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Cómo frenar el deterioro de las relaciones UE-Rusia

caldrusia.jpgPor qué ha crecido el malestar entre Rusia y la Unión Europea. Hasta qué punto el enfrentamiento –fundamentalmente ligado a las antiguas repúblicas soviéticas, integradas en la UE— es una amenaza directa a las relaciones de Moscú con Bruselas.




EL RECIENTE CONFLICTO ENTRE ESTONIA Y RUSIA, por la decisión de las autoridades de Tallín de trasladar el monumento al soldado soviético caído en la Segunda Guerra Mundial y las agresiones realizadas por grupos radicales rusos contra el personal diplomático de la Embajada estonia en Moscú, viene a sumarse al enfrentamiento político-económico que desde hace casi un año se arrastra entre Polonia y Rusia, y que ha tenido como consecuencia más inmediata el fracaso de la Conferencia euro-rusa celebrada en Samara, que debía haber servido para impulsar la negociaciones de un nuevo Acuerdo de Cooperación y Asociación bajo la presidencia alemana.

Visto en perspectiva, las relaciones entre Rusia y la UE han experimentado un sensible deterioro durante los dos últimos años que lejos de superarse, amenaza con instaurar una nueva tendencia de creciente desconfianza, rivalidad diplomática y presión económica que sustituiría a la confianza, el entendimiento político y la cooperación comercial y energética que ha imperado en las relaciones entre Bruselas y Moscú durante la última década.

LA PROBLEMÁTICA DE LAS MINORÍAS
Para quienes ya en 2001 criticábamos la ampliación de la UE a nuevos miembros por su forma precipitada y su escaso respeto con los criterios de Copenhague [1], aludíamos al impacto que sobre la integración europea tendría el efecto frontera con Rusia, además de las consecuencias económicas y de la nada despreciable problemática de minorías que acarrearía.

Aunque la historia de algunos de los nuevos miembros de la UE con la antigua Unión Soviética explica, en buena medida, los recelos y tensiones que mantienen respecto de las autoridades del Kremlin, hay que convenir que la vecindad de una potencia mundial como Rusia exige un esfuerzo de entendimiento y cooperación que ambas partes deberían realizar en aras de su propia seguridad y desarrollo.

Nadie puede cuestionar la soberanía del gobierno estonio para decidir sobre cuestiones internas como la ubicación de un símbolo histórico, pero tampoco se puede ignorar la preocupación que en Moscú suscita la política discriminatoria que tanto Tallín como Riga mantienen respecto a las importantes minorías rusas que existen en su territorio (30 por ciento en Estonia y 38 por ciento en Letonia). Semejante situación ha sido reiteradamente denunciada en recientes informes elaborados por instituciones intergubernamentales tan solventes como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2003) o el Consejo de Europa [2] (2004), así como por organizaciones no gubernamentales, tales como el European Centre for Minority Issues [3] (2004) o Amnistía Internacional [4] (2006).

[5] EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
La propia UE está obligada a exigir que las autoridades de los países bálticos realicen las reformas legales e institucionales necesarias para que la discriminación lingüística, política, social y económica que todavía existe respecto de las minorías rusas concluya en un plazo razonablemente breve de tiempo. Esta obligación se impone por tres razones fundamentales.

En primer lugar, por el necesario respeto a la propia legislación comunitaria, concretamente al artículo 1 del Tratado de Niza [6] que contempla la posibilidad de suspender a un país miembro de ciertos derechos en caso de violación grave de derechos humanos. En segundo término, porque la continuidad de las prácticas discriminatorias amenaza la propia estabilidad política y cohesión social de los países bálticos, con el riesgo de convertirse en un problema que afectase al conjunto de la UE. Finalmente, porque los principios y objetivos que presiden la política de vecindad, recientemente instaurada, obliga a considerar los efectos que las políticas adoptadas por los países miembros tendrán sobre las relaciones con terceros países, entre ellos la Federación de Rusia.

[7] A nadie le resultaría creíble imaginar que semejante situación discriminatoria, de haberse producido respecto de minorías francesas, alemanas, británicas o españolas, no hubiese desencadenado medidas de respuesta similares o, tal vez, mucho más drásticas de las que hasta ahora ha aplicado Moscú. La primera condición, aunque no la única, para que la UE pueda exigir con autoridad y credibilidad que sus vecinos y socios mantengan políticas respetuosas con los derechos humanos, es imponer ese mismo respeto en el ámbito de sus competencias y sin distinción del carácter mayoritario o minoritario de las poblaciones titulares de los derechos.

LA REFORMA DEL SISTEMA DE VOTACIÓN
La dinámica de acusaciones recíprocas y medidas de presión entre la UE y la Federación de Rusia, sólo servirán para estimular a los sectores más ultranacionalistas de ambas partes y con ello propiciar la aplicación de políticas de enfrentamiento, como la contenida en la doctrina del extranjero vecino, que en su día se promulgó por las autoridades de Moscú y que, hasta ahora, había permanecido latente en aras de un entendimiento con Bruselas.

La dinámica de tensión con Moscú que algunos gobiernos europeos se empeñan en estimular, choca frontalmente con las aspiraciones de la mayoría de los países miembros de intensificar y consolidar la integración europea, convirtiendo a la UE en una potencia mundial que a través de la diplomacia multilateral y la cooperación al desarrollo contribuya eficazmente a la paz y la seguridad internacionales.

Desde esta perspectiva, la propia UE y desde luego sus principales miembros, no pueden ser rehenes en sus decisiones e intereses legítimos de las iniciativas adoptadas por países que sólo representan una ínfima parte de su población, su territorio, su economía y su política. Una realidad actual que avala la necesaria reforma que reduzca al mínimo imprescindible la regla de la unanimidad por las votaciones basadas en mayorías cualificadas, tal y como se contemplaba en el Proyecto de Constitución Europea, y que tanto la canciller alemana, Angela Merkel, como el nuevo presidente francés, Nicolás Sarkozy, pretenden realizar mediante un nuevo tratado, conscientes como son de que la UE se juega en ello su futuro.