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Casos de corrupción en un país modelo

Chile, sacudido por las irregularidades
[1]

Por Carlos Jorquera (para Safe Democracy)

Carlos Jorquera A. explica por qué el tema de la corrupción cruza actualmente el espectro político chileno, el país menos corrupto de América Latina y vigésimo en el mundo junto a Estados Unidos, según Transparencia Internacional [2]. Jorquera A. cree que la indignación que sienten los políticos no involucrados en estos temas huele a hipocresía, dado que estas prácticas han sido las conductas habituales en Chile, admitidas y alentadas por quienes intervienen en el sistema político. Conozca a continuación los hechos que encolerizan a la sociedad de un país que es modelo para América Latina.


Carlos Jorquera A. es profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad Finis Terrae y en la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile.

EL TEMA DE LA CORRUPCIÓN ES EL DEBATE que cruza actualmente el espectro político chileno. El país menos corrupto de América Latina y vigésimo en el mundo junto a Estados Unidos –según Transparencia Internacional [2]–, está sumido en una serie de denuncias, algunas de fuerte carácter mediático, que ponen en tela de juicio la tarea de los funcionarios públicos y echan una sombra de dudas sobre el sistema de administración del Estado en general.

[3] A mediados de octubre, se descubrió una serie de irregularidades en Chiledeportes, una institución con rango de subsecretaría (un cuasi Ministerio) que debe fomentar el deporte y la recreación. La Contraloría detectó que algunas asignaciones directas de recursos para actividades deportivas jamás llegaron a los destinatarios que aparecían recibiéndolas. La irritación del público aumentó cuando salió a la luz una comunicación interna del organismo cuestionado, la cual era nada menos que una lista de parlamentarios –y algunos de sus familiares– pertenecientes al Partido por la Democracia (PPD), integrante de la coalición gobernante, al lado de cuyos nombres figuraba una cantidad de dinero asignada.

[4] LEALTADES PELIGROSAS
Las explicaciones del autor de dicha lista, un llamado operador político, cuyo puesto en la administración estatal depende de su afiliación partidaria, fueron que tenía un presupuesto que gastar y que como él pertenecía al PPD, no le quedaba más que pensar como PPD y que por esa razón confeccionó el listado. Es decir, las fidelidades en este caso claramente están con los correligionarios políticos, y no con los ciudadanos, como debiera ocurrir con cualquier funcionario que desempeña una función pública.

Pero los hechos no terminan allí. A la natural indignación por estas prácticas, que son investigadas por la Justicia, se sumó un terremoto dentro del partido, causado por el impacto de las anteriores denuncias. El senador Guido Girardi –un joven político con una gran proyección y quien aparecía en el listado de Chiledeportes— fue acusado de pagarle a una empresa fantasma (Publicam) para cuadrar la rendición de gastos de su campaña senatorial. Fue acusado también de presionar a algunas personas de su partido para que declararan haber cumplido con trabajos no realizados por los que se habían emitido facturas. A pesar de todo, Girardi admite el primer hecho, pero niega el segundo. Señala que haber intentado cuadrar gastos informales que no se podían justificar pidiéndole una factura a Publicam es una irregularidad, y no un delito, y que él no sabía que ésta era sólo una fachada.

PRESUNTOS IMPLICADOS
En cualquier caso, esta empresa de papel parece haber timado también al mismo Servicio de Impuestos Internos, entidad que le timbró una enorme cantidad de facturas, y cuyo director sospecha de alguna intervención al interior del propio organismo.

[5] El suceso ha salpicado a Sebastián Piñera –un magnate con una fortuna superior a los mil millones de dólares y que fuera candidato presidencial en las recientes elecciones– y a la ex diputada Lily Pérez, ambos de Renovación Nacional, partido de derecha opositor al gobierno de Michelle Bachelet. Estos han salido un poco mejor parados que Girardi, porque aseguran haber pagado por trabajos de campaña efectivamente realizados por Publicam, con lo que surge la duda de cómo una empresa inexistente puede prestar servicios y cobrar por ellos.

