
Leandro Despouy y la lucha por el derecho a la verdad
El jurista argentino, galardonado por la Fundación Justicia en el Mundo
El aporte del argentino Leandro Despouy a la consagración del derecho a la verdad como un derecho fundamental, de carácter autónomo e inalienable, traduce la dimensión ética de los nuevos parámetros que regulan la vida internacional, dice el autor. Por ello, el premio que acaba de recibir no sólo reconoce su trayectoria en defensa de la Justicia, sino que, sobre todo, alienta la labor de quienes la defienden en todo el mundo.
(Desde Buenos Aires) LA LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO y el castigo de los genocidios, desde el perpetrado contra el pueblo armenio en la segunda década del siglo XX hasta los más recientes cometidos en Chechenia, Darfur o Irak, coincide, en la última parte de ese siglo y esta primera década del XXI, con la revisión de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las dictaduras militares en América Latina y su más reciente tipificación como delitos de lesa humanidad.
El esclarecimiento histórico, la reparación y sanción penal a los principales responsables de esos gigantescos crímenes no vinieron solos. No fueron el producto de victorias militares o de revoluciones armadas triunfantes. «El premio es la consecución de una tarea por la que Pérez Esquivel ganó el Nobel de la Paz en 1980, en plena dictadura militar» Fue, principalmente, el resultado de una denodada, paciente y tenaz tarea de activismo nacional e internacional en la que tuvieron un destacado papel (en muchos casos silencioso) juristas, abogados, dirigentes de organizaciones no gubernamentales y entidades defensoras de los derechos humanos, representantes de las víctimas y personalidades públicas de los más distintos ámbitos y procedencias.
El argentino Leandro Despouy contribuyó a escribir páginas fundamentales de ese nuevo Derecho Internacional. En virtud de esos méritos, la Fundación Justicia en el Mundo, de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), otorgó la 10ª edición del premio Justicia en el Mundo a este jurista, que es actualmente Relator Especial de Naciones Unidas y, en su país, preside la Auditoría General de la Nación, que es el órgano superior de control en la Argentina.
UN RECONOCIMIENTO UNÁNIME
El premio, recibido en una ceremonia que se realizó en la Real Casa de Correos de Madrid, el pasado 25 de junio, es la máxima distinción internacional, considerado como el Nobel de la Justicia, y otorgado a aquellas personas, entidades o instituciones que hayan llevado a cabo actuaciones encaminadas a salvaguardar la independencia de la Justicia como condición esencial de la función jurisdiccional y garantía de los derechos y libertades de la persona; preservar el carácter constitucional y moral de la Justicia y fomentar en la sociedad el conocimiento sobre su papel insustituible. «La UIM es una organización profesional fundada en 1953 que representa a más de 100.000 jueces y que está integrada por asociaciones judiciales de 67 países» Es la consecución de una tarea por la cual otro argentino, Adolfo Pérez Esquivel, ganó el Nobel de la Paz en 1980, en plena dictadura militar.
Al otorgar este premio la Fundación no sólo ha querido reconocer la trayectoria de Despouy en defensa de la Justicia sino, sobre todo, alentar la labor de quienes desde distintas posiciones a diario la defienden. En ediciones anteriores, el galardón fue concedido al Tribunal Penal Internacional para los Crímenes de la Antigua Yugoslavia (TPIY) o al Promotor de Justicia de la Santa Sede, Nicola Picardi.
La UIM está presidida por la jurista eslovena Maja Tratnik y es una organización profesional fundada en 1953 que representa a más de 100.000 jueces y que en la actualidad está integrada por asociaciones judiciales de 67 países de los cinco continentes: la Asociación Europea de Magistrados, y los grupos Africano, Asiático, Norteamericano y Oceánico e Iberoamericano. Este último brindó particular sustento a la postulación de Despouy, propuesta por varias entidades que integran la UIM, entre ellas la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Argentina) y la Asociación de Magistrados Brasileños, y además fue acompañada por la Asociación Americana de Juristas. El premio fue otorgado en esta ocasión por decisión unánime del jurado en virtud de la destacada trayectoria de Despouy en defensa de los derechos humanos y por su labor en pos de la Justicia y de la independencia del Poder Judicial en el mundo.
