mexicodrogaLa inseguridad ciudadana, tema central en la agenda nacional de México, está siendo desviada y utilizada para promover intereses electorales, olvidando el objetivo principal: la lucha contra el crimen organizado, dice el autor.

(Desde Monterrey, México) LAS RECIENTES OPERACIONES MILITARES en Michoacán y Nuevo león, en México, contra varios alcaldes y políticos locales, han planteado una cierta inquietud en los medios políticos de la oposición en el país, debido a que el primer Estado es perredista (del Partido de la Revolución Democrática, PRD) y el segundo panista (del Partido Acción Nacional, PAN), por lo menos en lo que se refiere al gobierno. Además, de los 10 municipios intervenidos, 9 pertenecen a la oposición, tanto del PRI como del PRD, y solamente uno solo es de extracción panista.

“El intervencionismo presidencial en las elecciones locales es una constante del sistema político azteca”

A finales de mayo, la ofensiva presidencial se centró en la emergencia sanitaria con la aparición del virus AH1N1. Las medidas fuera de todo realismo que se tomaron, también generaron la inquietud de un uso electoral del drama nacional. El cierre de escuelas, teatros, cines y de cualquier espacio para manifestaciones masivas, fue más allá de lo que la racionalidad podría aconsejar. Estas decisiones, le dieron al ejecutivo un margen de maniobra que le hacía falta para poder empujar ciertas reformas sobre el consumo de drogas o de mayores poderes a la presidencia, además de realzar su imagen deteriorada por una larga crisis con la administración Obama. El equipo del nuevo inquilino de la Casa Blanca caracterizó a México como “Estado fallido” y subraya la ausencia de poder gubernamental sobre “ciertas regiones” del país. Las decisiones drásticas tomadas durante la contingencia, le permite mostrar y ejercer un poder, que se suponía no tenía.

INTERVENCIONISMO PRESIDENCIAL

Al inicio del mes de junio, México se encuentra en plena campaña electoral de medio término de la administración del presidente Felipe Calderón, para renovar algunas gubernaturas, pero sobre todo para cambiar una parte importante del poder legislativo. Un triunfo del PAN le daría a la presidencia el control del Congreso nacional y poder para hacer aprobar las leyes que el presidente requiere no solamente para la lucha contra el narcotráfico, sino también ciertas reformas estructurales y financieras de mayor apertura liberal, en un mundo en crisis ante la irresponsabilidad de grandes corporaciones.

“La campaña electoral de 2006 para la elección presidencial fue manchada por la constante intervención de Fox en el proceso electoral y sobre todo por el uso de la maquinaria gubernamental para favorecer a su candidato, Felipe Calderón”

El intervencionismo presidencial en las elecciones locales es una constante del sistema político azteca. En el periodo de hegemonía del Partido revolucionario, el peso del ejecutivo (se ha hablado de una “presidencia imperial”) y el control absoluto del Congreso, le permitía al presidente en turno manipular el proceso electoral sin ninguna traba ni obstáculo político. Con la caída del PRI en 2000, el presidente panista, Vicente Fox, utilizó el mismo esquema intervencionista, pero en condiciones totalmente adversas: la ausencia de un control total de la política nacional.

GOLPES BAJOS Y GUERRAS DE LODO

La campaña electoral de 2006 para la elección presidencial fue manchada por la constante intervención de Fox en el proceso electoral y sobre todo por el uso de la maquinaria gubernamental para favorecer a su candidato, Felipe Calderón. El propio Tribunal Federal Electoral (TRIFE) reconoció las irregularidades del proceso en torno a la participación de Vicente Fox.

“El gobierno federal se inmiscuyó en forma desembozada en las campañas y desde que el Consejo General del TRIFE no quiso o no pudo controlar los excesos, los golpes bajos y las guerras de lodo, ni las intromisiones ilegales de grupos empresariales en el terreno de la propaganda partidista para descalificar en forma no muy sesgada a López Obrador e inducir el voto por Calderón Hinojosa” .

“Es sorprende que se escogió a dos estados controlados por los principales partidos de oposición (Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional), cuando muchos otros estados o municipios, más penetrados por los cárteles de la droga, pero en manos del PAN, no fueron afectados”

Aunque el tribunal Electoral emitió su resolución a favor del candidato panista, queda un fuerte malestar en los sectores políticos, en particular en el seno del PRD, no por el resultado de la decisión del TRIFE, que estaba ya prevista, sino por las observaciones del mismo tribunal en torno al proceso electoral. En efecto, el máximo órgano judicial político reconoció que la elección no fue “perfecta” y que fue manchada por una serie de irregularidades que el propio tribunal detectó y asentó en la resolución, además de reconocer la existencia de una guerra sucia contra “ciertos candidatos”, pero manifestó su incapacidad para poder intervenir o anular el proceso electoral, a pesar de todos los vicios detectados.

El propio TRIFE precisó que “esta Sala Superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del Presidente de la República Vicente Fox Quesada, se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios que se califican en esta determinación que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes examinados detenidamente, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para en el resultado final, de haber concurrido otras irregularidades de importancia que quedaran acreditadas” .

FUERTE PENETRACIÓN DE LA DROGA

Con estos operativos de finales del mes de mayo en Michoacán y Nuevo León, parece que el ejecutivo reanuda con la práctica foxista, pero utilizando el combate al narcotráfico como instrumento electoral. En Michoacán, 9 de los 10 alcaldes no eran panistas. En Nuevo León, se detuvo a 29 policías durante el primer día de las operaciones en tres municipios (Monterrey y San Nicolás de los Garza panistas y Apodaca, priísta), pero ningún edil. Al siguiente día le tocó el turno a Santa Catarina .

“Los Estados panistas de Morelos, Baja California y de Jalisco son los de mayores penetración delictiva, además de Chihuahua y Sinaloa, entre otros, pero no se registró ningún operativo”

Es sorprende que se escogió a dos estados controlados por los principales partidos de oposición (Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional), cuando muchos otros estados o municipios, más penetrados por los cárteles de la droga, pero en manos del PAN, no fueron afectados.

Los Estados panistas de Morelos, Baja California y de Jalisco son los de mayores penetración delictiva, además de Chihuahua y Sinaloa, entre otros, pero no se registró ningún operativo. De la misma manera, ciertos municipios, como Mexicali y Tijuana en Baja California, Chihuahua, Casas Grandes y Ojinaga en el Estado de Chihuahua, de Pueblo Nuevo en Durango, de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopán en Jalisco o de Cuernavaca en Morelos, son conocidos por su alto nivel de violencia y la fuerte penetración del narcotráfico en las estructuras políticas locales.

Así, la seguridad, tema central en la agenda nacional mexicana, podría ser desviada y utilizada aún más para promover intereses electorales, olvidándose del objetivo principal: la lucha contra la delincuencia organizada.