despouy.jpgEl aporte del argentino Leandro Despouy a la consagración del derecho a la verdad como un derecho fundamental, de carácter autónomo e inalienable, traduce la dimensión ética de los nuevos parámetros que regulan la vida internacional, dice el autor. Por ello, el premio que acaba de recibir no sólo reconoce su trayectoria en defensa de la Justicia, sino que, sobre todo, alienta la labor de quienes la defienden en todo el mundo.

(Desde Buenos Aires) LA LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO y el castigo de los genocidios, desde el perpetrado contra el pueblo armenio en la segunda década del siglo XX hasta los más recientes cometidos en Chechenia, Darfur o Irak, coincide, en la última parte de ese siglo y esta primera década del XXI, con la revisión de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las dictaduras militares en América Latina y su más reciente tipificación como delitos de lesa humanidad.

El esclarecimiento histórico, la reparación y sanción penal a los principales responsables de esos gigantescos crímenes no vinieron solos. No fueron el producto de victorias militares o de revoluciones armadas triunfantes. “El premio es la consecución de una tarea por la que Pérez Esquivel ganó el Nobel de la Paz en 1980, en plena dictadura militar” Fue, principalmente, el resultado de una denodada, paciente y tenaz tarea de activismo nacional e internacional en la que tuvieron un destacado papel (en muchos casos silencioso) juristas, abogados, dirigentes de organizaciones no gubernamentales y entidades defensoras de los derechos humanos, representantes de las víctimas y personalidades públicas de los más distintos ámbitos y procedencias.

El argentino Leandro Despouy contribuyó a escribir páginas fundamentales de ese nuevo Derecho Internacional. En virtud de esos méritos, la Fundación Justicia en el Mundo, de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), otorgó la 10ª edición del premio Justicia en el Mundo a este jurista, que es actualmente Relator Especial de Naciones Unidas y, en su país, preside la Auditoría General de la Nación, que es el órgano superior de control en la Argentina.

UN RECONOCIMIENTO UNÁNIME

El premio, recibido en una ceremonia que se realizó en la Real Casa de Correos de Madrid, el pasado 25 de junio, es la máxima distinción internacional, considerado como el Nobel de la Justicia, y otorgado a aquellas personas, entidades o instituciones que hayan llevado a cabo actuaciones encaminadas a salvaguardar la independencia de la Justicia como condición esencial de la función jurisdiccional y garantía de los derechos y libertades de la persona; preservar el carácter constitucional y moral de la Justicia y fomentar en la sociedad el conocimiento sobre su papel insustituible. “La UIM es una organización profesional fundada en 1953 que representa a más de 100.000 jueces y que está integrada por asociaciones judiciales de 67 países” Es la consecución de una tarea por la cual otro argentino, Adolfo Pérez Esquivel, ganó el Nobel de la Paz en 1980, en plena dictadura militar.

Al otorgar este premio la Fundación no sólo ha querido reconocer la trayectoria de Despouy en defensa de la Justicia sino, sobre todo, alentar la labor de quienes desde distintas posiciones a diario la defienden. En ediciones anteriores, el galardón fue concedido al Tribunal Penal Internacional para los Crímenes de la Antigua Yugoslavia (TPIY) o al Promotor de Justicia de la Santa Sede, Nicola Picardi.

La UIM está presidida por la jurista eslovena Maja Tratnik y es una organización profesional fundada en 1953 que representa a más de 100.000 jueces y que en la actualidad está integrada por asociaciones judiciales de 67 países de los cinco continentes: la Asociación Europea de Magistrados, y los grupos Africano, Asiático, Norteamericano y Oceánico e Iberoamericano. Este último brindó particular sustento a la postulación de Despouy, propuesta por varias entidades que integran la UIM, entre ellas la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Argentina) y la Asociación de Magistrados Brasileños, y además fue acompañada por la Asociación Americana de Juristas. El premio fue otorgado en esta ocasión por decisión unánime del jurado en virtud de la destacada trayectoria de Despouy en defensa de los derechos humanos y por su labor en pos de la Justicia y de la independencia del Poder Judicial en el mundo.

