zelayavolvioMientras Manuel Zelaya atiza el fuego de la discordia civil desde la Embajada de Brasil, el país se prepara y trabaja para celebrar las próximas elecciones de noviembre, en un clima enrarecido por las protestas y la suspensión de los distintos actos electorales, tal como deseaban los zelayistas y se ha comprobado en estas caóticas jornadas.

Paralelamente a estos acontecimientos, la comunidad internacional sigue rotunda y unánime en el no reconocimiento de un proceso que en su día fue avalado por la mismísima Organización de Estados Americanos (OEA). ¿Acabarán las organizaciones internacionales no reconociendo un proceso limpio, masivo y democrático si se llega a celebrar cumpliendo todos los estándares relativos a la limpieza electoral? ¿Se plegarán a los espurios intereses de Hugo Chávez que sigue interviniendo abiertamente en la vida política de Honduras?

Por ahora, con el telón de fondo de la tensión en aumento, sobre todo tras el regreso del depuesto Zelaya, Honduras afronta sus horas más críticas y atraviesa un momento trascendental. Esperemos que la mediación de la comunidad internacional dé sus frutos y se abra un proceso de diálogo justo y ecuánime. No obstante, antes de analizar los recientes acontecimientos y los hechos que se suceden en cascada desde el regreso del ex mandatario, conviene que repasemos el asunto de la legitimidad de las próximas elecciones de noviembre, pues es capital para el proceso de resolución de la actual crisis política.

Los hondureños deben tener la última palabra en esta conflicto

Las elecciones previstas para el 29 de noviembre, que constituirán quizá el principio del fin pero no el final de la crisis política que azota a Honduras, estaban previstas por las actuales autoridades hondureñas como parte del proceso de normalización política y constitucional iniciado el 28 de junio tras la destitución del ex presidente Manuel Zelaya. Pero no parece que todos piensen así, al menos en el exterior de Honduras, donde algunos no entienden la naturaleza del cambio político que comenzó en este país en la madrugada de aquella jornada.

El Gobierno de facto, que no ha sido reconocido por la comunidad internacional que ni siquiera escuchó sus argumentos a favor de la legitimidad política de la destitución, sigue esgrimiendo que el depuesto ex presidente Manuel Zelaya actuaba fuera de la Ley y que no respetaba el orden constitucional, al tratar de llevar a cabo una consulta ilegal y a renglón seguido disolver el parlamento. En opinión de algunos dirigentes políticos hondureños, el verdadero golpe de Estado estaba siendo gestado por Zelaya y sus partidarios, una cohorte de chavistas radicales, procastristas reconocidos, oportunistas de todos los colores y abanderados de la lucha armada al estilo guevarista. ¡Vaya tropa, desde luego!

Para la oposición democristiana, que apoya al actual ejecutivo de Tegucigalpa, la responsabilidad de lo ocurrido es bien clara, tal como asegura el vicepresidente del Congreso de la República, Ramón Velázquez Nazar, al que cito textualmente: “Zelaya es el único responsible, absolutamente, y lo digo sin género de duda. El y su equipo de colaboradores llevaron a Honduras por el peor de los caminos y así ocurrió lo que ocurrió, lamentablemente. Tomó decisiones que iban en contra de nuestro ordenamiento político y constitucional; y en este sentido la Corte de Justicia le dejó las cosas bien claras y le señaló que ese no era el camino. Luego la reelección, tal como deseaba Zelaya, estaba absolutamente prohibida por nuestra propia Constitución, no se contemplaba de ninguna manera y caminaba hacia la colisión entre los distintos poderes institucionales. Cuando Zelaya decide seguir adelante con la reelección, se queda fuera de la Ley de acuerdo a nuestra Constitución y ya no le quedan márgenes para la actuación dentro del marco legal”.

