La sucesión de gobiernos neoliberales en la última década del siglo XX y principios del XXI han dejado al gobierno de Daniel Ortega una Nicaragua devastada y sumida en la pobreza, con importantes retos que afrontar. El nuevo Ejecutivo parece mostrar su voluntad de asumirlos.

(Desde Madrid) DESDE LA DERROTA ELECTORAL DE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA, tres gobiernos neoliberales alcanzaron el poder, en 1990, 1996 y 2001. Durante esos años, el país fue desmantelado hasta los cimientos. En 1990, el sandinismo entregó al nuevo gobierno más de 300 empresas estatales. En 1995 no quedaba ninguna. También desapareció su única línea aérea de bandera nacional, su flota pesquera, la marina mercante… Ni la centenaria y bella locomotora de la única vía férrea del país se salvó del festín de bienes nacionales.

El mayor esfuerzo industrial jamás visto en la historia de Nicaragua también fue liquidado. El complejo agroindustrial del Valle de Sébaco, el ingenio azucarero Timal, el proyecto lácteo Chiltepe y el proyecto de palma africana, cifrados en centenares de millones de dólares, fueron demolidos. Se privatizaron recursos naturales, la empresa telefónica, la energía eléctrica, la cementera nacional, los autobuses. El Estado se redujo a una burocracia mínima, dedicada a cumplir los planes estructurales del Fondo Monetario Internacional (FMI), que tuvieron resultados macroeconómicos positivos, pero con un costo social desolador.

Unas oscuras y manipuladas privatizaciones, en beneficio de grupos vinculados al poder, dieron lugar a una corrupción galopante, que llevó a la cárcel al ex presidente Arnoldo Alemán, cabeza visible, pero no la única ni la peor, de una enorme pirámide de corrupciones. La suma de planes estructurales del FMI, el desmantelamiento del Estado y la corrupción provocaron el colapso del país. Con el colapso, la mayor emigración de la historia nacional. Cerca de dos millones de nicaragüenses han abandonado su patria. Hoy, las remeses de esa emigración constituyen la primera y más esencial fuente de divisas; el tubo de oxígeno que impide la asfixia nacional.

EL CAMINO POR DELANTE

El pasado enero, Daniel Ortega recibió un Estado en bancarrota: el 80 por ciento de la población vive en pobreza o extrema pobreza, con 50 por ciento de analfabetismo y los servicios de salud en situación calamitosa, las escuelas sin cuadernos y al país sin industrias ni infraestructuras. La falta de inversiones en el área energética mantiene semiparalizada Nicaragua desde 2006, con apagones diarios que superan las seis horas. La deforestación salvaje ha dañado tanto las reservas hídricas que capitales departamentales como Juigalpa se han quedado, literalmente, sin agua.

Para enfrentar tanto desastre el gobierno sandinista se ha visto obligado a pedir con urgencia extrema apoyo externo. Los primeros en acudir fueron Venezuela, en el campo energético, y Cuba, en salud y educación. Se han asignado grandes partidas al área de salud, para resolver los problemas más acuciantes, y se ha puesto en marcha un plan contra el hambre que asola las áreas más abandonadas de Nicaragua, sobre todo las campesinas. También se ha priorizado la rehabilitación y construcción de caminos y carreteras, para sacar la producción de zonas aisladas y llevar los servicios del Estado.

Dada la extrema postración del país, el gobierno ha alentado la inversión extranjera, siendo el caso más conspicuo el del mayor empresario mexicano, Carlos Slim, quien ha anunciado inversiones por 250 millones de dólares. También se han firmado acuerdos con Venezuela, Cuba e Irán, y se ha buscado establecer un marco de respeto con Estados Unidos, que finalmente se ha logrado.

Aplicando una política de sumar y no restar, Nicaragua firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos e ingresó en la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA). Quiere estrechar sus relaciones con el MERCOSUR y apoya firmemente la firma del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. También se ha puesto en marcha una austera política salarial. En un país donde el ex presidente Bolaños cobraba más de 20.000 dólares mensuales, el presidente Ortega ha impuesto un techo de 3.200 dólares a los salarios públicos.

Como puede colegirse, no es fácil la tarea, el marco de maniobra es muy estrecho y los medios más que escasos. Pero la voluntad de asumir el reto existe y los recursos se buscan donde los haya. El tiempo mostrará los efectos. Quizás sea posible hacer, en ese segundo periodo de gobierno, lo que la guerra impidió en los años 80.