EL DERECHO A LA VERDAD

“Su actuación en la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU fue decisiva en el primer reconocimiento del genocidio armenio por parte del organismo internacional” La Fundación ha hecho un reconocimiento por las intervenciones de Despouy en distintos países en favor de más de un millar de jueces y abogados que han sido objeto de intimidaciones, presiones, amenazas o atentados, y ha considerado, entre otros, los siguientes fundamentos para otorgar este premio: su defensa permanente y concreta del estado de derecho y de los principios de un juicio justo y del debido proceso; su consecuente empeño en la lucha contra la impunidad y el constante apoyo a la Corte Penal Internacional en sus esfuerzos por juzgar los crímenes de lesa humanidad; su decidida custodia de la independencia del Poder Judicial, que en algunos países es sometido a injerencias políticas, presiones económicas, campañas de desprestigio y otras formas que lesionan la integridad de la administración de Justicia.

Su actuación en la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU en 1985 fue decisiva en el primer reconocimiento del genocidio armenio por parte del organismo internacional, durante el tratamiento del célebre Informe preparado por el relator especial Benjamín Whitaker.

Igualmente se han ponderado sus actuaciones contra la pena de muerte, en particular las aplicadas por el Alto Tribunal Penal Iraquí que llevaron a la horca al ex dictador Saddam Hussein y otros altos miembros de su gobierno. Despouy ha cuestionado la ejecución de testigos clave “Despouy ha cuestionado seriamente el desempeño de los tribunales militares o de excepción” (como el caso de Awraz Andel Aziz Mahmoud Sa’eed) para el esclarecimiento del atentado que en 2003 costó la vida del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello y otras 21 personas que integraron la misión de la ONU en Bagdad.

A través de sus informes, como Relator Especial de las Naciones Unidas, Despouy ha realizado aportes significativos en el desarrollo de las normas y principios que todos los Estados deben aplicar para garantizar la defensa de los derechos humanos durante los estados de excepción. En el contexto de la lucha contra la impunidad, ha contribuido en forma decisiva al desarrollo del derecho a la verdad como un derecho autónomo, universal e inderogable; así como del derecho de acceso a la justicia identificando los factores económicos, sociales, culturales y políticos que impiden, dificultan o entorpecen su ejercicio.

LUCHA CONTRA EL OLVIDO Y LA IMPUNIDAD

Despouy ha cuestionado seriamente el desempeño de los tribunales militares o de excepción, “Vale la pena resaltar estas actuaciones y estos liderazgos en un mundo con evidente orfandad de estadistas y necesitado de referentes” sobre todo cuando estos juzgan a civiles o a militares por violaciones de los derechos humanos y promueve que se aboquen exclusivamente a cuestiones reglamentarias de origen militar. En materia de justicia en transición, ha sistematizado las salvaguardas que deben adoptar los Estados para reestructurar el Poder Judicial luego de conflictos armados o de crisis institucionales. Ejemplo de esto último fue su constructiva participación en la constitución de una Corte Suprema independiente en Ecuador, en el marco del conflicto de poderes desatado a fines de 2004.

Sus análisis sobre el impacto de la miseria y la extrema pobreza en los derechos humanos merecieron –en ocasión del Gran Jubileo de 2000– un reconocimiento del Papa Juan Pablo II al trabajo realizado en estrecha colaboración con la Organización Cuarto Mundo. Despouy fue pionero en la inclusión de la temática de los derechos humanos de las personas con discapacidad a través de su informe, el primero en esta materia, publicado por las Naciones Unidas.

Vale la pena resaltar estas actuaciones y estos liderazgos en un mundo con evidente orfandad de estadistas y necesitado de referentes capaces de resumir en su actuación y su pensamiento cualidades políticas, morales e intelectuales. Los hay, a escala global, contados con los dedos de las manos. El aporte de Despouy a la consagración del derecho a la verdad como un derecho fundamental, de carácter autónomo e inalienable, traduce la dimensión ética de los nuevos parámetros que regulan la vida internacional. La lucha contra el olvido y la impunidad ha adquirido una legitimidad tal que desborda el hermetismo de las relaciones interestatales y se proyecta incluso sobre aquellas realidades nacionales sometidas históricamente a la dictadura del silencio.