noirlanda2.jpgTras el rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa, la UE tiene dos opciones: o repetir la consulta o seguir adelante con la ratificación del texto. Si los dirigentes comunitarios continúan forzando de más sus potestades, la Unión corre el riesgo de entrar en una crisis nacida de la creciente desafección de los ciudadanos, desembocando en un callejón sin salida, alerta el autor.

(Desde Madrid) CASI TODOS LOS DATOS APUNTAN a que las instancias directoras de la Unión Europea, y con ellas la mayoría de los gobiernos de los Estados miembros, han decidido actuar como si nada hubiese ocurrido en Irlanda. Alguien dirá que, al fin y al cabo, esto es lo que, retórica aparte, hicieron también tres años atrás, cuando la mayoría de los franceses y de los holandeses se inclinaron por rechazar el tratado constitucional de la UE. “Hace meses, a los responsables de los Estados de la UE se les recomendó no señalar que el viejo tratado constitucional y el Tratado de Lisboa eran lo mismo”

Porque, y no nos engañemos, el texto aprobado en Lisboa el pasado otoño, sometido al dictamen de los irlandeses, no es sino el viejo tratado constitucional con algunas leves modificaciones.

No se olvide al respecto, por cierto, que hace unos meses los responsables de los Estados integrantes de la Unión recibieron la recomendación expresa de no señalar, bajo ningún concepto, que el viejo tratado constitucional y el Tratado de Lisboa eran en sustancia lo mismo, no fuera a ser que, al menos en Francia y en Holanda, se hiciese valer algún legítimo descontento.

¿POR QUÉ SÓLO SE CONSULTA A LA CIUDADANÍA IRLANDESA?

Al margen de lo anterior, y ahora ya en relación con el referendo irlandés, los partidarios del Tratado de Lisboa han repetido en los últimos días dos argumentos que, en sí mismos, se antojan incontestables. “Irlanda es el único Estado miembro de la Unión Europea que, por imperativo constitucional, ha organizado una consulta popular en relación con el Tratado de Lisboa” Mientras el primero ha tenido a bien recordar que en el no irlandés se han dado cita posiciones políticas extremadamente dispares (otro tanto cabe decir, bien es cierto, en lo que se refiere a los sucesivos síes que se han hecho valer en los últimos meses), el segundo ha venido a subrayar que no parecía razonable que un pequeño país, más bien irrelevante, procediese a dictar el camino que el conjunto de la UE debía aprestarse a seguir.

Aunque esos dos argumentos anotan ideas tan respetables como razonables, uno tiene derecho a certificar que, sin embargo, parecen olvidar lo principal: sabido es que, de manera un tanto sorprendente, Irlanda es el único Estado miembro de la Unión Europea que, bien que por imperativo constitucional, ha organizado una consulta popular en relación con el Tratado de Lisboa. “El resultado de la consulta es más llamativo por cuanto que Irlanda es el país de la UE en el que ésta ha generado los efectos más saludables” Si se trata de preguntarse por qué los demás países no han convocado referendos, la respuesta es sencilla: porque los gobiernos correspondientes tenían motivos suficientes para concluir que, de haberlo hecho, lo más probable es que los hubiesen perdido.

El resultado de la consulta celebrada el pasado día 12 es tanto más llamativo, por añadidura, cuanto que Irlanda es desde hace un par de lustros el país de la Unión Europea en el que –según dicen– ésta última ha generado los efectos más saludables. Si el tratado de Lisboa ha naufragado en Irlanda, ¿qué es lo que nos sucedería en otros escenarios menos beneficiados por las aparentes venturas que la Unión genera?

DOS POSIBLES CAMINOS

Si lo he entendido bien, y por lo demás, los estamentos directores de la UE parecen sopesar dos únicas posibilidades para salir de este liviano atolladero. “A buen seguro que la reciente aprobación de esa impresentable ampliación de la semana laboral le ha abierto los ojos a más de un ciudadano irlandés” Si la primera pasa por forzar una repetición del referendo irlandés (con el escándalo, los cambalaches y los riesgos esperables), la segunda, y hoy por hoy la más probable, se asienta en la idea de seguir adelante con la ratificación del texto aprobado en la capital portuguesa y dejar, mal que bien, en la estacada a Irlanda.

Aunque la sociedad civil europea (si es que tal cosa existe) parece más bien desmovilizada, o, en su defecto, sólo saca la cabeza cuando expresamente se le pregunta algo, quiere uno creer que los dirigentes comunitarios están forzando en demasía las potestades que se hallan a su alcance.

Si, como se intuye, lo van a seguir haciendo, la Unión Europea puede adentrarse en una grave crisis que no tendrá su origen, pese a las apariencias, en el resultado de una u otra consulta popular celebrada en uno u otro país: nacerá, muy a contrario, de la creciente desafección de tantos ciudadanos que se sentirán legítimamente estafados y que, con su conducta futura, bien pueden colocar a una UE cada vez más tecnocratizada y burocratizada, y cada vez menos democrática, en un callejón sin salida.

A buen seguro, por cierto, que la reciente aprobación de esa impresentable ampliación de la semana laboral le ha abierto los ojos a más de un ciudadano irlandés.