desestabilizar una región de gran presencia izquierdista.

[4] UNA DECISIÓN LEGÍTIMA
La huelga que los líderes del sindicato estatal decidieron iniciar en mayo pasado, tiene poco que ver con los intereses magisteriales o del indigenismo, y mucho con el charrismo sindical que está perdiendo un espacio. En esta dinámica de crisis nacional, el nacimiento de la APPO y la demanda de la renuncia del gobernador, fueron procesos mecánicos que se unieron a la huelga sindical y a la manipulación del partido del sol azteca (PRD).

Así, la problemática de Oaxaca, lejos de representar un avance democrático, se inscribe claramente dentro de las pugnas entre viejos sectores que buscan ampliar su espacio de poder. Sin embargo, la anarquía en la cual cayó el Estado, con los bloqueos y la quema de vehículos, no dejaba un margen amplio para el Gobierno Federal: dejar empeorar la situación estatal cuando se presentan serios problemas para el relevo presidencial o tomar una decisión categórica de enviar a la policía federal para evitar mayores saqueos.

La decisión tomada por la presidencia de la República no solamente es legítima, sino que incluso fue llevada a cabo mucho más tarde de lo debido.

No debe confundir democracia con anarquía para imponer lo que legal y legítimamente no se logró en el democrático proceso electoral.

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