Guido Girardi ha reclamado en todos los tonos que es víctima de una persecución, que se siente escaneado hasta el último centímetro, cosa que no sucede con el resto de los personajes cuestionados por su relación con la empresa fantasma. En parte, sus argumentos se basan en que siente que le están pasando factura, pues ha sido un crítico implacable de las instituciones privadas que se hicieron cargo de la salud y de la previsión de los chilenos y que fueron creadas durante el régimen militar.

LA CRISIS INSTITUCIONAL DEL PPD
Lo anterior queda en el nivel de las suposiciones, pues Girardi carece de pruebas para afirmar el nexo entre ambas situaciones, y sólo puede mencionar a los poderes fácticos, especie de máquina conspirativa que actúa en las sombras y de la que sólo es posible hablar elusivamente.

[6] Para crispar aún más las cosas, el senador Fernando Flores, uno de los intelectuales más potentes del PPD, emitió duras declaraciones por la relación entre las irregularidades de Chiledeportes y el senador Girardi, y criticó la supuesta defensa corporativa que la directiva del PPD estaba haciendo de éste. Dijo que él no había regresado a Chile para ser integrante de una pandilla y suspendió hasta nuevo aviso su militancia en el partido.

Luego de ser exiliado por la dictadura como uno de los más jóvenes economistas que colaboraron con el Presidente Allende, descubrió en Estados Unidos el management y la filosofía; es más un gurú de la innovación y la tecnología, que un político a la manera tradicional. Por eso, su indignación ética frente a estos hechos ha sido acremente criticada por el cuadro directivo. Sergio Bitar, su presidente, dijo que no abandonaría las filas de su colectividad en este momento crucial, comparando tácitamente su actitud con la de Flores.

ESCEPTICISMO
Otros frentes de corrupción se han abierto en el país. Una representante del Ministerio de Educación en Temuco, una región del sur del país, usó, al parecer, recursos públicos para actividades privadas, y se investigan posibles ilícitos en la subsecretaría de Pesca.

[7] Ante este escenario, que la derecha ha elevado a la categoría de lo único existente en el acontecer nacional, mientras que ha disminuido a cero la importancia de otros, la Presidenta Bachelet ha sido tajante en decir que seguirán las investigaciones y que se castigará a los responsables caiga quien caiga. Sin embargo, este rasgar de vestiduras ya se ha hecho tan recurrente que comienza a carecer de su fuerza redentora para ser mirado con escepticismo por los distintos actores. Sin ir más lejos, Aylwin, Frei y Lagos tuvieron frases memorables para atacar la corruptela de las instituciones nacionales. No obstante, el fenómeno vuelve a destilar su ponzoña y sirve para activar los jugos gástricos de quienes piensan tener una especie de superioridad moral en este terreno.

El problema de la corrupción en un país como Chile tiene algunas peculiaridades: los chilenos saben cuándo se encuentran frente a un delito puro y duro, y saben que éste debe ser perseguido y castigado, como dice la Presidenta. No obstante, persiste un cierto comportamiento acomodaticio frente a los renuncios que impone la ética y que se expresa en muchas conductas socialmente aceptadas que no son, stricto sensu, transgresiones de la ley, pero que sí vulneran los principios y los equilibrios sociales.

HIPOCRESÍA
Chile es un país donde los criterios de transparencia de las democracias modernas chocan con las prácticas ancestrales del clientelismo, del nepotismo y de las redes de amigos y familiares, tanto en el ámbito público como privado. Por eso, la indignación que dicen sentir aquellos que no están siendo apuntados por los dedos acusadores de la coyuntura huele a hipocresía, pues estas prácticas han sido parte consustancial de las conductas habituales, admitidas y alentadas por quienes intervienen en el sistema político.

Lo que parece ser cierto en todo esto, es que mientras más se expongan estas conductas al escrutinio de los ciudadanos, más conciencia habrá de las sutiles líneas que separan lo lícito de lo derechamente ilícito y lo legítimo de lo ilegítimo. En definitiva, los chilenos aprenderemos cuál es la diferencia que existe entre la ley y la moral. Un país maduro no debiera apartarse de este camino, a pesar de los obstáculos que cada cierto tiempo se instalan en el horizonte y que nos hacen dudar de si estamos haciendo lo correcto.

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