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Setecientos mil polacos bajo sospecha

La obsesión anticomunista de los gemelos Kaczynski [1]

Por Mercedes Herrero (para Safe Democracy)

Mercedes Herrero de la Fuente analiza la Ley de Limpieza que obliga a miles de ciudadanos polacos a demostrar –a través de una declaración– que nunca colaboraron con los servicios secretos del régimen comunista. La normativa, impulsada por los gemelos Kaczynski –quienes ocupan los cargos de presidente y primer ministro respectivamente–, ha dividido a la opinión pública polaca: están los que buscan conocer la verdad sobre su pasado y quienes piensan que la medida es un ataque directo a la privacidad. En todo caso, lo paradójico de todo esto es que la inocencia o no de los ciudadanos implicados se demostrará a través de información obtenida de los archivos de los antiguos servicios secretos.


[2] Mercedes Herrero de la Fuente es profesora asociada de Periodismo Internacional en la Universidad Antonio de Nebrija (España) y productora en los Informativos de TELEMADRID.

700.000 POLACOS BAJO SOSPECHA. Este es el resultado más inmediato de la nueva Ley de Limpieza que recientemente entró en vigor en Polonia. La obsesión anticomunista de los gemelos Kaczynski –quienes ostentan los cargos de primer ministro y presidente del país respectivamente– se ha materializado en una norma que obliga a miles de ciudadanos adscritos a numerosos ámbitos profesionales, públicos y privados, a demostrar que nunca colaboraron con los servicios secretos del régimen comunista.

Para ello tendrán que presentar un certificado con una declaración, que será cotejada con los datos recogidos sobre cada uno de los afectados en los archivos de la antigua policía secreta. La ley se aplica sobre aquellos que eran mayores de edad antes de 1989 (fecha en que se inició la transición democrática) y que en la actualidad trabajan como funcionarios de cualquier rango, profesores, periodistas, directores de empresa, corredores de bolsa, directivos en la banca, etc. En caso de que su declaración sea falsa o no presentada podrán ser sancionados con una suspensión de empleo de diez años. En las empresas privadas, el castigo queda en manos del correspondiente empresario.

[3] CONSECUENCIAS DE LA NORMATIVA
La normativa ha creado una gran polémica en la opinión pública, dividida entre los que la interpretan como un intento de desvelar la verdad sobre su pasado y los que creen que atenta contra la privacidad de los ciudadanos. Para estos últimos se trata de una muestra más del anticomunismo feroz promovido por el gobierno derechista, así como de un intento de desviar la atención sobre los verdaderos problemas de Polonia. Para los que se oponen a la ley, la única esperanza ahora es el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, que tendrá que resolverse a mediados de Mayo. La fecha coincide con el plazo de dos meses fijado para presentar las declaraciones. Tampoco faltan aquellos que se han declarado objetores y han anunciado su boicot a la norma.

Uno de los aspectos más contradictorios de la misma es que la inocencia de los ciudadanos implicados va a ser probada utilizando una información elaborada por los antiguos servicios secretos. No se tiene en cuenta que los informes de sus agentes pueden ser falsos en algunos casos (ya que pretendían impresionar a sus superiores), ni que los nombres de muchos ciudadanos –como aquellos que combatieron la dictadura comunista– aparecerán por el sólo hecho de que eran objetivo de la policía. Por otro lado, el Instituto Nacional de la Memoria, organismo que gestiona tales archivos, quedará probablemente colapsado por la cantidad ingente de certificados que tendrá que cotejar. Además, la posibilidad de recurrir legalmente las decisiones de dicho instituto puede colapsar los tribunales polacos durante años.

A principios de año la aparición en Internet de un listado de 240.000 nombres procedentes de los archivos secretos provocó ya una gran conmoción en Polonia. El periodista del diario nacional Rzeczpospolita, Bronislaw Wildstein, extrajo dicha información clasificada y la colgó en la red. El Instituto Nacional de la Memoria se apresuró a decir que la lista de identidades estaba incompleta (en realidad incluiría más de un millón y medio de nombres) y además no distinguía entre espías en el extranjero, agentes secretos, confidentes, personas vigiladas por la policía, etc.

[4] PARTICIPACIÓN ECLESIÁSTICA
Otro punto relevante de la nueva ley es que los sacerdotes están exentos de realizar esta declaración. Tal excepción no parece coherente con los últimos acontecimientos vividos por la Iglesia Católica polaca, entre los que destaca la dimisión de Stanislaw Wielgus como arzobispo de Varsovia, hecha pública durante la misa en la que se celebraba dicho nombramiento. La renuncia se produjo al probarse su colaboración con el régimen anterior, hecho que había sido negado tanto por Wielgus como por la jerarquía eclesiástica polaca, quien defendió fervientemente ante el Vaticano su candidatura como arzobispo de la capital.

Además, un libro publicado el mes pasado por el sacerdote Tadeusz Isakowicz-Zaleski saca a la luz otros muchos casos de colaboración en el seno de la Iglesia. Según datos extraídos de los archivos comunistas, unos 30.000 miembros de la misma habrían colaborado con los servicios secretos. La cifra representa entre el 10 y el 15 por ciento de sus miembros, lo que sitúa a la Iglesia –aproximadamente– en el mismo grado de cooperación que otros ámbitos de la sociedad polaca. El libro de Isakowicz-Zaleski se ha publicado a pesar de la prohibición impuesta por el arzobispado de Cracovia para llevar a cabo tal investigación y desvela el oscuro pasado de cuatro actuales obispos.

APOYO MENGUANTE
Hasta ahora y según una ley de 1997, sólo los políticos y altos cargos públicos estaban obligados a declarar sobre su colaboración con el régimen comunista. Más de 20.000 personas se han visto afectadas por dicha norma, entre las que figura el propio ex-presidente Lech Walesa, quien fue absuelto por la justicia de su presunta condición de agente secreto en el año 2000.

Según una encuesta del Centro de Investigación de la Opinión Pública (CBOS), el 58 por ciento de los ciudadanos apoyaba la apertura de los archivos secretos. Sin embargo, sólo unos días después de entrar en vigor la nueva ley parece que el respaldo a dicha iniciativa ya ha bajado varios enteros.

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