Con la Asamblea Constituyente paralizada y la proximidad del plazo para presentar una nueva Constitución, el gobierno de Evo Morales ha decidido reabrir las sesiones de la Asamblea en un recinto militar para eludir a los grupos violentos que demandan el traslado a Sucre de los poderes Ejecutivo y Legislativo, hoy en la ciudad de La Paz. Entienda cuál es el rol de los militares en Bolivia y por qué comparten con Evo la idea de limitar las autonomías departamentales para preservar la unidad del país.

(Desde La Paz) EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, la democracia en la región andina ha estado asediada por permanentes turbulencias que han ocasionado problemas de gobernabilidad y en algunos casos crisis de Estado, originadas principalmente en la fragmentación de la representación política y de los sistemas de partidos, así como por la aparición de movimientos sociales que someten al Estado a una sobrecarga de demandas.

“Pese a que la Asamblea Constituyente debía convertirse en el escenario donde se establezca un renovado contrato entre los bolivianos, el gobierno de Evo Morales no pudo superar la confrontación entre dos visiones de país”

Esta lógica de la acción colectiva cargada de frustración impugna la legitimidad de los gobiernos y ha provocado escenarios de resistencia civil y revueltas populares. En cuatro de los cinco países de esta región se recurrió en la década de los noventa a convocar a la Asamblea Constituyente como expediente que posibilite salidas duraderas y estructurales a los problemas (Colombia 1991, Perú 1993, Ecuador 1998 y Venezuela 1999).

Bolivia era la excepción gracias a cierta estabilidad política y económica que evitaron caer en posiciones neopopulistas, realizando profundas reformas en los marcos de la Constitución y las reglas del juego. Sin embargo, a partir de la denominada guerra por el agua en el año 2000, se agudizaron ciertas tensiones estructurales y surgieron nuevos focos de conflicto, retornando al ciclo perverso de los permanentes cambios de presidentes en pocos años.

¿COYUNTURA? CRÍTICA

En este escenario de crisis, las demandas (que pusieron en duda el propio sistema democrático y los principios por este sustentados) se encaminaron por un solo camino, la exigencia de cambio para reconstruir el pacto social quebrado, viendo la necesidad de llevar adelante un proceso constituyente aunque con interpretaciones y expectativas difusas sobre el mismo.

“Las Fuerzas Armadas suponen el sector mejor atendido por el actual gobierno, al extremo de que Evo Morales las ha embarcado en su programa de clientelismo social con recursos provenientes de Venezuela”

Algunos autores denominan estos periodos de crisis como coyuntura crítica; un momento extremadamente fluido, en el que un orden se va desmoronando progresivamente, y empieza a aparecer inciertamente otro. Coyuntura fundamental por su plasticidad, porque las estructuras están particularmente moldeables a la acción política, y porque la resultante del momento tendrá consecuencias de largo plazo.

Pese a que la Asamblea Constituyente (inaugurada hace más de 15 meses) debía convertirse en el escenario donde se estableciera un renovado contrato entre los bolivianos, el gobierno de Evo Morales no pudo superar la confrontación entre dos visiones de país, cuya recurrencia convierte hoy a Bolivia en un ejemplo de virtual empate entre dos polos con fuerzas suficientes para impedir la realización de los proyectos del adversario, pero con la incapacidad de consolidar o imponer los propios.

Ninguno de los sectores hace esfuerzos suficientes para encontrar una salida pactada. La política de las calles, los cabildos, las marchas, la desobediencia civil son privilegiadas en detrimento de posiciones racionales o democráticas.

Por ello las Fuerzas Armadas asumen un rol protagónico, no porque exista la posibilidad de golpe de Estado, sino porque son el factor que determinará a cuál de los bloques favorecerá la balanza. Conscientes de esa importancia, las Fuerzas Armadas suponen el sector mejor atendido por el actual gobierno, al extremo de que Evo Morales las ha embarcado en su programa de clientelismo social con recursos provenientes de Venezuela.

EL PROCESO BOLIVIANO Y EL NACIONALISMO MILITAR

Con la Asamblea Constituyente paralizada y la proximidad del plazo fatal para presentar una nueva Constitución el 14 de diciembre, el gobierno ha decidido reabrir las sesiones de la Asamblea en un recinto militar buscando eludir al cerco de grupos violentos que demandan el traslado a la ciudad de Sucre de los poderes Ejecutivo y Legislativo que se encuentran en la ciudad de La Paz.

El proceso boliviano tiene, día tras día, mayor proximidad con el nacionalismo militar que su equivalente venezolano ha puesto en práctica. En consonancia, los Comandantes de las principales fuerzas han parado en seco cualquier intento de autonomías de facto o riesgo secesionista en el país lanzando una dura advertencia contra los prefectos (gobernadores) que encabezan la oposición en las regiones denominadas de la media luna.

Las citadas Fuerzas Armadas afirmaron que sólo responden a las órdenes del presidente y no así de los prefectos de departamento, quienes no forman parte de la estructura de mando establecido al interior de la institución armada. Asimismo, remarcaron que cuentan con la capacidad profesional, técnica y operativa suficiente para asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado y garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, en el marco de la soberanía e integridad de la República.

Es innegable que los militares en Bolivia comparten con el gobierno de Morales los límites que deben tener las autonomías departamentales para preservar la unidad del país; lo que no quiere decir (necesariamente) que tengan una identificación con las ideas del socialismo del siglo XXI expresadas por Evo.