EL DERECHO A LA VERDAD
«Su actuación en la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU fue decisiva en el primer reconocimiento del genocidio armenio por parte del organismo internacional» La Fundación ha hecho un reconocimiento por las intervenciones de Despouy en distintos países en favor de más de un millar de jueces y abogados que han sido objeto de intimidaciones, presiones, amenazas o atentados, y ha considerado, entre otros, los siguientes fundamentos para otorgar este premio: su defensa permanente y concreta del estado de derecho y de los principios de un juicio justo y del debido proceso; su consecuente empeño en la lucha contra la impunidad y el constante apoyo a la Corte Penal Internacional en sus esfuerzos por juzgar los crímenes de lesa humanidad; su decidida custodia de la independencia del Poder Judicial, que en algunos países es sometido a injerencias políticas, presiones económicas, campañas de desprestigio y otras formas que lesionan la integridad de la administración de Justicia.
Su actuación en la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU en 1985 fue decisiva en el primer reconocimiento del genocidio armenio por parte del organismo internacional, durante el tratamiento del célebre Informe preparado por el relator especial Benjamín Whitaker.
Igualmente se han ponderado sus actuaciones contra la pena de muerte, en particular las aplicadas por el Alto Tribunal Penal Iraquí que llevaron a la horca al ex dictador Saddam Hussein y otros altos miembros de su gobierno. Despouy ha cuestionado la ejecución de testigos clave «Despouy ha cuestionado seriamente el desempeño de los tribunales militares o de excepción» (como el caso de Awraz Andel Aziz Mahmoud Sa’eed) para el esclarecimiento del atentado que en 2003 costó la vida del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello y otras 21 personas que integraron la misión de la ONU en Bagdad.
A través de sus informes, como Relator Especial de las Naciones Unidas, Despouy ha realizado aportes significativos en el desarrollo de las normas y principios que todos los Estados deben aplicar para garantizar la defensa de los derechos humanos durante los estados de excepción. En el contexto de la lucha contra la impunidad, ha contribuido en forma decisiva al desarrollo del derecho a la verdad como un derecho autónomo, universal e inderogable; así como del derecho de acceso a la justicia identificando los factores económicos, sociales, culturales y políticos que impiden, dificultan o entorpecen su ejercicio.
LUCHA CONTRA EL OLVIDO Y LA IMPUNIDAD
Despouy ha cuestionado seriamente el desempeño de los tribunales militares o de excepción, «Vale la pena resaltar estas actuaciones y estos liderazgos en un mundo con evidente orfandad de estadistas y necesitado de referentes» sobre todo cuando estos juzgan a civiles o a militares por violaciones de los derechos humanos y promueve que se aboquen exclusivamente a cuestiones reglamentarias de origen militar. En materia de justicia en transición, ha sistematizado las salvaguardas que deben adoptar los Estados para reestructurar el Poder Judicial luego de conflictos armados o de crisis institucionales. Ejemplo de esto último fue su constructiva participación en la constitución de una Corte Suprema independiente en Ecuador, en el marco del conflicto de poderes desatado a fines de 2004.
Sus análisis sobre el impacto de la miseria y la extrema pobreza en los derechos humanos merecieron –en ocasión del Gran Jubileo de 2000– un reconocimiento del Papa Juan Pablo II al trabajo realizado en estrecha colaboración con la Organización Cuarto Mundo. Despouy fue pionero en la inclusión de la temática de los derechos humanos de las personas con discapacidad a través de su informe, el primero en esta materia, publicado por las Naciones Unidas.
Vale la pena resaltar estas actuaciones y estos liderazgos en un mundo con evidente orfandad de estadistas y necesitado de referentes capaces de resumir en su actuación y su pensamiento cualidades políticas, morales e intelectuales. Los hay, a escala global, contados con los dedos de las manos. El aporte de Despouy a la consagración del derecho a la verdad como un derecho fundamental, de carácter autónomo e inalienable, traduce la dimensión ética de los nuevos parámetros que regulan la vida internacional. La lucha contra el olvido y la impunidad ha adquirido una legitimidad tal que desborda el hermetismo de las relaciones interestatales y se proyecta incluso sobre aquellas realidades nacionales sometidas históricamente a la dictadura del silencio.
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Julieta
fecha: 07 | 07 | 2008
hora: 5:27 pm
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Felicitaciones por recordar estas causas. No todo está regido por el cinismo, los dobleces y desencantos
Publicado por:
marianina
fecha: 08 | 07 | 2008
hora: 3:25 pm
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El Derecho a la Verdad! Parece algo de cajón y cuántas veces la Verdad Oficial es una enorme mentira! y cuantas veces NO hay modo de conocer la Verdad! Voy a pasearme por la Web para encontrar mas noticias sobre el Sr. Leandro Despouy.
