Una región que redefine su política económica

Por Pablo Martínez Sameck (para Safe Democracy)

Pablo Martínez Sameck reflexiona sobre la mayor presencia del Estado en América Latina y dice que no se trata de una regresión al populismo, al autoritarismo o al desbordante intervencionismo estatal, sino de un giro copernicano que reclama la mayor presencia del Estado en la economía. Martínez Sameck explica por qué la democracia y la igualdad en la región, así como un menor grado de autoritarismo y de exclusión, están inevitablemente asociadas a una mayor intervención del Estado.


Pablo Martínez Sameck es sociólogo, catedrático e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Es consultor de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y vice-rector por la misma universidad. Fue subsecretario de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la convención nacional constituyente para la reforma de la Constitución de Argentina.

LA DECISIÓN DEL GOBIERNO VENEZOLANO de renacionalizar las empresas estratégicas marca un hito en el que viene desarrollando América Latina. Giro que se expresa con alborotadora incomprensión para algunos y, salvo los grupos más sustantivistas de la izquierda tradicional –siempre a la búsqueda de una vuelta más de tuerca–, comienza a poseer un grado de acompañamiento que plasma un sentido común generalizable, muy difícil de alcanzar pocos años atrás.

La respuesta debe ser interpretada en su medida y sin dramatizaciones. Junto con la aceptación del mercado –en mayor o menor grado– como componente de las relaciones económicas, pareciera ser que sus fundamentos son el producto de un balance sobre cómo las relaciones mercantiles han incidido en materia social y de diversos modos en la región que, después de sopesar los costos de haber cumplido a rajatabla con los recetarios más exigentes, extrajeran negativas conclusiones sobre sus resultados.

CAMBIO DE SENTIDO
Esto requiere del esfuerzo de no ser simplista. Tal reduccionismo se presentaría como incomprensible para ciertas ortodoxias, como para la burocracia de los grandes organismos del crédito, incapaces de la mínima autocrítica acerca de sus desaciertos. Resultaría cándido adjudicarlo a un mero potencial de comprensión intelectual. Ello implicaría la cronificación de un prejuicio.

Si se lo lee puntillosamente, permite comprender que es el producto de cómo el camino de aquel pasado arrastró a un conjunto de países heterogéneos, con relaciones de fuerza propias y culturas tan disímiles, a expresarse de manera confluyente con matrices de políticas de Estado análogas al sur del Río Bravo. El grueso, excepto Colombia, extrajo una conclusión común: más vale juntos, que una muerte asegurada por asfixia. No está al margen de este tipo de pensamiento la reacción a las políticas libre-mercadistas in extremis que se implantaron por décadas en el hemisferio.

Sus consecuencias se encuentran a la vista, salvo para aquellos que posean intereses expresamente en contrario, se debiera hacer el esfuerzo de interpretarlas como lo que son: el cambio de sentido de una época. Tal orientación está nítidamente asociada a un pasado con graves polarizaciones y derrotas. Los Estados populistas de fines de la segunda posguerra, y aún las experiencias desarrollistas, respondían también a los supuestos de un tipo de pensamiento nutrido por una perspectiva de la época: la del Welfare State (Estado de bienestar).

PÉRDIDA DE SUSTANCIA DEMOCRÁTICA
El derrumbe de procurar una acrítica vuelta al capitalismo de libre concurrencia vino a señalar una realidad plena de asimetrías y prejuicios que resultan imposibles de sostener. Cuando Chávez declama: aquí no se privatiza más nada, si se lo lee por fuera del prejuicio etnocéntrico, viene a expresar tanto el hartazgo por las derrotas, como el señalado sentido de un cambio de época. El vocinglero presidente del país caribeño debe ser interpretado por fuera de toda anatema. Sin palabras incendiarias, con expresiones simples, dijo: Esto es muy sencillo, el Estado dio a gerenciar ciertas cosas a los privados y ahora, revisa los resultados, no está conforme, y les dice, señores, dejen, vamos a seguir haciéndolo nosotros.

En Argentina, la política del Estado Nacional, de deserción de sus responsabilidades fundamentales, condujo a la profundización del desequilibrio de la economía, la desarticulación de las redes sociales y la devaluación de la política y los políticos, con toda su posible calificación moral. Este fenómeno está asociado a la pérdida de sustancia democrática, consecuencia de la evasión de importantes sectores en la producción de bienes y servicios estratégicos de la esfera de gestión pública. Su traspaso a manos privadas implicó no sólo un cambio del tipo de propiedad, sino la reconversión al ámbito mercantil de bienes que constituían servicios indispensables respecto de derechos económicos y sociales de ciudadanía política y social. Otras actividades transferidas por el Estado, sometieron por mecanismos de pura lógica del mercado la asignación de recursos de actividades productivas estratégicas para el desarrollo nacional.