El gobierno actual, decidido a continuar con el proceso

Y es que pese a que al aislamiento ha golpeado duro a este país pequeño, pobre y olvidado de la mano de Dios, los hondureños, que en general apoyan al actual Gobierno salvo excepciones, están decididos a llegar hasta el final y a continuar con lo que ellos consideran como parte de su normalidad institucional. La destitución de Zelaya, según se asegura, se realizó de acuerdo a la Ley y evitó el golpe del día 29 de junio, cuando el ex mandatario pretendía disolver el parlamento y seguramente caminar hacia un régimen de tipo autoritario al estilo de los que ya imperan por el continente, siguiendo la incierta senda de sus ahora aliados Chávez, Castro y Ortega, paradójicamente los grandes defensores de la democracia hondureña en estos momentos. El mundo, de la mano de nuestras organizaciones internacionales, está al revés.

Sin embargo, no parece que los actuales dirigentes politicos vayan a ceder, sino más bien lo contrario, se detecta una gran capacidad de resistencia y aguante ante la crisis. “La lectura que hago es que lo ha sucedido en Honduras puede ocurrir en otros países de América, lo que ya es un acontecimiento positivo en el momento que estamos viviendo. Estamos pasado la noche oscura, el momento más difícil, parafraseando a Churchill, pero sabemos que la razón nos asiste y que esta lucha es por la libertad. Chávez ya ha tomado nota de su primer fracaso. Honduras ha sido su primera gran derrota política y de ahí nace su frustración, e incluso odio, hacia lo que los hondureños estamos construyendo”, asegura convencida, en una entrevista realizada en Tegucigalpa, la vicecanciller de la República, Martha Lorena Alvarado.

¿Y cuál es el motivo porque han fracasado las rondas negociadoras entre las partes? El diálogo político entre los dos bandos enfrentados, centrado y condicionado por el denominado Plan Arias, era un juego de suma cero, pues los zelayistas sólo estaban dispuestos a negociar si como condición previa regresaba Zelaya, mientras que para las actuales autoridades de Tegucigalpa este punto era innegociable y el ex presidente tan sólo podría haber regresado al país para ser juzgado por los tribunales hondureños. La comunidad internacional, apoyando al bando zelayista, trataba de imponer una salida parcial, poco ajustada al derecho politico hondureño y sin aceptar tonos grises, es decir, dejando espacio para terceras vías o componendas que implicasen renuncias de las dos partes, como suele ocurrir en todo proceso politico. Ese explica el actual punto muerto y el diálogo de sordos que se ha establecido entre las dos partes tras el fracaso de las negociaciones de San José.

Para concluir, y mientras las espadas entre la comunidad internacional y las autoridades hondureñas siguen en alto, está el asunto de la legitimidad política de las elecciones, pues resulta asombro que ahora no se acepte como salida al embrollo hondureño un proceso democrático. Porque, como sostiene el analista y ex canciller mexicano Jorge Castañeda, “Nadie con un mínimo conocimiento de la historia de los últimos 30 años puede argumentar la ilegitimidad por una razón: por definición, el proceso fundacional de un régimen democrático que sustituye a uno autoritario proviene de elecciones organizadas por una dictadura o su equivalente, con mayores o menores niveles de negociación, supervisión internacional o unilateralidad del régimen saliente. En Chile, en 1988, Pinochet impuso el referéndum con sus propias condiciones; en España, en 1977, el rey Juan Carlos logró una importante negociación previa; y en varios de los países del este europeo las elecciones las realizaron los regímenes autoritarios salientes, cuyo mejor ejemplo fue el de Jaruzelski en Polonia. En 1994, en Sudáfrica, fue el régimen del apartheid el que administró el proceso electoral en el que triunfó Mandela. No hay otra manera de hacerlo cuando se trata de una transición pacífica a la democracia. Por ello la tesis de ilegitimidad carece de sentido”.

Veremos qué pasa en las próximas semanas, ¿acabará cediendo la comunidad internacional ante la evolución lógica de los hechos y aceptará el resultado de las elecciones hondureñas? Las elecciones son la única salida al oscuro túnel. De no reconocer los comicios, el sainete hondureño continuará y la sin razón de la comunidad internacional agravará las tensiones entre las partes, exponiendo a Honduras, incluso, al riesgo de una confrontación civil.