Publicado por:
JUAN MARTIN
fecha: 08 | 07 | 2008
hora: 6:51 pm
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Excelente artículo. Hay que comprender que el Derecho a la Verdad no es la pretension de imponer una verdad histórica única, que es lo que buscan las ideologias y poderes autoritarios,si no el derecho de quienes sufrieron persecusiones y matanzas a conocer y dar a conocer lo sucedido sin que se impongan justificaciones politicas, amnesias inducidas y leyes de impunidad. Por eso los armenios reclaman con justas razones un reconocimiento del estado Turco del genocidio cometido hace un siglo. Que estas grandes tragedias historicas se puedan saldar en los tribunales nacionales e internacionales, y no mediante la imposicion de los vencedores, es un gigantesco avance.
Publicado por:
JUAN MARTIN
fecha: 08 | 07 | 2008
hora: 6:53 pm
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y agrego, no solo que se conozca y pueda reconocer lo sucedido, sino tambien que se pueda perseguir, juzgar y condenar a los culpables, a los grandes genocidas.
Publicado por:
ANA MARIA
fecha: 08 | 07 | 2008
hora: 7:22 pm
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Sin detrimento a lo destacado de este jurista los argentinos-dados nuestros profundos problemas fabricados y continuados-podrìamos decir: «consejos vendo y para mi no tengo».
Lo digo,pués no se si es la misma persona que aconsejó a Rusia sobre problemas generados en ese país y por ello fué muy valorado.
Publicado por:
Carlos
fecha: 09 | 07 | 2008
hora: 8:37 pm
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¿Quién hubiera soñado hace apenas un puñado de años que los principales jefes militares del terrorismo de estado en los países de Sudamérica iban a tener que rendir cuentas ante los tribunales, con juicios legales y legítimos, y en tantos casos condenados a terminar sus días en la cárcel, como acaba de ocurrir con el ex jefe de la Dina chilena Manuel Contreras y como ocurrirá con el general Menendez en Argentina en pocos días mas ? ¿ Llegará también el día en el el que el Estado Turco reconozca el genocidio cometido contra el pueblo armenio un siglo atrás?
Publicado por:
Manuel
fecha: 11 | 07 | 2008
hora: 2:46 pm
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Interesante punto introducido por una nota de Julián Casanova, de la Universidad de Zaragoza, en nota de El País de ayer, en coincidencia con las ideas expuestos por el artículo de Fabian Bosoer:
«Desaparecido fue el eufemismo con el que se denominó a las víctimas del terrorismo de Estado planificado y puesto en marcha por la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983. El término desaparecido ya lo había definido uno de los golpistas del 24 de marzo de 1976, el general Rafael Videla, en respuesta a las primeras indagaciones y presiones internacionales sobre la represión: «Mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido».
Intentamos mandar al olvido unas guerras y al tiempo ensalzamos otras
Cuando la dictadura cayó, la lucha por la información, la verdad, la petición de justicia y el rechazo del olvido se convirtieron en señas de identidad de la transición a la democracia. Tres décadas después, esa dictadura de apenas siete años aparece ya como uno de los más destacados ejemplos de terrorismo de Estado de la historia, de «masacres administradas», como las llamó Hanna Arendt. Casi 30.000 desaparecidos, apropiación de niños nacidos en cautiverio, creación de más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y asesinato. Hoy existen numerosas pruebas incontrovertibles frente a aquel exterminio que pretendía no dejar ninguna.
La referencia a la dictadura argentina viene ahora a cuento porque el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acaba de solicitar al Gobierno español un informe sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Desaparecido en España no puede tener el mismo significado que en Argentina, porque en la dictadura argentina nunca hubo ejecuciones oficiales, todas eran clandestinas, y los cadáveres fueron enterrados en cementerios sin ningún tipo de identificación, quemados en fosas colectivas o arrojados al mar.
En España, sin embargo, la mayoría de las 100.000 personas que se llevó a la tumba la violencia militar y fascista durante la guerra y de las 50.000 que fueron ejecutadas en los 10 años que siguieron al final oficial de la guerra, durante la paz incivil de Franco, están identificadas, tienen nombres y apellidos y, aunque con muchas anomalías y falseamientos sobre las causas de la muerte, constan en los registros civiles de cientos de localidades que han sido rastreados por los historiadores.
