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México y sus grandes debilidades institucionales

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La resignación de muchos ciudadanos mexicanos, que han terminado por aceptar la inseguridad como algo inevitable ante la incapacidad (o la corrupción) de policías y jueces en el control del narcotráfico y la delincuencia organizada, desestimula al propio Gobierno de Calderón, que sólo logra librar escaramuzas puntuales contra la mafia local, afirma el autor.

COMO LA GRAN MAYORÍA de los países latinoamericanos, México enfrenta grandes desafíos a corto, medio y largo plazo. Pero, quizás, el reto más importante, junto a la superación de la pobreza, sea el apuntalamiento de algunas de sus instituciones primordiales.

La infiltración del narcotráfico y la delincuencia organizada en el aparato del Estado, y la corrupción de un importante sector del funcionariado, incluidos numerosos policías y jueces, están socavando todavía más los cimientos de un sistema en el que nunca cuajó del todo la democracia. “El crimen organizado campa a sus anchas en zonas clave del territorio”

Los últimos esfuerzos por depurar a las fuerzas de seguridad han resultado demasiado cortos y en algunos casos contraproducentes, ya que muchos de los policías expulsados del cuerpo han pasado a engrosar las filas de la delincuencia, poniendo su experiencia y conocimiento al servicio de los grandes cárteles de la droga.

RECONSTRUCCIÓN DEL ENTRAMADO INSTITUCIONAL

Las ejecuciones cotidianas, impunes, de policías y civiles en circunstancias que casi nunca se esclarecen, son la prueba manifiesta de que el crimen organizado campa a sus anchas en zonas clave del territorio mexicano. “El enquistamiento de la corrupción y la falta de recursos impide la ventilación de algunas de las recámaras más contaminadas del Estado”

Trabajan los cárteles en lugares geográficos localizados, no muy extensos, pero esta violencia sí es muy visible para la percepción ciudadana. El Estado mexicano ha echado mano de todos los recursos institucionales, incluido el Ejército, para recuperar estos territorios. Sobre esta base lo que se requiere es una reconstrucción profunda del entramado institucional e instrumental, que es hoy insuficiente y también llevar a cabo una reforma del sistema de justicia para enfrentar con eficacia este fenómeno de la violencia, reconoce el titular de la Procuraduría General de la República [1] (PGR), Eduardo Medina Mora.

La reconstrucción del entramado institucional a la que se refiere el máximo responsable de la seguridad mexicana, es una tarea tan ardua como compleja. “Las acciones violentas también se producen por la rivalidad entre las distintas organizaciones delictivas”

Más allá de la motivación pecuniaria que supone para los capos de la droga estar a tiro de piedra del mayor mercado de consumo de drogas del mundo (Estados Unidos), las autoridades mexicanas han sido incapaces hasta ahora de abordar a fondo la reforma policial y judicial que permitiría el progresivo saneamiento de algunas de las instituciones más vulnerables del país norteamericano.

El enquistamiento de la corrupción y la falta de recursos están impidiendo la ventilación de algunas de las recámaras más contaminadas del Estado, lo que a su vez facilita las maniobras de la delincuencia organizada que intimida, secuestra y ejecuta con una frecuencia y eficacia preocupantes.

LA INSEGURIDAD, ¿INEVITABLE?

Las acciones violentas también se producen como resultado de la rivalidad entre las distintas organizaciones delictivas que se disputan en México, a plena luz del día, influencias, ganancias y cultivos. “Más de un experto ha señalado que la resurrección de la seguridad en México pasa también por el desmantelamiento de las corporaciones policiales”

Vivimos en México un momento crítico. Estos grupos de narcotráfico, mexicanos y regionales, han adquirido mucho poder en los últimos años, desde que Estados Unidos cerraron la ruta tradicional del Caribe y el flujo de drogas pasó al corredor centroamericano y mexicano, reconoce Medina Mora.

La resignación de muchos ciudadanos mexicanos que han terminado por aceptar la inseguridad como algo inevitable, desestimula también al Gobierno de Felipe Calderón [2] que, por el momento, sólo está en condiciones de librar escaramuzas con la mafia local que dispone de efectivos materiales y humanos más que suficientes para contrarrestar estas ofensivas puntuales.

Más de un experto ha señalado que la resurrección de la seguridad en México pasa también por el desmantelamiento de las corporaciones policiales, incluida la muy poderosa PGR. Pero este reciclaje implicaría una descomunal inversión de energías y dineros por parte de un Estado que tiene demasiados frentes abiertos, desde la miseria que afecta a buena parte de su población hasta la dependencia de un petróleo que comienza a escasear, como para empeñarse en una ofensiva final contra la delincuencia propia y ajena.