Ricardo Israel Z. cree que la recomendación de la Fiscal de la Corte Suprema de Chile llevaría Alberto Fujimori a ser extraditado a Perú. Pese a ello, el futuro judicial del ex mandatario peruano dependerá de la vinculación de los delitos que se le impugnan: no es lo mismo imputaciones por corrupción que violaciones a los Derechos Humanos. La incógnita sólo se despejará cuando se anuncie la resolución final.


LA FISCAL DE LA CORTE SUPREMA CHILENA recomendó la extradición de Alberto Fujimori a Perú. Esto es parte del proceso, pero tan sólo una recomendación al juez que debe decidir sobre el tema. Posteriormente esa resolución puede ser apelada a la Corte Suprema, por lo que seguramente el caso va a estar totalmente decidido hacia fin de 2007.

Sin embargo, la recomendación mencionada no deja de tener importancia ya que se aceptaron las acusaciones de Derechos Humanos y con toda seguridad la última instancia va a ser decidida por la Sala Penal, la que en todas sus últimas resoluciones ha aceptado la legislación internacional sobre la materia, es decir, que son delitos de lesa humanidad sobre los cuales no cabe ni la amnistía ni la prescripción.

LA PREOCUPACIÓN DE ALBERTO

Es exactamente este el punto que mas preocupa al ex mandatario peruano quien llegó sorpresivamente a Chile en noviembre del año 2005.

La razón es la siguiente: en Perú podría recibir hasta 25 años por violaciones a los Derechos Humanos. En cambio los casos de corrupción no acarrean más de 8 años. Como las penas no se suman, sólo se paga por la mayor, de ahí el por qué las acusaciones de autoría intelectual en violaciones a los Derechos Humanos es lo mas dañino para el futuro judicial de Fujimori.

Existen además otros dos motivos: el primero es que seguramente una extradición basado en Derechos Humanos lo conduciría a que una vez en Perú sea enviado inmediatamente a su reclusión en la base naval de Callao, la misma donde hoy está Vladimiro Montesinos, con lo que desaparecería del ojo público y tendría mucho menos impacto propagandístico que una reclusión en una cárcel común y corriente.

El segundo motivo es que este tipo de acusaciones, a diferencia de la corrupción, harían virtualmente imposible una negociación con el gobierno de Alan García y dificultarían el escenario mas favorable para Fujimori: simples acusaciones de corrupción permitirían una detención mas relajada y posibilitarían una repetición de lo que ocurrió con el propio Alan García, es decir, acusaciones de corrupción que son negociadas políticamente, para que el poder judicial las desestime y en el mediano plazo permitan su reinserción política.

LA AMBIGÜEDAD DE ALAN

Alberto Fujimori regresó desde Japón para volver a tener presencia pública, ya que un movimiento personalista es muy difícil que sobreviva sin la figura cercana de su fundador.

Llegó a Chile confiando en cuatro elementos: primero, que Chile nunca ha extraditado a un ex Jefe de Estado; segundo, que recientemente había negado la extradición de Carlos Menem a Argentina; tercero, que dos ex colaboradores directos Daniel Borobio y Julio Vera habían ganado en la Corte Suprema la que había rechazado las peticiones del gobierno peruano; y cuarto, que históricamente la doctrina judicial en Chile ha llevado a conceder excepcionalmente la extradición.

Incluso algo más y de gran importancia: el marco regulador de este proceso, legislación proveniente de la década de los años 30 vinculada al llamado Código de Bustamante, conduce a una situación donde Fujimori en Perú sólo podrá ser juzgado por lo que se apruebe en la Corte Suprema chilena: es decir, si en definitiva la Corte aprobara su juzgamiento por cuatro delitos, sólo por esos podría ser llevado a juicio en Perú. Lo mismo si son dos o doce.

El regreso de Fujimori puede crearle más de un problema a Alan García, quien ha estado contando con el apoyo del fujimorismo en muchas de las votaciones importantes en el Congreso. Por ello, el gobierno actual del Perú ha tenido una actitud prescindente y con pocas opiniones públicas, a diferencia del anterior de Alejandro Toledo, donde fuera desde Lima el embajador en Santiago, siempre había una constante presión sobre el gobierno y la justicia chilenas.

EL APOYO DE TOKIO

Para un regreso a Perú, más que ser considerado autor directo en los casos de corrupción, lo más complicado para Fujimori es si en definitiva la Corte Suprema chilena lo extradita como instigador intelectual de las causas por violaciones a derechos humanos, sobre todo el asesinato de quince personas en las casas de Barrios Altos, y de nueve estudiantes y un profesor en el caso conocido como La Cantuta.

El motivo es que tras la Segunda Guerra Mundial se acepta
el principio de responsabilidad superior en las acusaciones de Derechos Humanos y son considerados delitos contra la humanidad, y por lo tanto, de juzgamiento obligatorio para los Estados, en cierto modo, similar a lo que se argumentó para procesar al General Pinochet en Londres.

Indudablemente Japón ve la situación de forma distinta y no ha ocultado nunca tres cosas: que Fujimori es considerado un ciudadano japonés; segundo, que están dispuestos a otorgarle todo respaldo o apoyo que necesite, fundamentalmente por lo tercero: que es considerado un verdadero héroe por el rescate de los rehenes tomados por terroristas en la Embajada de Japón en Lima.

En resumen, aunque no es obligatoria la recomendación, el dictamen de la Fiscal de la Corte Suprema chilena parece haber acercado la extradición de Fujimori a Perú. Sin embargo, lo que puede marcar la diferencia entre una salida judicial y la prisión, es que en definitiva la resolución final considere o no las acusaciones que tengan relación con Derechos Humanos.