Argentina inculpa a Irán por el atentado a la AMIA en Buenos Aires

Por Beatriz Gurevich (para Safe Democracy)

Beatriz Gurevich explica por qué el cambio de responsables de la investigación judicial de la causa AMIA –el atentado contra la sede de la comunidad judía de Argentina, en 1994, con casi un centenar de muertos y decenas de heridos– ha abierto la posibilidad de que se investigue seriamente y se haga Justicia. Gurevich repasa a continuación el proceso que va desde los atentados de 1994 y la década del encubrimiento hasta el reciente involucramiento y pedido de captura internacional por parte de la justicia argentina al ex presidente iraní Hashemi Rafsanjani y a otros altos funcionarios, supuestamente involucrados en los ataques en Buenos Aires. ¿Punto final a la impunidad?


Beatriz B. Gurevich es socióloga y vice-directora del Centro de Estudios Internacionales y Educación para la Globalización de la Universidad del CEMA (Buenos Aires) y co-directora de “Iberoamérica y el mundo”. Es miembro del Comite Academico Asesor del HB Institute de la Brandeis University en Boston.

EL 16 DE JULIO DE 1994, a las 9.45 de la mañana un estrepitoso estallido conmovió los cimientos en el centro de Buenos Aires. Esta vez, el terrorismo fundamentalista eligió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la institución más antigua (1889) y representativa de la comunidad judía de Argentina.

El edificio albergaba a otras seis instituciones comunitarias de distinta índole. Casi un centenar de muertos y decenas de heridos. La devastación producida por el acto terrorista fue de tal magnitud que afectó la estructura de los edificios próximos.

UN PASO ADELANTE CON KIRCHNER
Cientos de personas visitaban a diario el edificio de AMIA atraídas por la bolsa de empleo o en busca de asistencia social. Concurrían también a la biblioteca del IWO (uno de los espacios en Yidish más importantes del mundo), a la Central Pedagógica o recurrían a la DAIA (la representación política de la comunidad judía de Argentina) para denunciar actos de discriminación.

Doce años han transcurrido desde el atentado contra la AMIA. A diferencia de la seriedad de las investigaciones que se llevaron a cabo en Estados Unidos (a causa de los atentados del 11 de septiembre de 2001) y en España (después de los atentados del 11 de marzo de 2004), los responsables por la preparación y la ejecución de semejante delito criminal en Argentina siguen libres. Recién después de la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación la investigación cobró nuevo vigor y mayor rigurosidad.

EL GOBIERNO DE MENEM Y LA VERSIÓN OFICIAL
La masacre de AMIA tuvo como antecedente las bombas a la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992. En aquel momento, las evidencias contra la organización Hezbolá fueron bastante fuertes. Pero poco se investigó al respecto y nada cierto se sabe hasta el momento, excepto que también hubo responsables locales, como lo muestra el hecho de que la Policía Federal, a cargo de la custodia de la Embajada, liberó la zona para que el acto terrorista se pudiera cometer sin interferencias.

Este mismo mecanismo se implementó cuando se produjo el segundo atentado en Buenos Aires, esta vez contra la AMIA.

Ambos hechos tuvieron lugar durante la presidencia de Carlos Menem, en un escenario de alta corrupción gubernamental. Ello condujo a un debilitamiento tan importante de las instituciones, que la impunidad quedó garantizada.

Este fue el contexto en el que se construyo una versión oficial del atentado contra la AMIA, con el propósito de evitar que la investigación judicial pudiera afectar a lo más alto del Poder Ejecutivo. Las hipótesis que se han barajado para explicar la decisión de desviar la investigación judicial giran en torno a la ruptura de pactos preelectorales, por parte de Carlos Menem, con los gobiernos de países que contribuyeron a su campaña política.

INMUNIDAD POR IMPUNIDAD
Tras el atentado de la AMIA, Irán siempre estuvo en la mira, se mandaron exhortos pidiendo la captura de funcionarios maníes, casi como pro forma, sin el sustento probatorio correspondiente. A su vez, nunca se investigó la pista siria, aunque en un primer momento la inteligencia estadounidense (CIA) señaló a ese país, pero luego lo dejo de lado. Ni si quiera se tomó en cuenta que Irán y Siria actúan articuladamente en apoyo al terrorismo de los grupos islamistas, como el caso de Hezbolá. Irán provee los recursos financieros y las armas, y Siria el apoyo técnico.

A lo largo de la segunda mitad de los noventa, y después, el Ministerio de Asuntos Exteriores (Cancillería) de Argentina abonó el criterio de cambiar inmunidad por impunidad con Irán, so pretexto de evitar un tercer atentado. No obstante, se siguieron manteniendo relaciones diplomáticas con Irán, aunque en el nivel mas bajo.

