bankimoondavos.jpgDe los últimos informes independientes sobre el panorama de los Derehos Humanos en el mundo, pueden presentarse los casos de la República Democrática del Congo con incumplimientos graves y España (al igual que otras democracias liberales) con incumplimientos concretos.

 

(Desde Barcelona) LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS sigue mostrando un panorama desolador en buena parte de los estados del planeta. Ello supone un incumplimiento grave de la Declaración de las Naciones Unidas de 1948. Que el tema sea muy conocido no lo transforma en menos grave. Pero buena parte de las democracias liberales también presentan incumplimientos concretos en la protección de dichos derechos. De los últimos informes independientes pueden presentarse los casos de la República Democrática del Congo (RDC) y España como ejemplos de ambos tipos de incumplimiento.

La realidad actual del Congo es dramática. “La población civil se halla a merced de unos grupos armados que se disputan el control de recursos naturales” Y, como casi todo lo que se refiere al continente africano, su presencia en los medios de comunicación es mucho menor que lo que sugiere la gravedad de los hechos. Ni las instituciones del Estado, ni las de carácter internacional han logrado controlar los enfrentamientos entre grupos armados.

El ejército parece estar sumido en el caos, especialmente en el este del país. Hasta el punto que el Gobierno se apoya en milicias que se enfrentan militarmente al Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) de Laurent Nkunda, el cual se presenta como protector de la comunidad tutsi frente a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) de composición hutu. Así, el genocidio ruandés de 1994 resuena hoy en el Congo oriental.

LAS CIFRAS ATROCES DEL CONFLICTO

“En el paso de la retórica gubernamental a la acción se comprueban los agujeros en la calidad de los liderazgos democráticos” La población civil se halla a merced de unos grupos armados que se disputan la hegemonía y el control de recursos naturales. El mandato teórico de la ONU es claro: ordena a las fuerzas de mantenimiento de la paz que utilicen todos los medios necesarios para proteger a la población civil y a las organizaciones humanitarias. Pero ni esto ni el teórico e incumplido embargo de armas establecido hace unos años impiden la desprotección de la población.

Las cifras del conflicto son atroces: alrededor de cinco millones de muertos en la última década; existencia de entre 3000 y 7000 niños-soldado; más de un millón de personas desplazadas solo en la zona este; multitud (no cuantificada) de casos de violencia sexual a mujeres y niñas, etc. El Congo actual ejemplifica la necesidad de contar con unas instituciones internacionales que “España aprobó un Plan de Derechos Humanos, un documento que incluye hasta 172 medidas” garanticen la seguridad personal y un mínimo de derechos a la población. Y hay bastantes más casos en el mundo de impunidad total frente a las violaciones de derechos (Véase el Informe 2008 de Amnistía Internacional).

Los países desarrollados no se enfrentan a situaciones de este dramatismo. Sin embargo, la práctica de los derechos humanos resulta claramente mejorable también en el mundo de las democracias. En el ámbito internacional se firman documentos, pero son los Estados quienes deben ponerlos en práctica. Y es en el paso de la retórica gubernamental a la acción cuando se comprueban los agujeros en la calidad de los liderazgos democráticos.

EL PLAN DE DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA

En relación al caso español es obvio que se ha avanzado en los últimos años, “Si una denuncia puede convertirse en un expediente de expulsión es obvio que se desincentiva que se produzcan” pero son varias las organizaciones internacionales que vienen denunciando casos continuados de tortura, denegaciones de asilo decididas sin condiciones procesales adecuadas, o falta de tutela efectiva de derechos en relación a personas inmigrantes. En diciembre de 2008 el Gobierno español aprobó un Plan de Derechos Humanos. Es un documento que incluye hasta 172 medidas. Un objetivo es la lucha contra la xenofobia y el racismo. Es un paso en la buena dirección, pero habrá que ver como se traduce en la práctica para que, por ejemplo, los interrogatorios de los detenidos sean más transparentes o que no se repitan casos como el de los vuelos secretos o el de deportaciones sin garantías.

También para que cesen las prácticas de tortura cuya existencia vienen denunciando desde hace años diversas organizaciones humanitarias, “Las democracias deben refinar los mecanismos de información y control de los derechos humanos, con participación de organizaciones civiles” y para que no escape a una protección eficaz la violencia a mujeres inmigrantes. Si una denuncia puede convertirse en un expediente de expulsión es obvio que se desincentiva que se produzcan. Y siguen dándose islas de impunidad al no existir investigaciones independientes. La mera presentación de un informe anual en el Parlamento corre el riesgo de convertirse en un ritual retórico más de la escenografía política.

Un punto clave para el éxito del Plan es que se establezcan evaluaciones externas. Si se quiere que haya un avance significativo en la protección de los derechos humanos, la evaluación debe ser externa e independiente de las administraciones. Las evaluaciones internas o mixtas siempre despiertan un halo de sospecha al ser las instituciones del Estado a la vez juez y parte del proceso.

GIRO CONCEPTUAL

En el ámbito de las democracias se deben refinar los mecanismos de información y de control de la situación de los derechos humanos, con participación de organizaciones de la sociedad civil. Y debe producirse un giro conceptual en la consideración de los derechos humanos: de una óptica estrictamente individual de los derechos –hoy ya muy obsoleta y poco realista– debe pasarse a una óptica que amplíe el objeto de los derechos a los grupos y colectivos sociales, nacionales y culturales de las democracias.

En el ámbito internacional, los dirigentes de las principales potencias mundiales son hoy moral y políticamente responsables de que no se esté avanzando hacia una reforma de las instituciones internacionales que sea capaz de garantizar la seguridad y una protección de los derechos humanos. Se precisa un liderazgo político que galvanice un multilateralismo con incidencia práctica en los asuntos mundiales.

Éste debiera ser un punto fundamental en la agenda exterior de la nueva administración norteamericana con apoyo de la Unión Europea. La geoestrategia relacionada con los derechos humanos también debiera plantearse hoy en términos globales.