CRECIMIENTO NO IMPLICA DESARROLLO
Una conclusión que unifica a toda la región es que crecimiento no resulta ser ya sinónimo de desarrollo. Es más, en el actual período de globalización, resulta ser un síntoma más de la cronificación de asimetrías insalvables, si no se produce la intervención reparadora de la política y del Estado. El balance de aquel pasado permite ver que las decisiones que definían las orientaciones de largo plazo del proyecto de país, las cuestiones más decisivas del orden social, fueron sustraídas del Estado y entregadas al mercado. Un proceso de erradicación de la ciudadanía de ámbitos trascendentales de la vida económica y social.

Una época en las sociedades resultaron despojadas de derechos, reducido a meros consumidores, y como una consecuencia central del nuevo estado de cosas: los excluidos del empleo, dejaron de ser consumidores –por la misma lógica mercantil–, perdiendo también su carácter de ciudadanos. Fueron tiempos en los que el destino de los recursos de la Nación permaneció sustraído de los mecanismos de decisión democrática, y los gobiernos elegidos por el pueblo –por su abandono de objetivos del sostén de una política de empleo– dejaron de tener definiciones básicas de inclusión social.

La derecha latinoamericana, primero, a sangre y fuego y con regímenes terroristas arrebató el poder al Estado para, después, encarnarse en propuestas electorales continuistas de los proyectos neoliberales. Hoy, se resiste a los procesos de transformación iniciados con el nuevo milenio. Enfrenta y ataca al conjunto de los gobiernos que rescaten una fuerte impronta de intervención pública en la economía y procuren una mayor igualdad e inclusión, así como también toda construcción de naciones económicamente independientes, y sustrae todo respaldo decidido a la profundización del MERCOSUR y la integración regional.

EL PLANTEAMIENTO DE LA DERECHA
Esa derecha, con fuerte capacidad para influir en la opinión pública, en el sentido que controla casi por completo los medios de prensa, presenta una versión invertida de la democracia, plantea que las nacionalizaciones son autoritarias y que el aumento de la intervención pública y el poder estatal contradicen a la democracia. En realidad, menos ciudadanía y más poder privado son elementos expropiatorios de la democracia sustantiva, condición que implica mayor respeto por los intereses de las mayorías en las decisiones sobre las cuestiones esenciales del país.

En Venezuela son los golpistas, que el pueblo mayoritariamente chavista derrotó, quienes lo acusan de autoritario, quienes se resisten a la recuperación por parte del Estado de la gestión y definición estratégica en materia de decisiones económicas. En Argentina lo hacen los círculos de poder que –siendo beneficiarios directos de aquel abandono por parte del Estado de todas las empresas estratégicas– apoyaron los golpes, propusieron la renuncia a la moneda propia mediante la dolarización, atacan la política de derechos humanos del gobierno y proponen reconciliaciones en lugar de justicia. Hoy también Argentina se encamina con un proyecto con más Estado, con una intervención más decidida para promover el desarrollo, para redistribuir el ingreso, para reducir la pobreza.

DIVERSIDAD POLÍTICA Y CULTURAL
El correo, el control de las ondas radioeléctricas, el agua, pasaron a la esfera pública. No se pasaron por alto otros incumplimientos, como el caso de los aeropuertos, cuyas deudas con el Estado se cobraron en acciones. Se creó Enarsa, primer paso para recuperar las decisiones estratégicas en materia de hidrocarburos. Se transita el camino por recuperar una empresa de aeronavegación de bandera. Se implementan políticas de ingresos (precios y salarios). Se renegocia la deuda con un enfoque soberano y con una actitud de fortaleza frente al poder financiero. Se interviene en el ámbito cambiario. Se adoptan líneas de acción de defensa del abastecimiento de bienes esenciales para la canasta familiar.

Democracia e igualdad, menos autoritarismo y exclusión, están asociados a una mayor presencia del Estado en la economía. Las nacionalizaciones de la Venezuela son un signo de la época, decisiones propias de un Estado soberano que dice transitar hacia el socialismo del siglo XXI. La Argentina de Kirchner admite el ejercicio del poder soberano de un Estado par, socio en el MERCOSUR, pero señala también que en su país las relaciones son capitalistas. Algo debió haberse hecho muy mal para que tal diversidad política y cultural esté tan definidamente alineada dentro del grueso continental, de manera tan sólidamente fraguada bajo patrones de mutua defensa frente a los monocordes e indiscriminados recetarios del pasado.

La Fundación Safe Democracy le invita a suscribirse gratis a los dos boletines electrónicos semanales (martes y jueves), con el análisis y los comentarios de nuestros expertos internacionales (pinche aquí).