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Los secuestros y la tragedia de Colombia

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El asesinato de once diputados colombianos secuestrados por las FARC ha suscitado de nuevo el rechazo de una sociedad harta del chantaje inhumano que practica la guerrilla.

(Desde París) ONCE DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA del Departamento del Valle, al sur de Colombia, secuestrados hace cinco años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [2] (FARC) murieron el 18 de junio de este año. Su deceso fue presentado como resultado de un fuego cruzado sostenido con otra fuerza militar, según reza un comunicado que difundió esa guerrilla por Internet pocos días después.

La reacción del Gobierno de Álvaro Uribe fue rápida y contundente: señaló que por esas fechas no se presentaron operativos de rescate, que no se sabía dónde estaban los secuestrados, y calificó lo ocurrido como asesinato y crimen atroz, bajo la sola y entera responsabilidad de las FARC. La ausencia de notificación de bajas de la guerrilla y de la otra fuerza –en un fuego cruzado sería poco probable matar sólo a los secuestrados–, lo llevaron también a esa conclusión. Afirmó que los diputados debieron haber sido asesinados a sangre fría y exigió la entrega inmediata de los cadáveres y la evaluación de una comisión forense internacional para constatar las circunstancias de ese desenlace.

Cada día de retraso en la entrega de los cuerpos a sus familias confirma esa hipótesis de tiros de gracia. La sociedad colombiana reaccionó con marchas multitudinarias los primeros días de julio y pide la entrega de los despojos. Las calles han vuelto a ser así el escenario de reivindicaciones humanitarias.

CHANTAJE INHUMANO
No es la primera vez que los colombianos salen a las calles a protestar por los secuestros. Millones lo hicieron en la década de los noventa. Desde entonces no lo hacían, desmoralizados ante la inutilidad de agitar pañuelitos blancos para obtener de esa guerrilla el abandono de su abominable práctica usada como medio de financiamiento, de presión nacional e internacional y de obtención de reconocimiento y de impunidad. No hay que olvidar que a marchas pacificas como la de los últimos días en Colombia respondió incluso la guerrilla con el secuestro de quienes las encabezaban. Tal fue el caso del gobernador de Antioquia, después ultimado para que no escapara, esa vez sí en el marco de un operativo militar de rescate del Gobierno.

Volviendo al caso, los diputados del Valle habían sido secuestrados hace más de cinco años cuando los guerrilleros –haciéndose pasar por el Ejercito–, entraron al recinto de la Asamblea y los montaron en un camión diciendo así protegerlos de una inminente toma guerrillera. Ya en las afueras de la ciudad les informaron su verdadera identidad. Estaban en poder de la guerrilla. Una típica acción de perfidia, bien lejana a una toma de prisioneros en combate.

Durante cinco años (una duración increíble) la guerrilla los utilizó como mercancía de canje para un intercambio humanitario contra guerrilleros presos (más bien, un chantaje inhumano). Sí, la aceptación de esa fórmula tomada del caballeresco derecho de la guerra invita a cegar aún más a los que secuestran, quienes quieren verse a sí mismos, para justificarse, como liberadores de los suyos.

LA PARADOJA DEL MOMENTO
La presión fue doble: al Gobierno de Uribe, directamente, y a las familias para que presionaran al Gobierno. Poner el dilema entre el ausente de carne y hueso, a liberar, contra las posibles y probables (pero indeterminadas) futuras victimas. El intercambio, como si fuera poco, es sometido a tantas condiciones: despejes de territorio, inspecciones, prensa, presencia de los países amigos, y un largo etcétera, que deja como elemento marginal el aparente propósito del mismo: la liberación de los guerrilleros, para el que no muestran ni el más mínimo afán ni la menor urgencia.

Lo que se busca, por tanto, es una forma de reconocimiento: ser tratados como un movimiento de liberación nacional y ser excluidos, por lo demás, de las listas de terroristas. Seguramente para así comenzar a sentar las bases de una sociedad justa e igualitaria, donde no haya gobierno sobre las personas sino administración sobre las cosas.

Y lo que resulta también paradójico, es que la muerte de los diputados se presenta en un momento en el que el Gobierno de Álvaro Uribe venía de excarcelar al guerrillero de más alto rango y a otros doscientos buscando crear condiciones para la liberación de todos los secuestrados.

Recientes eran aún, además, la fuga de dos plagiados que pasaron cinco y nueve años de cautiverio. Uno, Fernando Araujo, había sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores, designación de alto contenido simbólico. El otro, el agente de policía John Frank Pinchao, no deja de sorprender a quien lo escucha cuando detalla las inhumanas y angustiosas condiciones de detención que compartiera en la selva con Ingrid Betancourt [3], dos estadounidenses, otros políticos y varias decenas de policías y soldados. Que han sido y que son también las mismas inhumanas y angustiosas condiciones de miles de personas igualmente secuestradas por cuenta de las FARC cuya libertad depende del pago de monedas. De muchas monedas.

LAS INCÓGNITAS DE UN ATAQUE SISTEMÁTICO Y DELIBERADO
Muchos interrogantes suscitan los hechos ocurridos: ¿Se trata de un caso de terrorismo? ¿De infracción de leyes de guerra? ¿Una guerrilla acorralada que sólo puede secuestrar y que da dolorosos palos de ciego? ¿Terroristas con página en Internet? ¿Cómo explicar que el actual Gobierno colombiano, el de la seguridad democrática, no haya podido capturar las cabecillas de la guerrilla en más de cinco años, ni liberar a los secuestrados? ¿Es justa la comunidad internacional en su tratamiento de la situación colombiana? ¿Es adecuado el actual marco jurídico internacional de crisis como éstas, por desgracia presentes en todo el mundo? ¿Cómo obtener la liberación de los otros secuestrados sin sembrar futuras tomas? ¿Cómo armonizar los derechos de los secuestrados a su liberación (incluso negociando hasta con el diablo, y cambiándolos por lo que sea) con la protección de la sociedad y de los principios que los Estados representan?

Dejando para otros momentos y plumas esos análisis, el caso de los diputados del Valle muestra con su doloroso epílogo cómo los secuestros de las FARC en Colombia constituyen un verdadero crimen contra la humanidad, en cuanto ataque sistemático y deliberado contra una población civil a la que priva gravemente de la libertad física en contra de las más elementales normas de todo derecho. ¿Estará jubilado el juez Baltasar Garzón [4]?