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El imperialismo socialista del siglo XXI en la agenda política y de seguridad para Colombia

gran-colombiaPor fin el pasado domingo el presidente Chávez hizo la declaración de voluntad que en buena hora demuestra sus intensiones expansionistas en Colombia. Esta vez no son sólo rumores o sospechas, Chávez está buscando por todos los medios imponer en Colombia su modelo de socialismo del siglo XXI, con el cual ha llevado al fracaso económico a Venezuela, acabando de paso con la democracia, sus instituciones y aboliendo las libertades fundamentales. Anoche anunció la ruptura de las relaciones con Colombia y afirmó nuevamente que el acuerdo militar con Estados Unidos representa una amenaza de guerra contra la revolución bolivariana.

Hace varios años escuche en el municipio de Landazury, Santander, que una Senadora de oposición había ofrecido en su campaña becas y tratamientos médicos en Venezuela, lo cual, en ese momento resultaba poco creíble y parte de una estrategia de campaña. Hace dos años en las elecciones para autoridades regionales pude constatar como el Movimiento Bolivariano tenía candidatos propios para las Alcaldías y Concejos Municipales en Santander. Ahora ya es oficial: el Movimiento Socialista Bolivariano cuenta con candidato propio a la Presidencia y buscará impulsar una lista al Senado de la República. Es claro que esto hace parte de la estrategia imperialista de Chávez para imponer en Colombia el chavismo a través de los mecanismos de la democracia electoral.

Estas acciones hacen parte de la guerra asimétrica ejecutada por Chávez contra las democracias liberales de la región. Es claro que el proyecto socialista necesita de Colombia para consolidar el bloque regional de poder. Por medio de la interferencia del chavismo a través de actores políticos que por desconocidos o poco influyentes no dejan de ser interferencia, así como las acciones de bloqueo económico, de presión energética, los ataques que van desde las groserías contra el pueblo y el gobierno colombiano hasta las falacias incoherentes frente a hechos ciertos y comprobados como los lanzacohetes AT-4 vendidos a Venezuela por Suecia y que aparecieron en manos de las Farc, son algunas las evidencias que sustentan la anterior afirmación.

Es de resaltar que en el caso de los lanzacohetes ya está demostrado que las versiones dadas por el mandatario venezolano no están acordes con la realidad y con los registros históricos que lo desmienten.

Lo cierto es que Chávez ha buscado la forma de desestabilizar por todos los medios al gobierno colombiano, y esto merece ser analizado y atendido con la debida consideración, pues pese a los pronunciamientos del pasado domingo algunos periodistas tratan de desviar la atención del tema restándole importancia y haciéndolo permisivo.

La no renovación del convenio de suministro de combustible en la frontera, la falta de pagos por las exportaciones y las afirmaciones de que Venezuela va a buscar lo que le compra a Colombia en otros mercados, lo cual por supuesto no será tan sencillo como él lo presenta, pues traer alimentos y carne desde Argentina no es lo mismo que desde Colombia, o un pedido de zapatos desde Bucaramanga nunca va a ser superado en calidad y tiempo por uno enviado desde China, son acciones que deben llamar a la unidad nacional entorno a salvaguardar, por encima de cualquier circunstancia, la dignidad y el honor patrio. Igualmente, el gobierno nacional debe buscar nuevos mercados y estrategias de comercialización más eficientes y menos dependientes.

Venezuela busca bloquear las relaciones comerciales con Colombia, lo que en últimas afecta al pueblo y a los trabajadores de las empresas que exportan a ese país, acciones francamente imperialistas del proceso de exportación de su modelo autocrático, que denotan la esencia del socialismo del Siglo XXI, acabar con el sector empresarial, incrementar el desempleo y desintegrar a pueblos hermanos.

