banderas-oeaSi para algo ha servido la crisis de Honduras es para demostrar cuan obsoleta quedó rápidamente la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, OEA.

En efecto, la crisis se expresó por una doble fase: la expulsión forzosa del Presidente Zelaya a través de un golpe de Estado, pero previamente a través de acciones en que ese Presidente ignoró al poder legislativo y al judicial. Si la Carta sirve para lo primero, no tiene posibilidades de actuar en lo segundo.
Me explico.

La Carta Democrática corresponde a una época donde la urgencia parecía ser la transición a la democracia y por lo tanto, fortalecer a los gobiernos civiles surgidos del voto popular. Ese elemento junto con el tradicional de la no intervención se convirtieron en los principios rectores.

Lo mismo es aplicable a la llamada Carta de Santiago la que parecía apuntar a ilegalizar la resolución por la fuerza del conflicto político , pero que quedó rápidamente fuera de foco en los 90’s cuando poco tiempo después de su aprobación, Alberto Fujimori dio su auto golpe con cierre del Congreso e intervención de la Corte Suprema incluidos.

No solo la Carta de Santiago, sino también la Carta Democrática aparecieron como inoperantes.
¿Cuál es el problema?

El problema no solo surge por el contexto de su origen, sino también por la propia redacción de la Carta Democrática. Así entre las respuestas posibles a una alteración del orden institucional figuran en primer lugar, que un gobierno considere que está en peligro su proceso; en segundo lugar, al Secretario General de la OEA se le permite actuar, pero solo con el consentimiento previo del gobierno de ese país; en tercer lugar, para efectos de una ruptura de la democracia, la Asamblea General requiere de un quórum de dos tercios, es decir, de 23 de los 34 países miembros. Por último, incluso el Secretario General o un país integrante pueden convocar al Consejo Permanente, pero se entiende que el país está representado exclusivamente por el ejecutivo, es decir, por el gobierno, sin considerar a los otros poderes del Estado. Más aún, cuando se aceptan funciones preventivas del Secretario General de la OEA, éste puede actuar solo con el concurso de los gobiernos, lo que indudablemente contribuye a la imagen real de inoperancia de la institución.

En otras palabras cuando el gobierno es el afectado, la Carta Democrática puede actuar, pero no cuando se hace un requerimiento contra el ejecutivo. En otras palabras, la Carta no sirve cuando es el gobierno el que abusa de los otros poderes del Estado. Allí no puede hacer nada.

Ese es su problema y el fundamento de la necesidad de una reforma. Al corresponder a otro contexto que buscaba asegurar la transición a las democracias después de las dictaduras militares de los 70’s y 80’s, no está preparada para situaciones donde la institucionalidad es corroída desde adentro por autoridades electas, democráticas en su origen, pero que se deslegitiman en el ejercicio del poder, por la búsqueda casi indefinida de su permanencia en el poder y por buscar monopolizar todas las funciones estatales, sin admitir en la práctica la separación de poderes.

Así se pudo aplicar a la destitución de Zelaya, pero por cierto la oposición venezolana no tiene posibilidades de invocarla, aunque sea recibida por el Secretario General de la OEA. Tampoco pudieron recurrir a la Carta Democrática los integrantes del Tribunal Constitucional de Bolivia, oposiciones que han sido víctimas de fraudes electorales, o aquellos congresistas que fueron expulsados por oponerse a la constituyente de Rafael Correa en Ecuador.

Ese es el tema. Hoy el desafío de la región no es la transición a la democracia, sino su calidad, y una democracia de calidad, no solo requiere de elecciones, sino también de separación de poderes y sobre todo, del respeto a la ley y al Estado de Derecho. Este último concepto que engloba a todos los actores de respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho es el elemento que debiera presidir la reforma de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, sobre todo en un contexto donde hay visiones tan distintas entre quienes son parte del ALBA bolivariano y quienes adhieren a visiones liberales o socialdemócratas de la democracia, por lo que solo la parte de respeto a las reglas del juego, a todas las reglas, puede asegurar una mejor democracia en la región.