Por Martín Lardone (para Safe Democracy)

Martín Lardone analiza el papel de los bancos multilaterales de crédito frente al desafío “neopopulista” en América Latina, y repasa para ello el rol del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial durante el proceso de reformas del consenso de Washington, a comienzos de los años noventa, y el posterior redescubrimiento de la importancia del Estado. Lardone cree que los gobiernos de América Latina están mucho menos condicionados ahora, y que las estrategias de desarrollo de ambas instituciones multilaterales están siendo desafiadas por los nuevos escenarios políticos y económicos regionales.


Martín Lardone es politólogo y está realizando un doctorado en Ciencia Política en el Institut d’Etudes Politiques, de París. Ha sido asesor y analista de la presidencia del gobierno argentino y es docente e investigador de la Universidad Católica de Córdoba de su país.

EL ESCENARIO POLÍTICO Y ECONÓMICO que, con tonalidades “neopopulistas”, parece configurarse en América Latina –quizá más marcadamente en América del Sur– plantea un importante desafío a los bancos multilaterales de desarrollo que intervienen en la región, luego de su rol protagónico desde fines de los años ochenta.

EL CONSENSO DE WASHINGTON

En efecto, la “crisis de la deuda” padecida por los principales países latinoamericanos por aquellos años puso en evidencia el agotamiento del modelo de desarrollo Estado-céntrico y marcó el cambio en la política de estos organismos hacia la región.

El Banco Mundial (BM) primero, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a continuación, se convirtieron en actores claves del Washington Consensus, es decir, de promoción de las privatizaciones, de reducción del Estado, y de la liberalización comercial como respuesta a la crisis estructural.

REDESCUBRIENDO EL ESTADO
Si bien la ola generada por este consenso político y económico se expandió con bastante velocidad, ya hacia mediados de los noventa comenzaban a evidenciarse los límites del modelo de reformas; una vez más fueron los propios organismos los promotores principales de la nueva visión.

El redescubrimiento del Estado y del rol de las instituciones en la economía, plasmado en el famoso Informe sobre el Desarrollo del Banco Mundial (1997), trasladó el eje de la discusión hacia el problema de la calidad y efectividad de las instituciones estatales.

El problema ya no era el tamaño del Estado sino su capacidad de gestión, y el concepto que se impuso fue el de governance, es decir, la capacidad del sector público para gobernar el desarrollo económico, y por lo tanto para generar sinergias con los demás actores sociales en este proceso.

EL DESAFÍO DEL NEOPOPULISMO
Ahora bien, el contexto que comienza a configurarse particularmente en América del Sur parece plantear un desafío a la capacidad de estos organismos de incidir sobre el rumbo de las políticas de desarrollo.

El problema es que esta capacidad depende principalmente de dos factores: por un lado, la sintonía política que se establece entre los gobiernos y estos organismos multilaterales; por otro lado, las urgencias financieras que obligan a los gobiernos a recurrir a la asistencia de dicha banca multilateral.

Lo cierto es que, con la notable excepción del estable Chile, los principales países de la región se han movido hacia gobiernos mucho más heterodoxos en materia de política económica que, con diferentes matices, reniegan de las políticas neoliberales de los noventa y responsabilizan a los organismos financieros internacionales de sus resultados.

Por otra parte, el contexto financiero y económico internacional es menos asfixiante que el que conocieron los países durante la crisis de la deuda, y luego durante la crisis del tequila (1995) y la crisis del sudeste asiático (1998).

GOBIERNOS MENOS CONDICIONADOS
Así, no sólo se han modificado las orientaciones políticas de los gobiernos, motivados por las nuevas demandas de sus respectivas opiniones públicas, sino que también parece haberse modificado el margen de acción del que disponen.

La reciente decisión de Bolivia de reestatizar el control de sus recursos energéticos, y las de Argentina de reestatizar algunos de sus principales servicios públicos, son clara muestra del estado de la cuestión. También las decisiones de Brasil y Argentina de cancelar sus deudas con el FMI evidencian este giro político y económico, y son una clara señal hacia los organismos financieros internacionales de la voluntad de aumentar los márgenes de decisión estatal frente a los condicionamientos multilaterales.

¿HACIA UNA NUEVA AGENDA?
La agenda reformista concentrada en las privatizaciones, la desregulación económica, y la reducción del Estado de fines de los ochenta, dio paso, a mediados de los noventa, a otra centrada en el eje de la calidad institucional y la modernización del sector público.

La pregunta –a partir del nuevo contexto político– es qué agenda de políticas querrán o podrán consensuar los bancos multilaterales con los gobiernos de la región.

La intención manifestada por el gobierno de Argentina de disminuir su nivel de exposición crediticia con el Banco Mundial y de concentrarse en operaciones con el BID –argumentando la mayor predisposición de este último a financiar proyectos de infraestructura y desarrollo productivo– pareciera dar una pista sobre cuáles son las orientaciones de cada banco frente a este nuevo escenario regional.

Sin embargo, lo cierto es que las estrategias de desarrollo de ambas instituciones multilaterales están siendo desafiadas por el surgimiento del “neopopulismo” en la región, y aún no se perciben nítidamente cuáles deberían ser las nuevas respuestas.