Nadie duda de que los fondos estructurales de la Unión Europea han contribuido de manera irrefutable al crecimiento de España en los últimos veinte años. Con todo, existen aspectos en los que mejorar para situar al país a la altura de sus socios europeos, sobre todo en productividad, alta tecnología, investigación, ecología e innovación.
EL BALANCE DEL USO de los fondos estructurales europeos ha sido sin duda positivo para el desarrollo socio-económico español de los últimos 20 años. Ello ha coincidido con el despliegue del estado de las autonomías. Mientras que en 1985 sólo Baleares superaba la media de los 15 países de la Unión Europea, veinte años después ya eran siete las comunidades autónomas que lo hacían (Baleares, Cataluña, País Vasco, Madrid, Navarra, La Rioja y Aragón). Además, el estado de las autonomías, lejos de aumentar las diferencias de renta entre los territorios, tal como algunos de sus críticos postulaban, presenta actualmente diferencias mucho menores en relación a la media general española de renta por habitante. Es decir, las desigualdades entre comunidades han disminuido en el periodo 1986-2007.

En términos generales, las inversiones del poder central y de las autonomías se han situado principalmente en infraestructuras y en capital humano. Sólo hablando de carreteras, por ejemplo, el porcentaje de autopistas se ha sextuplicado en España en relación a 1985. Sin embargo, tras el balance general positivo del uso de los fondos en las dos últimas décadas aparecen también algunos elementos que plantean importantes interrogantes de futuro. Especialmente en el horizonte europeo marcado por la agenda de Lisboa. Donde se percibe una situación más precaria de cara al futuro es en la productividad, la alta tecnología, la investigación, desarrollo e innovación, y en ecología.

BALANCE SUSCEPTIBLE DE MEJORA

La productividad media no sólo no ha aumentado, sino que muestra una tendencia descendente en los últimos años (un 83 por ciento de la media de la Unión Europea). Suelen aducirse dos causas: el incremento de los contratos temporales (31 por ciento del total de contratos en el 2005, que representa un porcentaje más del doble respecto a Europa) y la subsiguiente precariedad y rotación en los puestos de trabajo, y una infrautilización de las nuevas tecnologías.

Si bien el número de licenciados universitarios ha crecido en números relativos respecto a Europa, España se sitúa un 18 por ciento por debajo en los estudiantes que terminan los estudios secundarios. Por otra parte, las exportaciones españolas con alta tecnologías sólo suponen el 6 por ciento del total, sin que se atisbe un aumento relativo en el futuro.

En investigación e innovación las cifras son decepcionantes. Mientras la inversión en España, en números redondos, se sitúa alrededor del uno por ciento del PIB, la UE-15 invierte el 2 por ciento (2,6 por ciento en Estados Unidos; más del 3 por ciento en Japón). El gasto en tecnologías de la información y comunicaciones también es sólo del 50 por ciento de la media europea. El número de patentes en España es escandalosamente bajo: alrededor del 20 por ciento de la tasa de la UE-15. Finalmente, los índices de contaminación resultan bastante vergonzosos: más del 50 por ciento de emisión de gases de efecto invernadero que la UE-15.

En definitiva, un balance positivo, pero con importantes aspectos estructurales por mejorar.