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Rafael Correa: ¿un nuevo Ecuador?

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Juan Pablo Morales Viteri analiza el escenario sociopolítico en Ecuador, a cien días de la elección de Rafael Correa, y señala que no basta con la creación de una Asamblea Constituyente: a pesar del alto nivel de aprobación popular que ostenta el presidente, la verdadera democracia ha de pasar por el respeto absoluto a los derechos de la sociedad contenidos en la Constitución vigente, dice.


RAFAEL CORREA HA CUMPLIDO CIEN DÍAS a la cabeza del gobierno de Ecuador, y durante este período dos hechos han marcado su trayectoria: el triunfo en la reciente Consulta Popular y la paralela desarticulación institucional del Estado.

El gobierno mantiene un altísimo nivel de aceptación. En su discurso tras la Consulta, Correa manifestó que respondería a los ataques agoreros del desastre que proponen sus opositores, con más democracia.

EL A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
La masiva concurrencia a las urnas el 15 de abril de 2007, representó una reducción del ausentismo electoral y un éxito nunca antes conseguido por un presidente en una Consulta Popular (81 por ciento votó SI sobre el 11 por ciento que eligió el NO).

La pregunta planteada fue la aprobación para la convocatoria e instalación de una Asamblea Constituyente con plenos poderes para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución.

La respuesta positiva que expresó el pueblo ecuatoriano tuvo muchas lecturas, sin embargo, aquella que se ha impuesto es la que atribuye el resultado a la incesante búsqueda de un cambio que enrumbe la Democracia hacia su realización plena, bajo la reformulación del marco jurídico constitucional que permita fortalecer las instituciones del Estado y garantice el ejercicio de los derechos.

LA CONCEPCIÓN DE DEMOCRACIA
Es fundamental hacer referencia a esta visión ciudadana de la Democracia, pues contrasta con lo sucedido durante todo el proceso electoral, en donde las instituciones del Estado se han ido desarticulando hasta casi desaparecer. Esto como efecto del irrespeto a la Constitución y a leyes vigentes, o la interpretación extensiva y parcializada por parte de la autoridad pública.

No sería justo decir que el Estado de Derecho ha desaparecido durante el ejercicio gubernamental de estos cien días; basta revisar lo sucedido en gobiernos anteriores para demostrar que la destrucción de la institucionalidad democrática ha sido una constante.

Sin embargo, el hecho de que se mantengan las prácticas políticas tradicionales que utilizan el marco jurídico estatal como elemento de presión, revela una equivocada concepción de Democracia, que contrapone utilitariamente legitimidad y legalidad.

RESPETO ABSOLUTO A LOS DERECHOS
Estas prácticas se han ejecutado desde todos los poderes del Estado influyendo negativamente en la ciudadanía, ocasionando desconfianza en las instituciones y sus autoridades, justificando la utilización de mecanismos no legales en nombre de una legitimidad controvertida.

Bajo estas consideraciones, el ofrecimiento gubernamental de más Democracia no debe reflejarse en la existencia de más procesos electorales, por el contrario, debe constituirse en el respeto irrestricto a los derechos y garantías de los ciudadanos contenidos en la Constitución vigente y las normas jurídicas que forman el marco legal, garantizando seguridad jurídica en tanto se desarrolla el proceso constituyente que procure los cambios que la sociedad plantea.

El cambio debe ser cualitativo y no cuantitativo, donde se construya desde todos los sectores de la ciudadanía, un concepto de Democracia que deje de ser el término omnicomprensivo que por ser todo y nada a la vez, nos ha dejado como resultado vivir cien días de la misma democracia.