helicoptero.jpgEspaña ocupa hoy el octavo lugar en la lista de países exportadores de armas. ¿Con qué criterios se han autorizado ventas a determinados países? ¿Hay garantías de que no serán usadas con fines no previstos? El Gobierno español, que apuesta por el multilateralismo y por la resolución pacífica de los conflictos, debería mostrar un compromiso real mejorando el control y la transparencia de las exportaciones de armas, sostiene la autora.

(Desde Madrid) ESPAÑA VENDIÓ EN EL AÑO 2007 material de defensa y de doble uso por valor de 932 millones de euros, según la información que el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados y que posteriormente ha explicado la secretaria de Estado de Comercio Exterior en su comparecencia anual ante la Comisión de Defensa. Esto significa un 10 por ciento más que el año anterior, y confirma la tendencia al alza de los últimos años. En 2006 las ventas se habían duplicado y, desde el año 2001, se han multiplicado por cuatro. Esto nos sitúa en el octavo lugar del mundo por exportaciones de este tipo de material.

“En 2007 se vendieron armas a Colombia por valor de más 15 millones de euros, la mayor parte de los cuales podría corresponder a la venta de 13 carros lanza obuses para el ejército colombiano”

Los datos confirman varias tendencias preocupantes que ya se apuntaban en los años anteriores. El principal, quizá, son los preocupantes destinos de muchas de estas armas. En 2007 se vendieron armas a Colombia por valor de más 15 millones de euros, la mayor parte de los cuales podría corresponder a la venta de 13 carros lanza obuses para el ejército colombiano. El Gobierno no ha aclarado con qué criterio autoriza esas ventas a un país sumido desde hace décadas en un conflicto armado y donde todas las partes violan de forma grave y sistemática los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

A Israel, por su parte, se le vendieron 1,5 millones de euros, sin ninguna garantía de que ese material no contribuirá a mayores violaciones de los derechos humanos y más represión. Otro tanto podría decirse de Pakistán, que vive una espiral de recorte de derechos y libertades y represión, o de Marruecos, donde además existe un conflicto territorial no resuelto. Y estos son sólo algunos ejemplos de los destinos de las armas españolas, pero podrían mencionarse otros como Egipto, El Salvador o Indonesia.

ACUERDOS Y TRANSPARENCIAS EN ENTREDICHO

Este año el Código de Conducta de la UE sobre exportaciones de armas cumple una década. Este instrumento, no vinculante, establece ocho criterios por los que los Estados miembros no deberían autorizar ventas de armas a ciertos países, entre ellos el hecho de que estén en conflicto armado; el respeto de los derechos humanos en el país de destino; el riesgo de posibles desvíos a terceros países; “Los datos oficiales proporcionados por el Gobierno no coinciden con los que da la Agencia Tributaria a través de sus registros arancelarios” el cumplimiento de los compromisos internacionales en cuanto a sanciones y embargos; la compatibilidad del gasto en defensa y armamento con el cumplimiento de los servicios sociales básicos; etcétera. Dados los destinos antes mencionados, queda claro que el Gobierno no está aplicando el Código estrictamente, y tendría que explicar si ha recibido garantías de que las armas cuyas ventas autoriza no serán usadas para violar estos criterios.

Un aspecto muy preocupante son las elevadísimas cantidades de munición y armas para caza y tiro deportivo que España exporta todos los años sin control, especialmente a África Subsahariana. Somos el primer exportador a la región, donde destaca Ghana como destino preferente: en el año 2007, volvió a recibir el equivalente a 3,5 millones de euros en este material, cifra similar a la de los años anteriores. “La Ley de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso de diciembre de 2007 establece ciertas mejoras en materia de transparencia y control” Estas cantidades resultan desmesuradas, y sugieren la pregunta de si estas armas no estarán atravesando alguna de las porosas fronteras para llegar a países vecinos, varios de los cuales están en situación de conflicto o posconflicto. La propia secretaria de Estado reconocía, en su comparecencia, que el destino final puede ser Nigeria, un país con grave inestabilidad. Además, la Comunidad de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), de la que forma parte, decretó en 1998 una moratoria sobre la importación, exportación, producción y distribución de armas pequeñas y ligeras y sus municiones.

