chavezymorales.jpgLa transformación de Venezuela y Bolivia reconocen un origen común en la crisis de representación y en la exclusión de las mayorías. Sin embargo, el proyecto que encabeza Evo Morales guarda una distancia prudencial respecto de las pretensiones de Hugo Chávez.

(Desde Buenos Aires) MÁS DE LA MITAD de los venezolanos que acudieron a las urnas el pasado 15 de febrero aprobaron, en consulta popular, la modificación de cinco artículos de la Constitución de 1999, revisión que permite la reelección ad eternum del presidente y de todos los cargos electivos.

En un contexto de crisis internacional caracterizado por el derrumbe del precio del petróleo, sumado a la presión de una oposición que venía de triunfar en recientes comicios locales en las principales gobernaciones y alcaldías, Hugo Chávez se jugaba en el referéndum constitucional una riesgosa parada para su proyecto de poder.

Contra todos los pronósticos –que auguraban una muy reñida contienda electoral–, el mandatario venezolano logró imponerse de manera contundente (54,3 por ciento contra 45,6 por ciento) en unas elecciones absolutamente limpias, que borraron de plano cualquier presunción de irregularidad.

DOS PROCESOS CON RASGOS COMUNES

«Por enésima vez, Chávez ha borrado con el codo lo escrito con la mano. Muy lejos ha quedado la idea de delegar el poder» El triunfo permitió que quedaran en el olvido las palabras pronunciadas por el propio Chávez en la madrugada del 3 de diciembre de 2007, luego de que los venezolanos rechazaran una amplia revisión del texto constitucional que incluía –al igual que en la reciente consulta popular–, la cláusula de la reelección presidencial ilimitada. Si gana el No, tendré que iniciar un proceso profundo de reflexión y pensar en quién puede sustituirme, señaló el mandatario entonces.

En esta oportunidad, avalado por las urnas, Chávez afirmó: En 2012 habrá elecciones presidenciales para el período 2013-2019 y, a menos que Dios o el pueblo dispongan otra cosa, este soldado es ya precandidato a la presidencia de la República. De este modo, y por enésima vez, el mandatario venezolano ha borrado con el codo lo escrito con la mano. Muy lejos ha quedado la idea de delegar el poder.

Hace un mes, por su parte, los bolivianos aprobaron una reforma constitucional que define al país como un Estado plurinacional, comunitario, democrático e intercultural. La nueva Carta Magna refuerza el rol del Estado en la economía, impide la concesión o privatización de servicios públicos esenciales, incluye un amplio abanico de derechos sociales, reconoce los usos y costumbres indígenas y habilita la posibilidad de una única reelección presidencial.

Está claro que los procesos políticos de Venezuela y Bolivia –en tanto se trata de experiencias autodenominadas revolucionarias— comparten ciertos rasgos comunes, principalmente la búsqueda de cambios profundos en el orden institucional, sus fundamentos económicos y estructuras sociales. La condición de posibilidad de estas experiencias –que suelen ser definidas bajo la difusa categoría de populismos– está dada por la confluencia de dos factores: la crisis del tradicional sistema de partidos políticos y la existencia de amplios grupos sociales que han sido excluidos del proceso económico.

¿ES DEMOCRÁTICA LA REELECCIÓN INDEFINIDA?

Más allá de estas similitudes, sin embargo, existen diferencias notables entre ambos procesos, muchas veces ocultas bajo el velo de la simplificación analítica. «La legalidad de la reforma no debería hacer perder de vista que la alternancia en el poder es una cualidad democrática básica de los regímenes representativos modernos» Así, se tienden a transpolar al caso boliviano ciertos rasgos propios del proclamado socialismo del siglo XXI de Chávez, entre ellos, la autopercepción de ser un proceso de transformación histórica destinado a perpetuarse y la búsqueda de construir una hegemonía política expresada a través de un espíritu de revancha contra los poderes tradicionales.

Detengámonos un instante en la cuestión de la reelección indefinida. En primer lugar, corresponde señalar que, como se afirma más arriba, la enmienda habilitante fue procesada de un modo absolutamente democrático. Desde luego, el empleo de recursos con fines de campaña por parte del oficialismo y la oposición ha sido de una enorme desproporción, fundamentalmente por el uso discrecional que el chavismo ha hecho del dinero del Estado con objetivos proselitistas. Sin embargo, es justo decirlo, este criticable accionar político se observa también en democracias representativas que, a diferencia del régimen bolivariano, gozan de una alta estima por parte de la prensa internacional.

