fujigarcia.jpgAlberto Fujimori, ex presidende de Perú, ha recibido beneficios penitenciarios justo cuando el partido gobernante de Alan García (APRA) ha logrado los votos del fujimorismo en el Congreso. ¿Existe una alianza entre el presidente Alan García y Fujimori? ¿Qué esconden estos (supuestos) privilegios? Mario Vargas Llosa cree que esta alianza sería una catástrofe política para Perú. Entienda por qué.

(Desde Madrid) ALBERTO FUJIMORI LLEGÓ A LA PRESIDENCIA por primera vez en 1990, gracias, entre otros puntos, al apoyo que le dio el APRA, el partido del presidente Alan García. El APRA tuvo la consigna interna de que sus votantes apoyaran a Fujimori porque prefería que ganara el entonces desconocido Fujimori antes que el escritor Mario Vargas Llosa. La alianza duró poco. Fujimori y Vladimiro Montesinos, en su particular escalada de despropósitos y presuntos delitos, llegaron supuestamente a ordenar dar muerte a Alan García, quien tuvo que refugiarse en la embajada de Colombia de Lima.

La historia es curiosa y cíclica. Porque todo indicaría que la alianza APRA-fujimorismo podría estar viviendo su renacimiento. «Fujimori ahora puede realizar llamadas telefónicas y recibir visitas sin restricciones» Una situación más que preocupante, como ha señalado al diario El Comercio el propio Vargas Llosa, actualmente una de las personalidades peruanas más respetadas que, a la sazón, elogia la política liberal y económicamente responsable que despliega García en su actual segundo mandato.

Y es que Perú vive desde hace unos días sumido en una ebullición de comentarios porque a Fujimori, preso para responder, entre otras causas por acusaciones de delitos de lesa humanidad, se le ha cambiado el régimen carcelario de especial a ordinario. Esto significa que ahora puede realizar llamadas telefónicas y recibir visitas sin restricciones. Así, han pasado por su celda una pléyade de personajes que van desde artistas internacionales hasta videntes y brujas a las que el ex presidente consulta de todo, por lo visto.

UNA INTERPRETACIÓN SUBJETIVA DE LA LEY

Por lo que implica de agravio comparativo con otros reclusos y porque uno se pregunta a cambio de qué se conceden estos privilegios, la noticia en sí misma es alarmante. «Para muchos, a Fujimori le corresponde el régimen cerrado (especial), pues está acusado de ordenar acciones al grupo Colina» Así lo ha reconocido el propio jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Leonardo Caparrós, quien ha dicho que el cambio de régimen es fruto de una interpretación subjetiva de la ley, que establece condiciones más duras de encierro para acusados de pertenecer a grupos delictivos.

La lectura que le dio el organismo gubernamental es que ese régimen se aplica para los acusados de asociación ilícita, según ha informado la agencia DPA. Nos basamos en que (Fujimori) no estaba procesado por asociación ilícita para delinquir porque no teníamos ningún elemento de juicio que nos permitiera tomar otra cosa en cuenta. No tenemos la acusación fiscal, ni el auto apertorio. Lamentablemente nos apoyamos en eso, reconoció Caparrós.

Para muchos, no obstante, a Fujimori le corresponde el régimen cerrado (especial), pues está acusado de ordenar acciones al grupo Colina, organización militar que perpetró las masacres por las que se le procesa. (El cambio de régimen) es irregular. A Fujimori le corresponde el régimen especial por formar parte de una organización, opina el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.

LA (SUPUESTA) VISITA A FUJIMORI DEL MINISTRO DEL INTERIOR

Para mayor escarnio, Caparrós ha reconocido en declaraciones al diario La República que el INPE sigue considerando que (el ex presidente) tiene un perfil peligroso. Está (procesado) por homicidio calificado, lesiones, se fugó, no se entregó, lo capturaron. «Está probado que Alva Castro estuvo en la cárcel en la que está recluido Fujimori. El ministro dice prácticamente que sólo pasaba por allí»

Pero lo más preocupante del tema es que el cambio de régimen carcelario de Fujimori se produjo prácticamente de forma simultánea a la elección de la mesa directiva del Congreso peruano, una elección para la que el gobernante APRA contó con los valiosos e indispensables votos en este caso de los congresistas del fujimorismo, encabezados por la hija del ex presidente, Keiko Fujimori.

Diversos datos avalan esta hipótesis, que adquiere cada vez mayor fuerza y causa más indignación en Perú. Así, recientemente se produjo un encuentro entre la ministra de Justicia, Rosario Fernández, y un parlamentario del fujimorismo especializado en temas judiciales, Rolando Sousa. También, por un supuesto pedido de Fernández, se han entrevistado Caparrós y el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. En esta cadena de encuentros es especialmente delicado el que habrían mantenido Fujimori y el ministro del Interior, Luis Alva Castro, en la propia celda del ex presidente. No hay pruebas fehacientes del encuentro pero sí está probado que Alva Castro estuvo en la cárcel en la que está recluido Fujimori. El ministro dice prácticamente que sólo pasaba por allí.

CONTRA LA CIDH

Hay otro tema que podría evidenciar una alianza del APRA con el fujimorismo. Y es que el gobierno peruano ha manifestado su más profundo rechazo a un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Llama la atención que el Gobierno rechace una reparación para personas que murieron en un cuestionable acto de represión del Estado» Este fuero ha dictaminado que el Estado peruano debe indemnizar y pedir perdón a las familias de los 42 reclusos del penal Castro Castro que murieron en 1992 durante una sangrienta represión ordenada por el Gobierno que en esos momentos presidía Fujimori, para sofocar una rebelión carcelaria por parte de acusados de terrorismo.

Según el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, la sentencia de la CIDH ha indignado a todos los peruanos. El ministro ha llegado a criticar a los miembros de la CIDH con estas palabras: Es muy fácil estar en San José de Costa Rica (sede de la Corte) o Washington (sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en la distancia, sin conocer lo que ha sucedido en países que hemos enfrentado una época muy dura de terrorismo durante muchos años.

«Vargas Llosa: si Alan García se llegara a poner de acuerdo con Fujimori sería una catástrofe para Perú» Llama la atención que el gobierno peruano rechace de forma tan tajante una reparación para personas que, al margen de que hayan sido terroristas, murieron en un cuestionable acto de represión por parte del Estado. El Estado de Derecho nunca puede rebajarse a actuar con métodos que se parecen demasiado a los que emplean los delincuentes, por muy perversos que éstos sean. Es cuanto menos sospechoso que no se admita por parte del gobierno que la matanza de Castro también formó parte de la violenta represión que se llevó a cabo en Perú durante el gobierno de Fujimori para acabar con el terrorismo. Violencia documentada por el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

UNA CATÁSTROFE PARA PERÚ

Vargas Llosa, en declaraciones a El Comercio, ha retratado mejor que nadie qué significa lo que está sucediendo. El escritor ha dicho que si Alan García se llegara a poner de acuerdo con Fujimori sería una catástrofe para Perú y para él. Él (García) está reconstruyendo una imagen, ahora tiene la imagen de un estadista responsable y moderno, no creo que quiera poner en riesgo esa imagen llegando a un pacto con un dictador, alguien que persiguió a él mismo y a su partido. Espero que eso no ocurra.

Lo cierto es que hoy por hoy el APRA está gobernando con el apoyo parlamentario del fujimorismo y ya se sabe que en política más que favores lo que hay son contraprestaciones. Una alianza que levanta fundados resquemores.