nunca-masHace un cuarto de siglo, la democracia en América latina era un proyecto de destino incierto, una esperanza colectiva y una utopía a conquistar, rodeada de toda clase de condicionamientos, amenazas y obstáculos. La Argentina marcó un liderazgo en esa epopeya civilista con las primeras decisiones del presidente Raúl Alfonsín, entre ellas, la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuya actuación es hoy una referencia insoslayable en la historia de la democratización del continente y en los avances internacionales en materia de derechos humanos, derecho a la verdad, reconocimiento y condena de los crímenes de lesa humanidad y sanción de los delitos de genocidio.

Con la creación de la CONADEP, una comisión de notables encargada de recibir las denuncias, investigar y elaborar un informe sobre las secuelas de la llamada guerra sucia entre 1976 y 1983, quedó definido que no habría impunidad por los crímenes cometidos durante la última dictadura. El primer paso para la actuación de la justicia, era el derecho más elemental de conocer lo sucedido, de averiguar el destino de las víctimas, la identificación de los victimarios y las características de sus procederes.
No había muchos antecedentes de esta clase de Comisiones de la Verdad. Fue, sí, un primer precedente para otras tantas comisiones creadas luego, en más de 30 países; entre ellos, Chile (1990), El Salvador (1992), Haití (1995), Sudáfrica (1995), Guatemala (1997), Perú (2000). Estos organismos de investigación oficiales, temporales, no judiciales, encargados de indagar sobre abusos graves contra los derechos humanos, incluidos los crímenes contra el derecho internacional, y de determinar la verdad, concluyeron su trabajo con un informe final en el que se recogen los resultados de la investigación y se formulan recomendaciones.

De estas experiencias de reparación y construcción institucional fue surgiendo un consenso respecto de su valor como factores imprescindibles para superar guerras civiles, procesos traumáticos y heridas profundas en las transiciones de dictaduras a democracias y en lo que se da en llamar el “empoderamiento” de la sociedad civil frente a cualquier clase de despotismos o poderes autocráticos.

El Informe de la Conadep, plasmado en el libro “Nunca Más”, fue entregado al presidente Alfonsín en un solemne acto en la Casa de Gobierno el 20 de setiembre de 1984 en el que habló el presidente de la Comisión, el escritor Ernesto Sábato. Una multitud silenciosa colmaba la Plaza de Mayo. En cincuenta mil hojas, se documentaba la mayor represión que había sufrido el país en su historia.

Con minuciosidad, sin el empleo de frases altisonantes, con el simple expediente de acumular datos comprobados y de transcribir declaraciones formuladas en las denuncias, puso en evidencia la tragedia que vivió este país; la tortura, muerte y desaparición de miles de personas, el secuestro de bebés, los grupos de tareas y centros clandestinos de detención. Vale la pena recordar a los integrantes de aquella comisión que acompañaron a Sábato: Ricardo Colombres (jurista, ex – Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), René Favaloro (eminente médico cirujano), Hilario Fernández Long (ingeniero, Rector de la Universidad de Buenos Aires destituido por el golpe militar de 1966), Carlos Gattinoni (obispo metodista protestante), Gregorio Klimovsky (filósofo, científico, renunciante a sus cátedras universitarias en 1966), Marshall Meyer (rabino), Jaime de Nevares (obispo católico), Eduardo Rabossi (filósofo, jurista, renunciante a sus cátedras universitarias en 1966) y Magdalena Ruiz Guinazú (reconocida periodista).

El Informe adjuntaba una carpeta conteniendo los nombres de personas presuntamente involucradas en los crímenes; eran individuos que habían sido mencionadas en algunas de las declaraciones testimoniales y que la CONADEP había puesto en conocimiento de la Justicia al elevar sus denuncias. El mismo procedimiento fue seguido por la Subsecretaría de Derechos Humanos, por lo que los nombres que integraban la nómina llegaron, en definitiva, por la vía que correspondía, a los estrados judiciales. Si el régimen militar de los años ‘70 nos había hecho trágicamente famosos, a partir de entonces la democracia argentina se enorgullecía de ser un país que enfrentaba el pasado, que no le temía a la verdad, y que denunciaba con nombre y apellido los trágicos sucesos que habían enlutado su territorio.

El Informe y la documentación obtenida resultaron esenciales para la acusación fiscal en el trascendental juicio a la Juntas Militares, un año más tarde, que condenó a prisión perpetua a los ex comandantes. Fue y sigue siendo también la base de datos, como parte del Archivo Nacional de la Memoria, para los procesos judiciales contra los principales represores que se siguen llevando adelante en la actualidad.

Pero además, el “Nunca Más” se constituye como memoria de la sociedad, recordatorio histórico y referencia obligada que debería ser además una suerte de talismán protector para las actuales y futuras generaciones. Allí está el registro de lo que ocurre cuando una sociedad se hunde en el marasmo del terrorismo y el contra-terrorismo, tras haber perdido el basamento de una ética compartida, lo que constituye el fundamento de la vida democrática. No está de más recordar que dicho basamento puede perderse tanto en forma abrupta y cruenta, cuando irrumpe la violencia, cuanto de manera lenta, progresiva y hasta imperceptible, cuando los gobernantes, líderes políticos y actores más influyentes bajan la guardia y se entregan al “todo vale” de la crispación permanente, confundiendo medios con fines y descuidando el bien más preciado de una sociedad, el cultivo y la protección de la vida en común, de la convivencia civilizada.