Ahora bien, la legalidad de la reforma no debería hacer perder de vista que la alternancia en el poder, como sugiere el emérito profesor de Ciencia Política de la Universidad de Yale, Robert Dahl, es una cualidad democrática básica de los regímenes representativos modernos (o poliarquías, para emplear el término acuñado por el autor). En este sentido, la experiencia histórica enseña que el ejercicio permanente de un cargo público ha conducido invariablemente a la concentración del poder en una persona y, por lo tanto, al paralelo debilitamiento de los vitales esquemas de check and balances. El resultado es el anquilosamiento de las estructuras políticas como consecuencia de la obturación en la circulación de las élites dirigenciales, lo que impide el saludable ingreso de nuevos actores al sistema político.

BOLIVARIANISMO NO ES LO MISMO QUE DE BOLIVIA

También debe evitarse lo que, a mi juicio, es una inadecuada justificación de la cláusula reeleccionista sobre la base de comparaciones inexactas con el funcionamiento de los parlamentarismos o semiparlamentarismos europeos. Un ejemplo de este tipo de argumentación lo ofrece el profesor Atilio Borón: La existencia de una norma semejante (en referencia a la reelección indefinida) rige en los principales países de Europa: es por eso que Helmut Kohl pudo ser canciller de Alemania durante dieciséis años (…) Felipe González fue presidente del gobierno español durante catorce años y Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido por once años. «Los rasgos del bolivarianismo del siglo XXI no son, sin embargo, característicos de Bolivia»

Si bien los ejemplos empleados por este reputado académico argentino son precisos en cuanto a los períodos de estancia en el poder, los sistemas institucionales que han permitido tal permanencia son de naturaleza completamente diferente al de los presidencialismos latinoamericanos.

En los sistemas parlamentarios o semiparlamentarios europeos no existen límites temporales al ejercicio del poder, dado que las constituciones establecen otro tipo de cláusulas de equilibrio: el jefe del Estado es diferente del jefe de gobierno (primer ministro) y el Parlamento puede, en cualquier momento, desplazar al primer ministro mediante un voto de censura (mientras que, como contrapeso, el primer ministro puede fortalecer a su gobierno solicitando un voto de confianza del Parlamento). Así las cosas, y como correctamente ha sugerido el periodista José Natanson: Comparar los maduros sistemas europeos con nuestras jóvenes y titubeantes democracias, como si no se tratara de peras y manzanas, es un recurso argumental que ayuda poco a entender las cosas.

Los rasgos mencionados del bolivarianismo del siglo XXI –la autopercepción de ser un proceso destinado a perpetuarse y la búsqueda de construir una hegemonía política expresada como revancha contra los poderes tradicionales– no son, sin embargo, característicos de Bolivia. Contra el supuesto indigenismo revanchista de Evo Morales y su presunta prédica autoritaria, la Constitución Política del Estado boliviano (CPE) es un texto complejo, con sus debilidades e imperfecciones, pero que lejos está de querer perpetuar al presidente en el poder (que tiene derecho a una sola reelección, contabilizándose como primer período el actual mandato de Evo Morales, según la cláusula transitoria primera) y de intentar cristalizar una hegemonía política que excluya a los blancos del proceso decisorio.

NO TODO EN LA MISMA BOLSA

El constitucionalista argentino Roberto Gargarella ha afirmado con su lucidez habitual: La importancia que la Constitución asigna a la cuestión indígena es indudable y en su defensa caben señalar varios puntos. En primer lugar, más del 60 por ciento de la población total de Bolivia es indígena y estaba hasta ahora prácticamente excluida de todo poder real, lo cual representa una obvia y vergonzante injusticia histórica (…) Es muy claro que lo que se pretende es abrir algún lugar para los indígenas en la estructura de poder, antes que convertirlos en clase dominante (…) Para bien o para mal, la estructura de gobierno dominante seguirá siendo mayoritariamente ocupada por funcionarios blancos, en un país mayoritariamente indígena.

A renglón seguido, y con respecto a la cuestión reeleccionista, el catedrático agrega: Tampoco es cierto que la nueva Constitución aparezca al servicio de un presidente todopoderoso, o que venga a ayudar a que el mismo se eternice en el poder.

En definitiva, los actuales procesos de transformación político-institucional, económica y social que experimentan Venezuela y Bolivia reconocen un origen común en la crisis de representación política (con la consecuente implosión del tradicional sistema de partidos) y en la postergación económica de las grandes mayorías sociales. Sin embargo, una concienzuda y racional comparación, que evite poner poner todo en la misma bolsa, permite observar que el proyecto que encabeza Evo Morales en Bolivia guarda una distancia prudencial respecto de las pretensiones hegemónicas de Hugo Chávez en Venezuela.