Un elemento adicional de preocupación es la falta de transparencia. Los datos oficiales proporcionados por el Gobierno no coinciden con los que da la Agencia Tributaria a través de sus registros arancelarios, o figuran con importes, volúmenes o cantidades diferentes. Y en ocasiones, ninguno de ellos coincide con los que se aportan al Registro de Armas Convencionales de Naciones Unidas. Esto lleva años ocurriendo, y la cuestión inmediata es por qué no se da más información y de forma más clara o, dicho de otra forma, qué tienen que ocultar los vendedores de este material.

LA LEY SOBRE COMERCIO EXTERIOR

En diciembre del año 2007 el Parlamento aprobó la Ley de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. El texto, aunque mejorable, establece ciertas mejoras sobre la situación de los últimos años en materia de transparencia y control. Por ejemplo, se dará más información sobre los productos exportados, y se exigirá a las empresas que aporten documentos e información sobre los países de tránsito y los métodos de transporte. “Cada año mueren como media 300.000 personas en contextos de conflicto armado y otras 200.000 son abatidas por la violencia en sociedades con altos niveles de violencia social y criminal” También establece que el Gobierno, para autorizar o denegar una transferencia, debe tener en cuenta los informes sobre la situación de derechos humanos, etc., de la ONU y de otros organismos de reconocido prestigio. Y se someterán a control las armas y municiones de caza y tiro deportivo.

La mayoría de estos avances no aparecen en la información relativa al año 2007, dado que corresponde a ventas anteriores a su entrada en vigor. La Ley también amplía el control parlamentario. A partir de ahora, los diputados miembros de la Comisión de Defensa no sólo recibirán esos datos, sino que podrán elaborar un dictamen con cuestiones y recomendaciones al Gobierno, que éste deberá cumplir para el año siguiente (o justificar por qué no lo hace).

En este momento los diputados se encuentran debatiendo sobre ese dictamen, lo que puede ser una oportunidad para avanzar. Hay algunas preguntas que sería clave hacer: ¿Con qué criterios se han autorizado ventas a determinados países? ¿Se dispone de garantías de que no serán usadas con fines no previstos? ¿Se han tenido en cuenta los informes internacionales sobre la situación de derechos humanos? ¿Cómo se está interpretando el Código de Conducta?

ASUMIR RESPONSABILIDADES

En el mundo hay un arsenal de armas pequeñas y ligeras superior a los 600 millones de unidades y cada año se fabrican ocho millones más. “Aplicar la Ley de la forma más avanzada posible, es decir, estrictamente respetuosa con su espíritu y su letra, sería un buen ejemplo de compromiso con la paz” También cada año mueren como media 300.000 personas en contextos de conflicto armado y otras 200.000 son abatidas por la violencia en sociedades con altos niveles de violencia social y criminal. Es cierto que no son las armas las que causan la violencia, pero sin duda agravan sus efectos, incrementan su letalidad y la hacen más difícil de abordar. En países que salen de un conflicto, la proliferación pone en grave peligro los procesos de reconstrucción.

El mundo debería avanzar hacia una mayor regulación y control del comercio de armas por su coste humano, social e incluso económico, ya que obstaculizan un desarrollo sostenible. Están en marcha negociaciones para lograr un Tratado Internacional que regule estas transferencias. En el año 2006, la ONU decidió iniciar a redactar ese Tratado, con el apoyo de numerosos Gobiernos, y en 2007 más de cien Estados respondieron a la consulta del secretario general. Actualmente, 28 expertos gubernamentales de los cinco continentes debaten las líneas generales del Tratado.

Lograrlo sería un paso muy importante, pero además cada país debe asumir su responsabilidad. El Gobierno español, que apuesta por el multilateralismo y por la resolución pacífica de los conflictos en el ámbito internacional, podría demostrar que ese compromiso es real dando pasos para mejorar el control y la transparencia de las exportaciones de armas. Así quedaría claro que no sitúa los intereses comerciales por encima de los derechos humanos. Aplicar la Ley de la forma más avanzada posible, es decir, estrictamente respetuosa con su espíritu y su letra, sería un buen ejemplo de compromiso con la paz.