Transigencia internacional a dos años de la masacre de Andiján 
Mercedes Herrero de la Fuente denuncia el crecimiento de las violaciones a los derechos humanos en Uzbekistán, pese a la atención internacional que despertó la masacre de Andiján, hace dos años. La autora critica la actitud de Estados Unidos y la Unión Europea, quienes priorizan sus intereses en el país.
ADEMÁS: El drama de Uzbekistán, por Mercedes Herrero
Mercedes Herrero de la Fuente es profesora asociada de Periodismo Internacional en la Universidad Antonio de Nebrija (España) y productora en los =Informativos de TELEMADRID.
DESDE QUE PROCLAMÓ SU INDEPENDENCIA EN 1991, Uzbekistán ha conocido a un único presidente: Islam Karimov. Este político autoritario, estrechamente ligado a la época soviética, debería haber dejado su cargo en 2005, cuando debían celebrarse elecciones a la presidencia. Sin embargo, tras un referéndum de escasa transparencia, se amplió el mandato del Jefe del Estado de 5 a 7 años. Además, una reforma de la ley electoral ha estipulado como fecha fija para los comicios presidenciales el tercer domingo de diciembre. De esta manera, Karimov ha conseguido atrincherarse en su cargo hasta finales de este año.
El siguiente paso será probablemente abordar una nueva reforma constitucional, que le permita un tercer mandato. Esta evolución encajaría con el autoritarismo creciente que caracteriza al régimen uzbeco y que se ha agravado desde la masacre de Andiján, en la que murieron cientos de personas el 13 de mayo de 2005.
PERSECUCIÓN, RESTRICCIÓN, PROHIBICIÓN
Desde entonces, se ha recrudecido la persecución ejercida sobre activistas de los derechos humanos, periodistas y líderes de la oposición en general. También se ha procedido al cierre de numerosas ONG’s extranjeras y a la deportación del personal al frente de las mismas.
En los últimos dos años se han dictado además nuevas normas que pretenden restringir al máximo la práctica de las distintas religiones. El pasado año entró en vigor una ley que prohíbe hablar de religión en público, fuera de los lugares reservados para el culto. Contravenir esta medida se castiga con multas muy elevadas y, en caso de reincidencia, con penas de hasta ocho años de cárcel. Igualmente se penaliza la impresión y venta de libros con temática religiosa.
Especial represión es ejercida sobre los musulmanes. La enseñanza de esta religión es controlada por el Estado, que ha suspendido los permisos para la apertura de nuevas escuelas islámicas. Desde el gobierno se recomienda a los jóvenes que no acudan a las mezquitas y se prohíbe que los niños asistan a la celebración de sus principales festividades, así como a los ritos de los viernes. La propia policía se encarga de hacer cumplir tales indicaciones, con su presencia a la entrada de las mezquitas. Además se ha restringido la peregrinación a La Meca, que en 2005 fue autorizada a sólo 4.200 personas, (en un país con 26 millones de habitantes, de los que un 80 por ciento son musulmanes).
EL INTERÉS DE ESTADOS UNIDOS
La reacción de Estados Unidos ante las violaciones de los derechos humanos cometidas en Uzbekistán ha sido bastante tibia. Con el argumento recurrente de la lucha antiterrorista, desde Washington se ha dado cobertura a éste y otros regímenes autoritarios de Asia Central, a cambio de utilizar su territorio fronterizo como antesala para las operaciones militares en Afganistán. Por otro lado, la riqueza de materias primas energéticas y su localización estratégica han motivado el intento por parte de Estados Unidos de reforzar su posición en esta zona, sobre todo frente a Rusia.
Para ello, en los últimos años ha multiplicado la ayuda económica destinada tanto a Uzbekistán como a otros países vecinos, entre ellos Kirguizistán, Kazajstán o Azerbayán. Tras los dramáticos suceso de Andijan, la puntual condena de Estados Unidos no se tradujo en un cese de las ayudas. Aun así, el régimen de Karimov reaccionó con un acercamiento a las políticas, menos crítica, de Moscú.
LA DOBLE MORAL DE LA UNIÓN EUROPEA
En cuanto a la UE, ésta impuso en octubre de 2005 una serie de sanciones contra Uzbekistán, tales como el embargo sobre la venta de armas a ese país, la prohibición de entrar en territorio comunitario para 12 altos cargos públicos y la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación y Cooperación firmado con este país.
Pero el clima de represión no hizo sino aumentar a lo largo de 2006. Sin embargo, a finales del pasado año, el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión decidió no imponer nuevas penalizaciones al régimen uzbeco. Además, se publicó un documento por el que se rebajan las condiciones para levantar las mismas, de modo que ya no se exige al gobierno de Karimov una investigación internacional sobre las muertes de Andijan, ni un juicio justo para los acusados por su implicación en tales hechos. Ello pese a la existencia de informes como el de Amnistía Internacional, que ha denunciado que cientos de personas han sido encarceladas sin juicio, en algunos casos torturadas y condenadas a penas de entre 12 y 22 años de prisión.
La actitud de Bruselas es en parte resultado de las presiones de Alemania, muy interesada en que se produzca un acercamiento. Este país mantiene una base militar en la zona fronteriza de Termez, al Este de Uzbekistán, desde la que se organiza el aprovisionamiento de las tropas alemanas en Afganistán.
LA PRIORIDAD RADICA EN LA SUBSITENCIA
No sólo Estados Unidos y la Unión Europea se han mostrado condescendientes; desde Kirguizistán también se ha terminado por ceder a las presiones del régimen de Karimov. El país vecino ha terminado por devolver a Uzbekistán los cientos de refugiados huidos a su territorio. Los cortes en el suministro de gas han sido decisivos a la hora de claudicar en su intención inicial de proteger a los exiliados uzbekos.
Pero todo lo anterior, ciertamente relevante para un observador occidental, no constituye la principal preocupación en el día a día de los uzbecos. El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales se encuentra muy por detrás de la lucha por la mera subsistencia, principal batalla de los habitantes de un país, en el que los niveles de desempleo son muy elevados, un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y la esperanza de vida apenas sobrepasa los sesenta años.
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