El gobierno de Colombia requiere diseñar y poner en marcha una estrategia diplomática mucho más proactiva y no reactiva, es fundamental fortalecer la cooperación regional en contra del terrorismo y las organizaciones criminales que operan en el país y que hacen parte de estructuras transnacionales con incidencia en los países de la región. Estados Unidos debe apoyar en la explicación sobre la utilización de las bases colombianas, pues esta situación, que constituye una decisión soberana y legítima para luchar contra los criminales que buscan desestabilizar el país y tomarse el poder, entre otras para ponerlo al servicio del imperialismo socialista del Siglo XXI, debe ser apropiadamente explicada a países amigos como Chile, Perú o Brasil, garantizando los fines y medios del acuerdo militar.

La explicación no debe ser fruto de una presión desmedida por parte del grupo que ha logrado tomarse ya espacios como la OEA o la Unasur gracias a la chequera de Chávez y uno que otro mandatario que ya acogió el modelo económico nacionalista del ALBA, sino por el contrario, debe servir para fomentar medidas de confianza mutua con las democracias liberales que quedan en la región.

Adicionalmente, es necesario que se promuevan acuerdos de defensa mutua que reconozcan las nuevas amenazas a la seguridad regional y que consideren las relaciones no sólo de Colombia con Estados Unidos, sino la de otros países con regímenes como Irán o Rusia. De igual forma, que analicen con la seriedad del caso la venta de armas de países de la región a grupos narcoterroristas como las Farc.

El hecho de que Chávez hablé de guerra no debe ser considerado simplemente como una amenaza más, pues él no se refiere a una guerra convencional, sino a poner en marcha todos los medios de una guerra asimétrica, que en Colombia ya cuenta con operadores: políticos, económicos, sociales y armados. Para Chávez el Acuerdo Militar entre Colombia y Estados Unidos representa una amenaza a su revolución, dado que dicha revolución necesita de las Farc y los demás grupo terroristas vinculados al narcotráfico que utiliza las rutas de Venezuela para sacar la droga y para ingresar las armas que alimentan las acciones terroristas en Colombia y que estarán prestas a operar en todo el continente contra el enemigo de Chávez, la libertad.
Evidentemente este escenario promovido el presidente venezolano deberá estar en el centro de la agenda política colombiana para el 2010, año en el que se llevarán a cabo las elecciones al Congreso de la República, al Parlamento Andino y a la Presidencia. Será necesario que los partidos políticos y los candidatos a la primera magistratura del país tengan en cuenta el tema de la seguridad, la democracia no sólo electoral y el tema del desarrollo económico y social desde una perspectiva integral considerando las amenazas internas y las externas.

El país sigue enfrentando la amenaza de las Farc que continua operando, y contrario a lo que muchos afirman aún no están derrotadas, pues siguen llevando a cabo acciones terroristas de pequeña escala pero coordinadas a nivel nacional, lo que demuestra que las mismas mantienen su voluntad de lucha y sus estructuras de comando y control están funcionando. Por el lado militar y político las FARC cuentan con el apoyo o anuencia de países de la región, lo que les permite replegarse a nuevos santuarios tanto en el lado colombiano de las fronteras como en los territorios fronterizos de los países vecinos. Vale señalar que Alfonso Cano está modernizando las estructuras militares de dicha organización y cambiando el discurso político para tomar posición sobre temas de interés en determinados sectores de la sociedad colombiana.

Si bien es cierto que la Seguridad Democrática llevó seguridad y presencia del Estado a importantes extensiones rurales del país, la violencia empezó a trasladarse a las ciudades. Otro de los grandes retos para el Estado colombiano en el 2010 será frenar la escalada de violencia en las ciudades. El próximo gobierno con el apoyo del Congreso (esperemos sin congresistas vinculados al crimen organizado) deberá plantearse políticas más eficientes, eficaces e integrales para combatir la criminalidad que opera en las ciudades.

El reto para la seguridad democrática es mantenerse como política de Estado, pero replanteando el tema de la seguridad ciudadana, pues los índices de violencia y delitos son alarmantes, algunas de las causas son el narcotráfico y microtráfico acompañados de la expansión de las economías ilegales, los desplazados (que no encuentran oportunidades en las ciudades y pasan hacer parte de los cinturones de miseria), la pobreza, el desempleo, las acciones de las organizaciones criminales y la impunidad.

