Nunca se insistirá bastante en el carácter emancipador que supuso la «revolución política liberal» y sus valores de libertad, igualdad y dignidad. De hecho, la ruptura liberal, posteriormente complementada con las fases democrática y social, ha sido la más importante de todo el mundo político contemporáneo. A través de ella se han ido estableciendo y desarrollando los estados de derecho occidentales. Cualquier reformulación actual de los sistemas políticos democráticos parte de los postulados normativos y los principios organizativos de la tradición liberal. Ello no quita, sin embargo, que resulte conveniente señalar las sombras, algunas importantes, que desde la perspectiva de la emancipación presiden dicha tradición. Ser conscientes de las sombras permite enfocar mejor el paisaje. Y facilita el que la propia concepción liberal, hoy liberal-democrática, «mejore» sus propios postulados, sus prácticas y sus instituciones.

Como es sabido, el liberalismo político clásico fue, fundamentalmente, una teoría del estado. Una teoría que establece la conveniencia de un «estado limitado» capaz tanto de garantizar ciertos derechos de ciudadanía, como de evitar el uso arbitrario del poder –independientemente de que lo detente una persona, un partido o una asamblea. En contraste con la realidad jerárquica, desigualitaria y estamental del Antiguo Régimen, se entendía que los individuos, considerados en abstracto como «libres e iguales», debían moverse en dos ámbitos claramente diferenciados y dotados de sus propias reglas: el ámbito privado y el ámbito público.

Sin embargo, en la práctica, los estados liberal-democráticos excluyeron durante décadas muchas “voces” de la sociedad (los no propietarios, las mujeres, las minorías nacionales, las minorías étnicas o indígenas, etc). Los “libres e iguales” en la práctica eran unos pocos individuos. La mayoría de las corrientes liberales marginaron, también en la teoría, buena parte de las características deferenciadoras por las que los individuos nos «reconocemos» a nosotros mismos y reconocemos a los demás. Este es el caso de las diferencias nacionales y culturales que no coinciden con las de la «nación» que todo estado intenta crear desde sus instituciones. De hecho, todos los estados, incluidos los liberal-democráticos, han sido y siguen siendo entidades “nacionalistas”. Todos tratan de construir una nación al máximo de homogénea en términos nacionales.

Según la aproximación liberal estandar, el reconocimiento de unos derechos individuales de ciudadanía, que se pretenden “neutros” respecto a las identidades “privadas”, es el único que se concibe compatible con una organización liberal-democrática en la esfera pública. Y haremos bien en desconfiar, se nos dice además, de unos pretendidos «derechos colectivos»: los derechos son sólo individuales. Pero al lado de los derechos individuales de ciudadanía, en la práctica las instituciones liberal-democráticas han introducido toda una serie de derechos colectivos específicos, que conforman identidades y que afectan a los derechos individuales. En contra de lo que a veces se sostiene, los derechos e instituciones impulsados por los estados democráticos nunca ha sido «neutrales» desde el punto de vista cultural. Para algunas colectividades minoritarias (nacionales, étnicas, lingüísticas, religiosas, etc) el precio a pagar en la práctica por una ciudadanía ha sido y sigue siendo el de su desigualdad y marginación. El resultado es que a unos individuos les resulta “más caro” que a otros, en términos de identidad, ser ciudadanos de un mismo estado.

Pero la realidad suele ser más tozuda que las teorías que pretenden regularla. Uno de los aspectos que comporta la revisión del liberalismo democrático actual es, precisamente, la profundización de lo que debe entenderse por «neutralidad» liberal y por una «moral de mínimos» que resulte adecuada a las realidades políticas presididas por un elevado componente de pluralismo nacional y cultural. En este sentido, su objetivo no es tanto cambiar lo que vemos, las democracias liberales, sino cómo lo vemos, con el fin de transformarlo, de mejorarlo. Se trata de una revisión que comporta una cambio de mirada con el fin de mejorar la calidad ética e institucional de las democracias. De lo que se trata no es de romper con los derechos y con los principios organizativos del liberalismo democrático. O de terminar con lo que algunos (Walzer) han denominado su «arte de la separación», sino, precisamente, lo que se trata es de realizar aquellos principios y valores en un sentido más radical y plural que lo que hacen las versiones uniformadoras y estrechamente individualistas y estatalistas del liberalismo político tradicional.

En otras palabras y en definitiva, de lo que se trata es de «mejorar» tanto los valores liberales clásicos de libertad y dignidad individuales -de manera que incluyan las diferencias colectivas que conforman la individualidad, como el valor del pluralismo entendido desde la premisa de que la diversidad constituye una realidad valiosa en sí misma, y no, como a veces se postula, como una realidad fáctica que debe regularse con el fin de tener una mejor «convivencia» práctica, pero que tanto mejor fuera que no existiese. Las democracias liberales significan siempre una apuesta por profundizar en la emancipación de los individuos. En este sentido son siempre un proyecto inacabado. Afortunadamente.