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Argentina y la justicia retroactiva

Sin impunidad para los crímenes de lesa humanidad
[1]

Por Fabián Bosoer (para Safe Democracy)

Fabián Bosoer defiende la aplicación de la Justicia retroactiva para los casos de violaciones a los derechos humanos, a 31 años del último golpe de Estado en Argentina. Y explica a continuación por qué la Justicia retroactiva, lejos de representar un regreso al pasado, salda una deuda con el presente y brinda un sustento más sólido a los valores democráticos. Bosoer cree que esta nueva construcción jurídica de la defensa y protección de los derechos humanos es un ejemplo también para otros países que están buscando reparar esas heridas abiertas.


[2] Fabián Bosoer es politólogo y periodista del diario Clarín. Es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano.

EN SU GRAN LIBRO Juicio al mal absoluto, recordaba el filósofo y jurista Carlos Nino que al estudiar la historia del derecho penal aplicado a las violaciones masivas a los derechos humanos, lo que vemos generalmente son amnistías o indultos, un ominoso silencio y la ausencia de acusaciones y sanciones formales. A lo sumo, juicios y castigos a la gente equivocada; o a la gente correcta, pero por los actos equivocados. En algunas ocasiones, oficiales de rango inferior que ejecutaron atrocidades fueron usados como chivos expiatorios mientras los jefes que dieron las órdenes quedaban impunes. En algunas otras ocasiones, los líderes fueron acusados pero por hechos de mucha menor importancia que aquellos por los cuales existía una demanda de justicia.

Esta decisión se vuelve especialmente complicada en tiempos de transiciones democráticas como las ocurridas en los años setenta en Europa del Sur (España, Portugal y Grecia), en los años ochenta en América latina y en los noventa en Europa del Este.

NUNCA MÁS
Nino, cabe remarcar, fue una destacada figura en la elaboración e implementación de la política de derechos humanos que permitió en los años ochenta empezar a recorrer el camino de una justicia retroactiva en el Cono Sur latinoamericano. Otro libro recientemente editado en español, Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica, de Jon Elster, aborda muy bien el tema.

El caso de Argentina permitió abrir un nuevo abordaje a partir de la recuperación democrática iniciada en 1983 con la presidencia de Raúl Alfonsín: el informe Nunca Más [3] y la actuación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas [4] (CONADEP) fijaron precedentes extraordinarios, el Juicio a las Juntas Militares colocó otro hito fundamental en un camino que llega hasta nuestros días con la condena por genocidio del comisario Miguel Etchecolatz, ex subjefe de la temible policía bonaerense, en septiembre pasado, y la reciente cadena perpetua para el ex marino Alfredo Astiz y otros cuatro ex altos jefes de la Armada argentina dictada por el Tribunal Penal de Roma, por la desaparición de ciudadanos italianos en Argentina durante la última dictadura.

CERRAR DOLOROSOS CAPÍTULOS
Cabe destacar esta nueva construcción jurídica de la defensa y protección de los derechos humanos, más allá de los debates y controversias sobre la memoria y los modos diversos de reconstruir y reinterpretar el pasado.

Mas allá, también, de las marchas y contramarchas en el establecimiento de sanciones penales para los responsables y ejecutores de la violencia que ensangrentó a los países latinoamericanos, al amparo o con los instrumentos del Estado (tema de especial actualidad en Colombia, por ejemplo).

La actuación de los jueces permite arribar a estas sentencias y permite, también, cerrar capítulos que permanecen dolorosamente abiertos. Quienes dieron órdenes atroces y aberrantes pagan sus culpas y también quienes se ampararon en ellas para cometer crímenes y latrocinios.

31 AÑOS DESPUÉS
Se cumplen 31 años del último golpe de Estado en Argentina; el último golpe militar que desalojó a un gobierno civil en América latina e instaló una dictadura. Tres décadas más tarde, hay 253 detenidos por delitos de lesa humanidad; desde los más altos niveles de responsabilidad, como el ex dictador Jorge Rafael Videla y el general Luciano Benjamín Menéndez, hasta sus ejecutores directos, como es el caso de Astiz y Etchecolatz.

La justicia retroactiva, lejos de representar un regreso al pasado, salda una deuda con el presente y brinda un sustento más sólido a los valores democráticos. Es un ejemplo también para otros países que están buscando reparar esas heridas abiertas y una experiencia que puede ser además recogida por el derecho internacional en la obligación de investigar y perseguir las violaciones a los derechos humanos cometidas en distintas partes del mundo.

No es posible perdonar –escribió Hannah Arendt frente al horror de los crímenes del nazismo– aquello que no podemos castigar. Aunque el mal absoluto –y de eso se tratan los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en aquellos años en América latina– resulte imperdonable.

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