De lo que se trata ahora es de conocer las circunstancias de la muerte y el paradero de otras miles de personas a las que nunca se registró, abandonadas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, en los ríos, en pozos y minas, o enterradas en fosas comunes. El número de víctimas sin registrar, desaparecidos, puede llegar, como mucho, a 30.000 en toda España, paseados casi todos en los primeros meses de la guerra, en el verano y otoño de 1936, o en las semanas que seguían a la ocupación de las diferentes ciudades por las tropas franquistas, desde Málaga a Madrid, pasando por Barcelona o Valencia. Asesinados sin procedimientos judiciales ni garantías previas hubo también miles en la zona republicana y aunque a casi todos ellos se les registró y rehabilitó después de la guerra, las excepciones a esa regla merecen también ser conocidas.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debería prestar atención al requerimiento del juez Garzón y crear una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas por la violencia política durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Esa comisión tendría que reunir la información ya elaborada por numerosos estudios, coordinar las investigaciones que sobre ese tema se están llevando a cabo en la actualidad y organizar una agenda de investigación sobre los hechos todavía inexplorados y las personas sin localizar.
Las dificultades técnicas para alcanzar ese objetivo van a ser muchas, aunque las más serias procederán, una vez más, de la política. Mariano Rajoy y algunos medios de comunicación le recordarán a Rodríguez Zapatero, como ya hicieron en los últimos años, que, con todos los problemas que tenemos, desde el terrorismo a la crisis económica, pasando por las amenazas a la unidad o a la lengua de España, el Gobierno no puede dedicarse a tonterías como la memoria histórica o la investigación sobre miles de desaparecidos en épocas del pasado ya superadas. Al Gobierno, por otro lado, el asunto le resulta incómodo. Varios meses después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, nadie ha movido un dedo ni siquiera para cambiar los nombres de las calles dedicadas a los militares golpistas o a dirigentes fascistas.
Más de 30 años después del final de la dictadura de Franco, el Estado democrático, sus principales responsables e instituciones, no quiere gestionar ese pasado de violencia y muerte, ni está interesado en tomar decisiones sobre políticas públicas de memoria y educación. Al parecer, hay historias que vale la pena conmemorar desde el presente, convertirlas en mitos nacionales, como la llamada Guerra de la Independencia de 1808, y otras que resulta mejor olvidar».
Publicado por:
Andrea
fecha: 12 | 07 | 2008
hora: 7:25 pm
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Lamentablemente, el derecho humanitario sigue yendo detrás de los genocidios y las condenas y castigos llegan mucho tiempo después, cuando la tragedia ya fue consumada. Cuánto tiempo pasará para que se investiguen y castiguen los crímenes de guerra que se siguieron cometiendo ayer y hoy en Chechenia, en Irak, en varios países africanos ? Sudáfrica y varios países latinoamericanos son buenos ejemplos para tomar en cuenta. Y el juez Baltazar Garzón,como el argentino Despouy, como dice la nota, también son ejemplos de valentía para avanzar en ese terreno.
Publicado por:
MARIA EVELIA PEREZ N.-SAN LUIS-ARGENTINA
fecha: 06 | 11 | 2008
hora: 11:51 pm
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Estimados:
Con orgullo expreso que este jurista, amigo personal nacido en San Luis, República Argentina, debería ser postulado al PREMIO NOBEL DE LA PAZ.
Lo digo con la certeza que me da un conocimiento tal vez más profundo de su persona, su familia y su vida ejemplar, donde sus valores son un tesoro en potencia. Sumado a ello, el profundo respeto a los Derechos Humanos, por los que ha luchado toda la vida, con la sencillez de los grandes y una notable perseverancia en su particular modo de defender los derechos de las personas, interviniendo en conflictos internacionales con un compromiso y dedicación fuera de lo común, siempre pensando en lo más justo y equitativo.
Estaba en Capital Federal en una misión periodística, cuando el Colegio de Abogados de nuestra provincia natal, lo homenajeó recientemente. Por esta razón y en comunicación con su madre, fui informada que se encuentra en el exterior, al momento de escribir estas líneas.
Vaya entonces mi sincera felicitación a este hombre, que sigue luchando por la paz, la justicia y el derecho a la verdad.
María Evelia Pérez N
San Luis-Argentina
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