Contemporáneamente, el juez a cargo de la investigación, Juan José Galeano, puso en prisión a más de 20 personas presuntamente responsables de participar en la ejecución del atentado contra AMIA, entre ellos a un grupo de oficiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Durante el juicio oral todos los inculpados por Galeano quedaron libres de culpa, aunque algunos de ellos son responsables por otro tipo de delitos.

El Tribunal Oral Número 3 probó que Galeano le pagó 400.000 dólares a uno de los inculpados para que declarase de acuerdo con sus directivas. Ello permitió sostener durante mas de una década la versión oficial sobre los responsables del atentado. Finalmente, Juan José Galeano fue sometido a juicio político y se lo apartó de la causa AMIA cuando se probó que había actuado por afuera del ordenamiento legal para sostener las hipótesis falsas que sirvieron de sustento para la construcción del a versión oficial del atentado.

UNA DÉCADA DE ENCUBRIMIENTO
Cuando la actual ministra de Defensa, Nilda Garre, estaba a cargo de la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia (2001), rememoró públicamente entre otros temas que el Testigo “C” había acusado al ex presidente Carlos Menem de pagar para que se encubriera la responsabilidad de Irán. Ese mismo testigo señaló que Imad Fayez Mugniyah –uno de los 20 terroristas mas buscados en el mundo– fue uno de los máximos responsables por el ataque.

Por estas declaraciones hechas durante el Gobierno de Fernando de la Rúa, Nilda Garre se vio obligada a renunciar, acusada de haber perjudicado la investigación con sus declaraciones, cuando los mismos datos habían sido publicados un año antes.

Solo después de la intervención del Tribunal Oral Federal Número 3 se aclara por qué debió renunciar Nilda Garre y por qué se relegaron las declaraciones del Testigo “C”, a pesar de su gran importancia dado que aportan precisiones sobre la presunta intervención de Irán en la preparación en el atentado y sobre la sospecha de que Menem pagó para que no se involucrase a Irán.

PROPUESTA Y REACCIÓN DE IRÁN
Frente a la suma de irregularidades sostenidas por los sucesivos gobiernos argentinos por más de una década, no sorprende el contenido ni el tenor del non paper entregado por el gobierno de Irán, a través de Mohsen Baharvand, el 18 de septiembre de 2005, cuando quedó claro que el Gobierno de Néstor Kirchner encaraba la investigación del atentado seriamente.

El primer punto de esta especie de acta es congruente con el criterio de cambiar inmunidad por impunidad, sustentado durante más de una década por las autoridades argentinas.

Irán demanda que se eliminen las acusaciones contra ciudadanos iraníes en la causa AMIA. Además, otro de los siete puntos del non paper consigna que la parte argentina (…) revocará cualquier orden de arresto librada por el juez a cargo de la investigación contra los ciudadanos de la Republica Islámica de Irán.

Semejante propuesta es moralmente inaceptable, además de agraviante para el gobierno y la Nación destinataria.

Irán exige que a priori, se revoquen, sin investigar todos los cargos que comprometen a ciudadanos de esa nacionalidad, aún cuando existan evidencias en su contra. Seguramente, Irán no sospechó que el non paper que envió al Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina tomaría estado público.

Pero la destitución de Galeano en agosto de 2005, como resultado del juicio político, significó dos cosas opuestas para Irán: por un lado, la posibilidad de utilizar el descrédito de Galeano para descalificar la totalidad de su investigación y tratar de eliminar los cargos existentes contra ciudadanos iraníes, tal como se solicita en el non paper enviado en septiembre de 2005. Por otro lado, el cambio de responsable por la investigación judicial abrió la posibilidad de que se investigue seriamente y de que llegue el fin de la impunidad.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO ARGENTINO
El fiscal Alberto Nisman, a cargo de la causa AMIA después de la destitución del juez Galeano, responsabilizó recientemente a altos funcionarios del Gobierno de Irán por la preparación del atentado contra AMIA y se comprometió a presentar los exhortos debidamente sustentados y a pedir su captura.

La reacción del Gobierno de Irán ante el develamiento de su auto incriminante propuesta fue amenazar al Gobierno argentino; tanto si pide la captura de algún ciudadano iraní cuanto si no los excluye de toda responsabilidad, como lo propone el non paper.

Ante semejante ignominia, el Gobierno de Néstor Kirchner respondió a través del ministro de Exteriores Jorge Taiana afirmando que pedirá la extradición de los ciudadanos iraníes que puedan estar implicados en el atentado contra la AMIA, en tanto el juez Canicoba Corral corrobore que la fundamentación de la fiscalía es consistente.

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