Monopolios y oligopolios públicos y privados que restringen la competitividad

Por Luis Méndez Asensio (para Safe Democracy)

Luis Méndez Asensio comenta la reciente publicación de un informe del Banco Mundial, en el que se afirma que la competitividad de la economía mexicana está limitada por la concentración de capital, a pesar de las reformas emprendidas en los últimos años. Para Méndez Asensio, la clave reside en la plena responsabilidad del Estado, quien debe procurar una liberalización económica donde tengan también preponderancia los proyectos con rentabilidad social.

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Luis Méndez Asensio es profesor de postgrado en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y forma parte de la junta directiva del Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional (IPPAI). Es comentarista de política internacional en Radio Exterior de España y otros medios escritos. Es corresponsal del Grupo mexicano Reforma en España.

A LA LUZ DE LOS BALANCES, en América Latina se impone cada vez más acabar con las relaciones simbióticas que existen entre los gobiernos de turno y las respectivas élites económicas, ya que están impidiendo el progreso de la ciudadanía en general y de los sectores menos favorecidos en particular.

Si se pretende realmente generar una riqueza menos ilustre y llevar a cabo una generalizada redistribución de los recursos, urge poner fin a los favoritismos del Estado que, a la hora de la partición, se vienen dando desde tiempos inmemoriales y que benefician sobre todo a los grupos más poderosos de cada país, reforzando su condición de monopolios y dificultando con ello la libre competencia.

POCOS Y MULTIMILLONARIOS
Un reciente informe del Banco Mundial (BM), instancia ortodoxa donde las haya, subraya en el caso de México que en los dos últimos decenios las reformas emprendidas en ese país no han podido romper el patrón de concentración económica.

La presencia de monopolios y oligopolios públicos y privados que restringen la competitividad de la economía del país y la debilidad de las agencias reguladoras no son una coincidencia o un resultado natural en el proceso de desarrollo económico de México. Es el resultado de formas específicas en las que México ha sido gobernado desde principios del siglo XX, se asegura en el informe.

El BM, en su reporte, menciona a un grupo de 20 personas o familias, a las que considera multimillonarias y que afianzaron su posición durante el pasado Gobierno de Vicente Fox, entre ellos Carlos Slim que figura en el listado de la revista Forbes como uno de los hombres más acaudalados del mundo.

NO BASTA CON LIBERALIZAR
En un país como México, donde la mayoría de la población se halla en la pobreza y donde la desigualdad es clamorosa, la concentración de la riqueza en pocas manos resulta doblemente atentatoria. Que este reducido grupo de empresarios agraciados por el sistema acumule algo más del 6 por ciento del PIB mexicano, como advierte el informe del BM, es un dato alarmante que sólo puede mover a la reflexión sobre la necesidad de cambiar las reglas del juego para que quepan en la hoja de ruta de los gobiernos una mayor inclusión social y un reparto menos injusto de la bonanza. No es algo excepcional, ya que el caso de México se puede extrapolar a la mayoría de los países latinoamericanos.

A tenor de los informes que el BM y otras instituciones han pergeñado en los últimos años, no basta con liberalizar ciertos nichos del mercado. Es indispensable también que los monopolios públicos no deriven en monopolios privados, por lo que el Estado está obligado a vigilar muy de cerca cualquier proceso de apertura y a garantizar que la reconversión industrial, cuando ésta sea inevitable, favorecerá realmente a la ciudadanía en su conjunto y no a un grupo de aventajados, ya se trate de nacionales o extranjeros.

La reforma llevada a cabo en el sector de las telecomunicaciones mexicanas puso fin al acaparamiento público, pero propició la creación de un fortín privado que no trajo mayor alivio a los consumidores y sí un aumento espectacular de la cuenta de resultados de los inversionistas que se hicieron con las empresas que estaban bajo la tutela estatal.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
El Estado es el único agente que está en condiciones de garantizar el acceso de la población a los servicios públicos básicos, incluso en las condiciones más adversas. Y esta prerrogativa debe ser tenida muy en cuenta, no sólo en Europa sino sobre todo en continentes como el latinoamericano donde existen zonas remotas, poblaciones aisladas, que estarían desasistidas si aplicáramos rigurosamente las leyes de la oferta y la demanda.

Ninguna iniciativa privada se embarcará en una aventura que no resulte provechosa en términos mercantilistas. Por el contrario, al Estado le corresponde defender y apoyar a ultranza la rentabilidad social de proyectos que resultarían inviables para cualquier junta de accionistas.

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