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Dos caras contrastantes de Argentina

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Mientras el gobierno de Cristina Fernández Kirchner sigue enfrentado al sector agropecuario, el país responde a deudas pendientes con el juicio al general Luciano Benjamín Menéndez, responsable de gravísimos crímenes durante la última dictadura militar. Argentina da así un nuevo ejemplo internacional en materia de derechos humanos, dice el autor.

 

(Desde Buenos Aires) MIENTRAS EL GOBIERNO de Cristina Kirchner sigue enfrascado en un desgastante pulso con los sectores del agro por la política de retenciones a las exportaciones de soja y granos (y el país empantanado en más de dos meses de conflicto que hace sentir sus pérdidas y costos económicos, políticos y de credibilidad interna y externa), en los tribunales de Córdoba, segunda ciudad más importante de Argentina, ha comenzado en estos días el juicio oral y público al general Luciano Benjamín Menéndez [1], responsable de gravísimos crímenes durante la última dictadura y un último exponente vivo del militarismo autoritario latinoamericano del siglo XX.

“Menéndez: Argentina es el primer país donde compatriotas juzgan a sus soldados victoriosos”Son dos caras contrastantes de un país que se ha atrevido a avanzar en el esclarecimiento y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y a soltar amarras con esa trágica historia, mientras no atina a encontrar los modos de afrontar su futuro eludiendo la reiteración de antiguas y cíclicas frustraciones.

Notable madurez, por un lado, para enfrentar las deudas pendientes del pasado. Incomprensible inmadurez, por el otro, para hacerse cargo creativamente de los desafíos del presente.

OTRO JALÓN EN LA REVISIÓN JUDICIAL DEL TERRORISMO DE ESTADO

El juicio a Menéndez y todo su estado mayor de aquellos años de sangre y plomo, es otro jalón en el camino de la revisión judicial del terrorismo de Estado y la reconstrucción de la memoria histórica. No vino sólo, por simple paso del tiempo, por imposición de las circunstancias o por la victoria de un ejército sobre otro. “3.200 personas desaparecieron en Córdoba entre 1976 y 1982; 2.300 pasaron por el campo de concentración La Perla bajo la responsabilidad de Menéndez” Fue y es el resultado de la actuación persistente y tenaz de los organismos de derechos humanos, de las víctimas y de una sociedad que entendió en su conjunto y mayoritariamente la importancia de no consagrar el olvido y la impunidad. El propio acusado lo definió con claridad en su primer alegato: Argentina –dijo Menéndez– es el primer país donde compatriotas juzgan a sus soldados victoriosos.

El haber podido llegar hasta esta instancia es también, justo es reconocerlo, el resultado de una serie de decisiones y políticas que se fueron adoptando a lo largo de los últimos veinticinco años desde la recuperación de la democracia.

Desde el procesamiento de los comandantes de las juntas militares dispuesto por el ex presidente Raúl Alfonsín [2] y el Informe Nunca Más de la CONADEP [3] (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) en 1984 y 1985, hasta la derogación de las leyes de perdón e indultos impulsada y lograda por el ex presidente Néstor Kirchner en 2003 y la aplicación de las figuras de crímenes de lesa humanidad y genocidio (y como tales delitos imprescriptibles y no amnistiables) en la jurisprudencia nacional y en el derecho internacional. ”El acusado ha sido un exponente cabal de toda una tradición belicista, autoritara e intervencionista de las fuerzas armadas en la vida política del siglo XX en América Latina”

Se calcula que 3.200 personas desaparecieron en la provincia de Córdoba, entre 1976 y 1982, durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional [4]. 2.300 pasaron por el campo de concentración La Perla [5] bajo la responsabilidad directa de Menéndez. Sólo sobrevivieron 17. Con miles de muertos y desaparecidos sobre sus espaldas, este hoy anciano e inofensivo general retirado, junto a otros siete represores, debe responder en este juicio por el secuestro, tortura y asesinato de sólo cuatro jóvenes; tres hombres y una muchacha, del llamado Caso Brandalis. Ellos fueron llevados a La Perla, interrogados, torturados y luego acribillados en un falso enfrentamiento y arrojados luego a fosas comunes. Menéndez, con 80 años y más de treinta años después de ocurridos aquellos hechos, será juzgado y seguramente condenado con las leyes de la Constitución y por los jueces de la Constitución.

SIN GARANTÍAS DE INDEMNIDAD

“Argentina da un nuevo ejemplo internacional en derechos humanos: es posible castigar a quienes se arrogaron el derecho de decidir sobre la vida y la muerte de pueblos y sociedades” Pero además, este juicio a Menéndez adquiere significación emblemática, como lo fue el Juicio a las Juntas [6], de 1985. Quien está en el banquillo de los acusados ha sido un exponente cabal de toda una tradición de belicismo, autoritarismo e intervencionismo de las fuerzas armadas en la vida política a lo largo del siglo XX en América Latina. Sobrino de otro general homónimo de convicciones pro-fascistas y franquistas que tuvo protagonismo en los años 40 y 50, en los sucesivos levantamientos militares y asonadas golpistas durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón [7], Menéndez fue referente de la línea dura de la última dictadura como comandante del poderoso Tercer Cuerpo del Ejército y quien impulsó con mayor fervor en 1978 una guerra contra Chile por la disputa limítrofe del Canal de Beagle en el extremo sur patagónico, una confrontación bélica evitada a último momento por la mediación del Papa Juan Pablo II [8].

De manera que con este juicio a otro ex dictador, Argentina está dando un nuevo ejemplo internacional en materia de derechos humanos: es posible sancionar y castigar a quienes se arrogaron el derecho de decidir sobre la vida y la muerte de pueblos y sociedades enteras. Se trata también de un valor pedagógico y disuasorio frente a las guerra preventivas y delitos de lesa humanidad que se siguen cometiendo: no hay garantías de indemnidad para los perpetradores de crímenes basados en razones de Estado o justificaciones políticas, cualesquiera fueran.