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Argentina: cuando la Memoria y la Justicia caminan juntas

desaparecidosLas condenas a ex jefes militares del Regimiento de Campo de Mayo en la Argentina anunciadas en estos días son una nueva muestra del avance en el esclarecimiento y la sanción jurídica de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura que gobernó este país entre 1976 y 1983. Se trata, además, de otro resultado de una paciente y tenaz tarea de construcción de la democracia sobre bases éticas y de la actuación de la Justicia, que se fue abriendo camino entre logros y traspiés, progresos y retrocesos, interpretaciones dispares del pasado y posiciones encontradas en el presente. Una muestra de estas divergencias es la reciente polémica entre la ex dirigente de los Derechos Humanos Graciela Fernández Meijide –integrante de la célebre CONADEP que redactó el Informe Nunca Más- y el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, en torno a la cifra real de desaparecidos de la última dictadura.

Fernández Meijide reclamó veracidad en el número de casos, que según la documentación registrada no llegarían a los 9 mil, mientras el secretario Duhalde defendió el número de 30 mil desaparecidos, estimación que ha quedado fijada en el imaginario colectivo como un símbolo del carácter criminal y genocida que tuvo la represión ilegal implementada en aquellos años.

Mientras prosigue esa discusión, así como otras tantas vinculadas a la posibilidad de juzgar también como crímenes de lesa humanidad los asesinatos y acciones terroristas de las organizaciones armadas de extrema izquierda y extrema derecha previas al terrorismo de Estado durante los años ‘70, un tribunal federal de la localidad de San Martín llevó hasta su resolución la causa abierta por el asesinato de un adolescente de 14 años, a manos de fuerzas militares hace treinta y tres años. Floreal Avellaneda fue secuestrado junto a su madre el 15 de abril de 1976 por una pandilla de uniforme, llamadas en esa época “grupo de tareas”, que buscaban a su padre, un delegado gremial de militancia comunista.

Los Avellaneda fueron llevados primero a la Comisaría de Villa Martelli y luego a “El Campito”, uno de los centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron en Campo de Mayo, el más importante regimiento militar del país. Allí fueron torturados, lo que causó la muerte de Floreal, cuyo cadáver fue arrojado al Río de la Plata y apareció en las costas uruguayas. Su madre Iris sufrió un simulacro de fusilamiento y fue luego trasladada al penal de Olmos, a disposición del Poder Ejecutivo. El general Santiago Omar Riveros era el comandante de Institutos Militares, y controlaba la represión en la llamada Zona IV que comprendía los distritos del oeste y el norte del conurbano bonaerense. Su jefe de Inteligencia era el general Fernando Verplaetsen y el general Osvaldo García era el jefe del área militar donde vivía la familia Avellaneda.

Los tres ex altos jefes militares fueron acusados por éste y otros tantos crímenes aberrantes, resultaron beneficiados por las leyes de obediencia debida y los indultos y nuevamente procesados a partir de la derogación de dichas leyes y la declaración de imprescriptibilidad de los delitos por tratarse de crímenes de lesa humanidad. Se estima que pasaron por Campo de Mayo –el mismo sitio en el que realizaban su instrucción quienes cumplían el servicio militar obligatorio- más de cinco mil secuestrados. Cabe recordar que en la Argentina están detenidos cumpliendo condena los ex comandantes que aún quedan vivos, entre ellos el ex dictador Jorge Rafael Videla y los generales Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi, mientras se encuentran bajo proceso todos los acusados de tales crímenes cometidos durante ese período, el más oscuro de su historia. Esta causa llegó a juicio oral y el Tribunal integrado por los doctores Lucila Larrandart, Martha Milioc y Héctor Sagretti, encontró culpables del homicidio de Avellaneda a Riveros, Verplaetsen y García con condenas a prisión perpetua, 25 años y 18 años de prisión, respectivamente; penas que deberán cumplir en cárceles comunes.

Si fueron 30 mil o 9 mil los desaparecidos es un debate que corresponde proseguir a los historiadores, intelectuales, educadores y ciudadanos interesados por mejorar el conocimiento de la verdad histórica. Porque la verdad histórica es siempre, a nuestro entender, el resultado de un aprendizaje personal e intercambio colectivo entre verdades parciales y testimonios particulares, antes que una imagen inmóvil del pasado que se va desdibujando o transfigurando con el paso del tiempo. Lo cierto es que un caso, un solo caso, el del pibe Floreal Avellaneda salvajemente asesinado, un símbolo de la indefensión total frente al poder totalitario, sirvió para que tres de los más poderosos jerarcas militares que imperaron en este país, tres décadas más tarde, deban responder por sus actos ante el altar de la Justicia, rendir cuentas ante la sociedad y terminar sus días en la cárcel. Y aunque falta todavía que alguno de ellos pida perdón por lo que hicieron –ninguno lo ha hecho hasta el presente- lo cierto es que la sociedad y sus instituciones, civiles y militares, salen más fortalecidas y renovadas con cada una de estas sentencias que son un ejemplo para el mundo.