Julio César Casarín Barroso Silva hace un balance de las elecciones en Brasil y explica cuáles son a partir de ahora las grandes incógnitas políticas tras el imponente triunfo de Lula. Casarín Barroso descarta la radicalización del Partido de la Social Democracia Brasileña (oposición) y cree que hay que esperar para saber si Lula podrá llevar a cabo una política de desarrollo económico e implementar las urgentes medidas de distribución de los ingresos en una de las sociedades más desiguales del planeta.

EL PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, del Partido de los Trabajadores, fue reelegido con un 61 por ciento de los votos el pasado 29 de octubre por un período de cuatro años más.

En números absolutos, obtuvo 58 millones de votos, un récord. Su adversario de derechas, Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña realizó la hazaña de tener en un ballotage menos votos de los que obtuvo en la primera vuelta (39 y 42 por ciento, respectivamente). La victoria se vuelve aún más notoria porque de los 27 gobernadores de Estado elegidos, 17 son aliados del gobierno del PT.

Es necesario además tener en cuenta que desde hace un año y medio el gobierno ha sufrido un bombardeo periodístico implacable; sólo entonces puede entenderse la amplitud de la victoria.

LOS POBRES, CON EL PRESIDENTE
Algunas de las razones del triunfo ya han sido anticipadas en este espacio. El recelo al neoliberalismo del candidato de la oposición llevó a movimientos sociales y a parte de la intelectualidad progresista –antiguos aliados del partido de gobierno, pero que se habían apartado de la administración a lo largo del mandato de Lula– a la campaña del presidente. Los programas sociales consolidaron el apoyo de los más pobres al gobierno.

Pero, además, hay otros factores. Quizá el principal de ellos haya sido el dominio de Lula sobre la agenda política de la segunda vuelta. Como es sabido, controlar la agenda trae aparejado la victoria electoral. Esto provocó que Alckmin tuviera que dar múltiples explicaciones: negó tener intención de privatizar las empresas públicas –que aún quedan– así como su supuesta intención de poner término a los programas sociales.

PRIVATIZACIONES IMPOPULARES
Todo el mundo sabe que durante el período en el que el partido de Alckmin estuvo en el gobierno (1995-2002) prácticamente todas las empresas públicas fueron vendidas. Empeoramientos en los servicios prestados y aumento desaforado de las tarifas hicieron que las privatizaciones se volvieran extremadamente impopulares, sentimiento que el gobierno supo aprovechar: acusó a Alckmin de planear la privatización de los bancos públicos restantes y de la petrolera Petrobrás.

Alckmin, por su parte, no supo convencer a los electores en este aspecto, y además provocó fricciones con una parte considerable de su partido, que esperaba que el candidato defendiese dichas políticas.

El bienvenido aumento del debate propiamente político en las últimas semanas sirvió para dejar claras algunas diferencias entre los candidatos, principalmente en lo que se refiere al papel del Estado en la reducción de la pobreza y en la política exterior. En este último punto, se contraponían la aproximación sur-sur defendida por Lula –dar prioridad a la relación con los vecinos latinoamericanos– con el retorno de una relación privilegiada con Estados Unidos, defendido por el candidato de la oposición.

LOS RETOS POR DELANTE
A pesar de lo anterior, el PSDB conquistó el gobierno de Estados significativos y se consolidó como el grupo opositor más importante. La derrota más fuerte la sufrió su aliado, el Partido del Frente Liberal (PFL), heredero de la dictadura militar que tuvo tan sólo un gobernador elegido y vio aminorar su bancada parlamentaria y su fuerza política.

Quedan, como grandes incógnitas políticas, el comportamiento de la oposición y los rumbos generales del gobierno. Algunos miembros del PSDB hablan de una tercera vuelta, es decir, de una radicalización de su comportamiento opositor, lo que conllevaría a un escenario de venezuelización, a pesar de que el gobierno se parece muy poco al de Venezuela.

Los gobernadores electos por el PSDB se oponen a dicha postura, pues necesitan canales de comunicación con el gobierno federal para tener posibilidades de éxito en sus Estados.

En cuanto al gobierno de Lula, habrá que esperar para saber si podrá llevar a cabo una política económica desarrollista, capaz de producir crecimiento económico (el país está creciendo a tasas muy bajas) y que permita ampliar su agenda social, realizando las medidas urgentes de distribución de ingresos en una de las sociedades más desiguales del planeta.