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La reciente decisión del Tribunal Constitucional de Turquía de reinstaurar la prohibición del velo en las universidades ha profundizado aún más la crisis que sufre el país euroasiático desde hace un año. El nuevo movimiento del establishment laico contra el Gobierno de Erdogan podría ser el paso previo a la ilegalización de su exitoso partido, el AKP, y al inicio de un período de incertidumbre sin fecha de caducidad, dice el autor.

 

(Desde Madrid) HACE UNAS SEMANAS, el prestigioso think tank Iniciativa de Estabilidad Europea (ESI) anticipaba que 2008 iba a ser un año mucho más inestable, y potencialmente catastrófico, para la democracia turca que 2007. La decisión adoptada por el Tribunal Constitucional no ha hecho sino confirmar su predicción.

En una polémica resolución, la Corte anuló las enmiendas a la Carta Magna aprobadas en febrero por el Parlamento para permitir el libro uso del velo a las estudiantes universitarias.

La controvertida prenda que utilizan a diario dos de cada tres turcas se ha convertido, así, en la excusa recurrente para que los dos grupos de poder por antonomasia, laicos radicales e islamistas moderados, prosigan con su encarnizada lucha.

¿GOLPE DE ESTADO JUDICIAL?

Nueve de los once jueces del Constitucional, considerado como uno de los bastiones del kemalismo junto al todopoderoso Ejército, interpretaron que despenalizar el empleo del pañuelo islámico era un fenómeno contrario al inmutable principio constitucional del laicismo. “Borrar una formación que ha reunido casi la mitad de los votos en las elecciones de 2007, que ha duplicado la renta per cápita y que ha conducido el país a las puertas de la UE, es un sinsentido”
Con su dictamen no sólo niegan indirectamente el derecho a la educación superior de miles de mujeres turcas, sino que ningunean una medida tomada por el poder legislativo, concretamente por 411 de los 550 diputados que componen la Cámara. Al respecto, se trata de la primera ocasión en que una reforma constitucional es rechazada por el Alto Tribunal, lo que ha venido a interpretarse como un golpe de Estado judicial en toda regla.

Además, no son pocos los que en Turquía creen que volver a ilegalizar el velo es sólo el anticipo de lo que le espera a la formación del primer ministro Recep Tayyip Erdogan. El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), en el poder desde 2002, se enfrenta a una demanda de cierre, así como a la inhabilitación política de 71 de sus dirigentes, por actividades antilaicas. Entre dichas actividades figura precisamente que el AKP, apoyado por el Partido de Acción Nacionalista (MHP), levantase la prohibición del velo. “El establishment teme que el AKP ponga en marcha una presunta agenda oculta para tirar por la borda los pilares del Estado secular e instaurar la sharia”

Borrar de golpe y plomazo una formación que ha reunido casi la mitad de los votos en las elecciones de 2007, que ha duplicado la renta per cápita de sus ciudadanos y que ha conducido el país a las puertas de la Unión Europea (UE), constituye cuando menos un sinsentido.

Sin embargo, todo parece valer en los últimos tiempos para quienes han ostentado tradicionalmente el poder en Turquía: el establishment laico, un grupo homogéneo que incluye al Ejército, el poder judicial, sectores de la administración pública y la burguesía urbana. El establishment teme, por un lado, que el AKP ponga en marcha una presunta agenda oculta para tirar por la borda los pilares del Estado secular e instaurar la sharia. Aquí entraría en juego su argumento de que introducir el velo en las universidades es un primer paso hacia la ley islámica.

LA CONTRARRESPUESTA DEL GOBIERNO

Pero, por otra parte, se rebela ante la erosión de los privilegios de que venía gozando desde la instauración de la República por Mustafá Kemal Atatürk en 1923. “Ilegalizar el AKP tendría unas consecuencias nefastas para Turquía, ya que paralizaría el tan necesario proceso de reformas internas” Y aquí se enmarcarían sus últimas acciones para neutralizar el poder verde (el color del Islam) que representa una emergente y amenazante burguesía conservadora encabezada por el AKP. Entre ellas destaca la invalidación de la votación que debía convertir a Abdulá Gül en presidente de la República en la primavera de 2007 y el más reciente fallo sobre el velo.

Ilegalizar el AKP tendría unas consecuencias nefastas para Turquía, ya que, entre otras cosas, paralizaría el tan necesario proceso de reformas internas puesto en marcha por el Ejecutivo de Erdogan y obstaculizaría aún más el camino de Ankara hacia el club comunitario. En definitiva, dejaría el país al borde de una crisis de difícil solución. El Gobierno debe redactar una nueva Constitución en la que las libertades básicas no sean sólo para un grupo sino para todos los ciudadanos”

No obstante, el actual Gobierno no se ha dejado amedrentar. Poco después de conocer el parecer del Constitucional sobre el pañuelo islámico, ha criticado con dureza al Alto Tribunal y ha retomado su proyecto de redactar una nueva Constitución por la que se establezca un sistema bicameral que venga a recortar los poderes de la Corte.

Aunque el establishment ha montado en cólera, el AKP ha recibido nuevamente el apoyo de la UE. Así lo dejó patente la ponente del informe sobre Turquía del Parlamento Europeo: El Gobierno debe redactar una nueva Constitución en la que las libertades básicas no sean sólo para un grupo sino para todos los ciudadanos.

FALTA DE VOLUNTAD

Por tanto, la solución a la problemática turca, se conoce; ahora bien, falta voluntad para negociar y valentía para ceder entre las partes. Si alguien ha llegado a conocer medianamente la idiosincrasia turca, estará de acuerdo en que se avecinan unos meses de total incertidumbre, en los que caben noticias positivas pero también, y sobre todo, negativas.

Como ha señalado el veterano analista Mumtaz’er Türköne, a partir de ahora nada puede sorprendernos. El AKP podría ser ilegalizado, el presidente podría ser desalojado del palacio presidencial. Podríamos entrar en un período de golpes de Estado, cualquier cosa puede ocurrir.