El reciente informe sobre los índices de pobreza y de miseria en el país es alarmante desde el punto de vista social, pero también político y de seguridad. El caldo de cultivo donde los proyectos criminales y violentos encuentran mayor acogida es entre las personas de escasos recursos. Las falsas promesas de mejorar sus condiciones de vida son el mejor aliciente para lograr aliados y llevar al pueblo a más condiciones de violencia. El país requiere una estrategia de desarrollo e inclusión económica y social de estos sectores marginados, o de lo contrario el asistencialismo del socialismo del Siglo XXI, que entre otras cosas lo que lleva es a crear más indigencia, encontrará acogida entre los más de 20 millones de colombianas y colombianas que viven en pobreza y exclusión.

Es fundamental que se fortalezca la institucionalidad, se procure una justicia operativa y efectiva, la inversión social y la generación de oportunidades deberá ser la piedra angular de las acciones del próximo Gobierno, especialmente respecto a los jóvenes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. De igual forma, será necesario el monitoreo y evaluación del proceso de reinserción.

La agenda de seguridad integral tendrá que mantenerse dentro de la legalidad y legitimidad debida, bajo ninguna circunstancia el Estado deberá ceder o perder el monopolio de la fuerza. Si bien, se deben crear estrategias para combatir la expansión del chavismo, el fortalecimiento de las Farc, las operaciones del PC3 (Partido Comunista Clandestino Colombiano) apoyados en el modelo de la inteligencia cubana (que opera desde hace mucho en Venezuela) y de la Coordinadora Continental Bolivariana, el Frente Bolivariano de Liberación o la Brigada Simón Bolívar, deberán contrarrestarse en el marco institucional y jurídico. Esto además permitirá consolidar las acciones legítimas del Gobierno en el terreno político nacional e internacional.

Entre las acciones para mantener la legitimidad, el actual gobierno deberá garantizar que en las próximas elecciones aquellas élites regionales que han fallado en su deber de conducir al desarrollo, y que por el contrario se han aliado con el crimen organizado, no logren acceder al poder. Es fundamental que el tema de la descentralización y por supuesto los agrarios sean parte de esta estrategia para consolidar la seguridad. Muchas de las élites regionales que hoy están investigadas, se han vinculado con el crimen organizado para mantener el monopolio rentístico de la tierra y del sector público municipal y departamental. Por esto, el Estado deberá hacer mayor presencia militar para el control territorial e institucional frente al proceso de reconocimiento de los derechos de la propiedad y al control de dichas élites regionales, que como se ha descubierto recientemente tienen tal nivel de poder que cuenta con la disponibilidad económica para tener en sus casas sumas en efectivo superiores al medio millón de dólares.

Asimismo, garantizar que el Plan de Acción Integral de las Fuerzas Armadas y Militares de Colombia se fortalezca se aplique tanto en lo rural como en lo urbano. La coordinación de todas las fuerzas bajo el principio de corresponsabilidad será fundamental para lograr el éxito. En este mismo sentido, se requerirá que el tema de la inteligencia en Colombia sea revaluado cuidadosamente, sin caer en las demagogias de quienes quieren acabarlo, sino apostarle a una transformación que lo democratice y le delimite su margen de acción. Para esto, el Congreso de la República deberá asumir un compromiso serio e irrestricto en el proceso de control y regulación.

Deberá aprovecharse el convenio militar con Estados Unidos y garantizar que los recursos tecnológicos suministren la información requerida con el fin de contrarrestar oportunamente las acciones de los grupos criminales o de los enemigos de la democracia. Adicionalmente, la información deberá servir para ganarse la confianza del pueblo, demostrándoles como se ha hecho asertivamente en el caso de las Farc, que se trata de criminales y asesinos.

Se tendrán que buscar los medios para aislar a estos actores, tanto nacionales como internacionales del control económico, político, militar y territorial por lo que las acciones del Gobierno entorno a los nuevos mercados, el diseño de una estrategia de política exterior más proactiva y el fortalecimiento institucional del Estados y de las Fuerzas Militares, deberán estar integrados.