España, dos políticas antiterroristas

Javier Ortiz explica por qué las diferencias sobre las formas de enfrentar al terrorismo de ETA entre el PP y el PSOE –los dos principales partidos políticos españoles– no son simples discrepancias tácticas, sino posiciones de principio difícilmente compatibles. Para el PSOE, lo inaceptable de ETA no radica en su ideología separatista, sino en que mate, extorsione y cause estragos; el PP considera, por su parte, que el terrorismo de la organización es consecuencia del nacionalismo vasco que se traduce en exclusión, intolerancia e imposición. O uno de los dos renuncia a lo esencial de sus postulados, escribe Ortiz, o seguirá habiendo dos políticas antiterroristas.

Javier Ortiz es columnista del diario El Mundo y comentarista político de la radio y la televisión públicas vascas. Ha sido subdirector de El Mundo y responsable de sus páginas de opinión. Ejerce de periodista desde los 18 años. Durante el franquismo padeció cárcel y exilio por razones políticas. Ha escrito en muy diversos medios españoles y extranjeros. Tiene publicados ocho libros.

LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS DOS PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS ESPAÑOLES en cuanto a la política que debe seguirse para combatir el terrorismo de ETA parecen insalvables.

Son muchos los que piensan que ello se debe a la escasa altura de miras del uno, del otro, o de ambos. Tanto los favorables al Partido Socialista (PSOE), en el Gobierno, como los seguidores de los demás partidos parlamentarios de izquierda, nacionalistas y regionalistas, sostienen que el Partido Popular (PP), situado en posiciones de oposición tajante desde la derecha, actúa movido por mezquinas ambiciones electorales. El PP, por su parte, acusa al PSOE de seguir una línea vacilante y blanda frente al terrorismo separatista para ganarse los votos parlamentarios de los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, que le son necesarios para gobernar, dado que no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Con independencia de que las motivaciones meramente partidistas tengan peso en la conformación de las actitudes de los unos y los otros –cosa por otro lado inevitable, viéndose todos ellos a cuatro meses de las elecciones municipales y de numerosas citas electorales autonómicas–, lo cierto es que las divergencias entre el PSOE y el PP en materia de política antiterrorista son más profundas. Se desprenden de sus respectivas concepciones del fenómeno terrorista, que con el tiempo se han hecho incompatibles.

EL PACTO ANTITERRORISTA
El PSOE, que retoma con ello la posición que fue común entre los partidos democráticos durante la década de los ochenta y parte de los noventa, sostiene que lo inaceptable de ETA, aquello por lo que la organización terrorista debe ser perseguida sin cuartel, no es su ideología separatista, sino que mate, extorsione y cause estragos para tratar de imponerla.

El PP, por su parte, considera que el terrorismo de ETA no es sino el destilado inevitable y en cierto modo natural del nacionalismo vasco como tal, que llevaría en sus entrañas mismas el germen de la exclusión, la intolerancia y la imposición. En línea con ello, sostiene que el aislamiento y el hostigamiento políticos del nacionalismo vasco son elementos clave de la lucha antiterrorista: se trataría de atacar a la raíz del mal.

Conviene tener en cuenta que, si bien el Partido Socialista defiende el análisis antes mencionado –que es, como queda dicho, el mismo que defendió en el pasado–, hubo un periodo considerable de tiempo (entre 1998 y 2004, más o menos) durante el cual sus planteamientos apenas difirieron de los del PP. De hecho, el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, comúnmente conocido como Pacto Antiterrorista, suscrito en diciembre de 2000 entre el PSOE y el PP, entonces en el Gobierno, responde plenamente a la concepción que el partido de la derecha sigue haciendo suya en la actualidad.

PERSPECTIVAS DISCREPANTES
Pero no es el PSOE el único que cambia de política según los tiempos. Los dirigentes del PP rubricaron en su día el Acuerdo para la Pacificación y Normalización de Euskadi (el llamado Pacto de Ajuria Enea), cuyos análisis y propuestas encajan ciento por ciento con la actual política antiterrorista del Gobierno. Ahora no quieren saber nada de aquello.

Alegan ambos que la situación ha cambiado. El PSOE entiende que la realidad de hoy no es la de 2000, y el PP, que las cosas no están ni mucho menos como en 1988. A ninguno de los dos le falta su tanto de razón, aunque al PP habría que recordarle que la situación de 1988 era muy diferente de la actual, sí, pero para peor: el Pacto de Ajuria Enea se firmó al poco de cerrarse un año en el que ETA había matado a 52 personas. Pese a ello, el Acuerdo en cuestión propugnaba el fin dialogado de la violencia terrorista.

Se desprende de todo ello que no estamos ante meras discrepancias tácticas o de apreciación, sino ante posiciones de principio difícilmente compatibles, si es que no incompatibles del todo. O uno de los dos renuncia a lo esencial de sus postulados, o se ve mal sobre qué terreno podrían alcanzar un acuerdo, así fuera de mínimos.

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