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La catástrofe de los desplazados en Colombia

aldo-civicoHace pocos días, visité el Parque Tercer Milenio, una zona de Bogotá a pocas calles del Palacio Presidencial, ocupada por desplazados internos en protesta.

Desde mediados de marzo, unas 2.000 personas (un tercio de ellos menores) viven en el Parque Tercer Milenio en Bogotá, en pequeñas carpas hechas de nylon y trozos de madera. Ocupan el espacio público para hacer visible el drama de más de 4 millones de personas desplazadas por la fuerza, víctimas de la violencia política y de un conflicto interno prolongado.

Bajo el argumento del riesgo de una epidemia de gripe H1N1, que mató en Bogotá a 7 personas, el gobierno local cerró el campo con barreras y nylon verde y puso de vigilancia a escuadrones antidisturbios. Funcionarios del gobierno con camperas en rojo y amarillo, hacen guardia en la entrada del campamento con guantes de cirujano y máscaras de protección.

Nadie tiene acceso al campo, ni siquiera los oficiales del campo, más allá de los desplazados registrados, quienes deben llevar una foto con su identificación en el cuello. Para entrar, necesité la autorización de uno de los líderes de los desplazados.

Mientras daba unas vueltas por el campo, una mujer se me acercó y me preguntó con desconfianza quién me había dejado pasar. Un chico de unos 10 años me preguntó si tenía permiso para sacar fotos. Sospecha y escepticismo marcaban el ambiente del campo. Algunos líderes acusaban a los medios de distorsionar los motivos de la ocupación y de presentarlos como criminales. “Ellos piensan que estamos dedicados a las drogas y a la prostitución”, me dijo en un hombre en un perfecto inglés: “pero a pesar de que seamos desplazados no significa que seamos criminales o ignorantes”, añadió.

“No somos violentos, somos víctimas de la violencia”, me dijó otro joven que hizo énfasis en el carácter no violento de su protesta, e incluyó al Estado como un actor violento que rechaza sus derechos.

Mientras caminaba por el campo, la gente compartió impresiones de su drama. Una mujer, que trabajaba como maestra, me dijo que 12 de sus colegas fueron asesinados y me contó como tuvo que irse a otro lugar más seguro. Andrés, un hombre de unos veinte años, me dijo que su nombre aparece en la lista de los paramilitares. Un paseante me dijo que tuvo que dejar la ciudad cuando las Fuerzas Armadas llegaron para erradicar un campo de cultivo coca.

Cada uno de las conversaciones reflejó la complejidad y la profundidad de un conflicto que continúa produciendo victimas. “La situación nos desborda”, declaró hace pocos días el Intendente de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, “no podemos cerrar las fronteras de la ciudad”, explicó.

Echados de su tierra y privados de sus derechos como ciudadanos, uno se pregunta: ¿a dónde pertenecen estas personas y de qué sociedad son parte?

Después de la Segunda Guerra Mundial, Hannah Arendt centro su atención en los derechos de la gente sin Estado, el nuevo orden humano (o mejor dicho desorden) del siglo XX. La filosofa subrayó en varias ocasiones que esta condición no forma parte del estado natural de las cosas, sino que es producto de los acontecimientos políticos, causa de objetivos superfluos y utilitaristas de cierta gente para alcanzar sus objetivos económicos, políticos y sociales.

“La catástrofe de la falta de derechos”, escribió Hannah Arendt, “no es que están desposeídos de vida, derechos y de felicidad, o de igualdad ante la ley o de libertad de opinión, sino que las formulas que antes les servían para resolver los problemas dentro de sus comunidades, ya nos les sirven por que no pertenecen a ninguna comunidad”.

Los esfuerzos de mediación son ejecutados por la municipalidad, el gobierno nacional y los propios líderes de los desplazados. Para el Estado, hay una urgencia de resolver la situación porque la perpetuación del conflicto podría radicalizar las posiciones y las reivindicaciones de la población desplazada, y –algunos insinúan– podría favorecer la infiltración de intereses ligados a los grupos armados ilegales.

Orden, orden es el imperativo y la prioridad. Y los intereses de los desarraigados en riesgo de ser desplazados una vez más.

Aldo Civico es Director del Center for International Conflict Resolution de la Universidad de Columbia, en Nueva York.
ac1115@columbia.edu