El ex presidente peruano, Alberto Fujimori, ha sido finalmente extraditado por la justicia chilena para ser juzgado causas pendientes en Lima. Se trata de un hecho prácticamente inédito, ya que es la primera vez que un país extradita a un ex presidente por violaciones a los derechos humanos a través del proceso judicial.

EN UNA EXTENSA SENTENCIA de más de 200 páginas, la sala penal de la Corte Suprema chilena concedió la extradición del ex presidente de Perú Alberto Fujimori, por siete de los trece cargos por los cuales había sido solicitada por el Estado peruano. De los siete casos, no hay duda de que, para Fujimori, los dos de mayor gravedad son los conocidos como Barrios Altos y La Cantuta, ya que pertenecen al terreno de los derechos humanos, y no sólo acarrean una penalidad mucho más alta que las acusaciones de corrupción, sino, sobre todo, dificultan una salida política pronta.

«Han sido los votos del fujimorismo los que le han permitido a un Alan García, de declinante popularidad, contar con mayoría en el Congreso»

La importancia de este fallo se mide en que lo que parece habitual no lo es, no solamente porque es la primera vez que Chile extradita en su historia a un ex Jefe de Estado, sino, principalmente, porque es un hecho prácticamente inédito, ya que es la primera vez a nivel internacional que un país extradita a otra nación, a un ex presidente, por motivos de derechos humanos a través del proceso judicial. En efecto, los casos anteriores no habían pasado por los tribunales, sino que habían sido expulsiones administrativas o habían sido puestos a disposición de un Tribunal Internacional creado especialmente al efecto, como fue el conocido (y frustrante) caso del serbio Slobodan Milosevic.

En ese sentido, esta sentencia ha elevado a nivel mundial los estándares futuros para extradiciones de responsables políticos, aunque no describe las acusaciones en términos de lesa humanidad. Si acoge la tesis de la autoría mediata, que esencialmente señala que aunque no hubiese tenido participación directa en las muertes, no podía haber ignorado y, por lo tanto, permitió lo que tuvo lugar.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y POLÍTICAS

A partir de este momento, le corresponde a Perú juzgarlo. De los casos presentados, sólo puede hacerlo por aquéllos por los cuales fue concedida la extradición. Fujimori calificó lo anterior como un blindaje legal, aunque ello no significa que los casos hayan quedado definitivamente acotados, tanto para él como para Chile, ya que de acuerdo a los mismos Tratados, si Perú quiere introducir nuevas acusaciones puede hacerlo, aunque previamente necesita el visto bueno del Estado chileno. Sin embargo, es dudoso que Santiago quiera llenarse de nuevas peticiones en caso de conceder una más.

Como era de esperar, en Perú entran en juego, además de las consideraciones jurídicas, las políticas. Ello es fácil de entender desde el momento que han sido los votos del fujimorismo los que le han permitido a un Alan García, de declinante popularidad, contar con mayoría en el Congreso.

Es indudable que, mas allá de lo judicial, tal como ocurrió con el propio Alan García en el pasado con las acusaciones de corrupción, la presencia de Fujimori y el hecho de que conserva un innegable apoyo popular, van a originar un proceso de negociación que es sólo dificultado por las acusaciones de violación de los derechos humanos, aunque en el caso de Perú, ello hay que ubicarlo no únicamente en el contexto del auto golpe de Estado, tal y como se ve mayoritariamente en el extranjero, sino también en la de la lucha antiterrorista contra Sendero Luminoso.

UNA DERROTA… COMPENSADA CON EL APOYO POPULAR

Por donde se mire, no hay duda que la extradición es una derrota para Alberto Fujimori, aunque hay que mencionar una ganancia neta de su permanencia en Chile: desde que se acercó a Perú, su movimiento revivió en una forma que era imposible desde la lejanía de Japón, lo que no es una novedad, ya que los movimientos personalistas necesitan del líder fundador.

«La tragedia para Perú es que Fujimori sigue marcando la agenda pública y dividiendo al país, como lo hizo desde el gobierno»

Como conclusión, ahora hay que esperar cómo lo impacta el procesamiento, ya que de ello va a depender que sea el mismo Alberto Fujimori o su hija diputada, la candidata en las próximas elecciones presidenciales. Por lo demás, el proceso no sólo va a afectar al ex mandatario, sino también puede representar un incómodo precedente para el propio Alan García una vez que salga del poder, ya que podría reabrir el caso de las muertes de militantes de Sendero Luminoso en una prisión, durante su primera presidencia.

El tema está recién empezando, tanto en lo político como en lo jurídico, y la tragedia para Perú es que Fujimori sigue marcando la agenda pública y dividiendo al país, como lo hizo desde el gobierno.