A pesar de que la paz y la seguridad están en la cima de las preocupaciones de la agenda internacional, las políticas de Defensa no tienen el efecto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos, como sucede con las políticas de salud o de educación. Justamente porque la Defensa es una política pública, que se financia con los recursos del presupuesto nacional, y que debería estar sujeta a la aprobación ciudadana, es fundamental que tenga mayor visibilidad pública y sea transparente, dice la autora.

LA PAZ Y LA ESTABILIDAD ESTÁN EN EL TOPE de las preocupaciones de la agenda internacional. No obstante, en vez de contribuir a la gobernabilidad, vemos que las políticas de Defensa no se gestionan desde una plataforma basada en el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad multilateral y la plena vigencia de los principios democráticos. Así, corremos el riesgo de que visiones militaristas o sensaciones de inseguridad promuevan acciones contrarias al sistema democrático.

En la época de la Guerra Fría se aislaban una serie de temas vinculados con la supervivencia del Estado, y que correspondían a un grupo selecto de actores políticos. “Hay que tener presente que la Defensa es una política pública, que se financia con presupuesto nacional, y que está sujeta a la aprobación o la crítica ciudadana” En América Latina, estos temas, que en definitiva remitían a la guerra y la paz, estaban capturados por las instituciones militares que los ocultaban bajo una difusa noción de razón de Estado. Ahora que un adolescente puede ser portador de un injusto daño, en Oriente Medio o en Colombia, adosando a su cuerpo un arsenal de explosivos; o que un grupo de vecinos ambientalistas, que no recurrirán al uso de la fuerza, crean un conflicto bilateral de derivaciones inciertas, no podemos ignorar que los ciudadanos se han convertido en sujetos de la política internacional. Esto hace que desaparezca una distinción tradicional del estudio de las Relaciones Internacionales: la noción de alta y baja política.

Sin embargo, pese a estos cambios, la política de Defensa mantiene una notoria invisibilidad.

SUPREMACÍA CIVIL SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS

La sociedad puede generar demandas acerca de la Defensa. “Si los valores castrenses se trasladan a la sociedad, se incrementa el nivel de violencia admitido, justificado en el temor a la criminalidad diaria. Entonces, los principios democráticos se desvanecen” Pese a que ellas no tienen un efecto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos, como sucede con las políticas de salud o de educación, hay que tener muy presente que la Defensa es una política pública, que se financia con los recursos del presupuesto nacional, y que por ello, está sujeta a la aprobación o la crítica ciudadana.

La única razón de la existencia de un aparato de Defensa es asegurar la forma de vida de los individuos y la integridad de las instituciones y el territorio. Esa mirada de la seguridad, desde el bienestar del individuo, incluye exigencias acerca del respeto a los códigos internacionales, hacia los temas de identidad cultural, y por la observancia los derechos políticos. De este planteo asimismo se deriva la interrogación acerca de la legitimidad de las fuerzas armadas, en el sentido de si ellas respetan los servicios asignados por la ley y por las elecciones ciudadanas.

Actualmente, a la invisibilidad de las políticas de Defensa se le añade además la borrosidad de su campo de acción. En América Latina, encontramos militares que cumplen tareas muy diversas, desde la preparación tradicional para la guerra, a la persecución de bandas criminales o la suplencia de los partidos políticos. Atribuir funciones de orden público a las fuerzas armadas conlleva riesgos importantes, especialmente en sociedades con déficit democráticos.

“La democracia ha de avanzar en comunicación, en transparencia, regulando el secreto de Estado para casos excepcionales y por tiempo limitado” La ausencia de una efectiva supremacía civil sobre las fuerzas armadas, junto con el hecho de que ellas, y más específicamente el ejército, ampliaron sus tareas hacia el orden interno sustituyendo a las policías, genera una militarización del orden público. De esta forma, los valores castrenses se trasladan a la sociedad y se incrementa el nivel de violencia admitido, justificado en el temor a la criminalidad diaria. Entonces, los principios democráticos se desvanecen, la sociedad admite hacer justicia por mano propia, y los mismos ciudadanos que antes reclamaban democracia, hoy exigen mano dura y tolerancia cero, resquebrajando el Estado de Derecho. Se olvidan los costos que tiene para la democracia no garantizar la imposición de la ley.

TRANSPARENCIA, UN VALOR NECESARIO DE TODA DEMOCRACIA

Desde el Estado no surgen puentes para que la sociedad abarque los problemas de seguridad. En ocasiones, el aparato represivo está planificado para ser utilizado en contra de la propia sociedad. Por lo tanto, dentro de ese mismo aparato se crean condiciones para mantener el carácter secreto de muchas de sus funciones, que ocasionalmente pueden ser utilizadas como sostén de un proyecto político. “La democracia es la forma de organización política que da mayor acceso a los recursos de la sociedad, sean estos bienes, servicios, cultura o conocimiento” Ello explica, tal vez, la reducida voluntad del Estado por crear una burocracia civil entrenada en la defensa.

El trabajo de las organizaciones sociales se debe plantear tanto desde el lado de los derechos que tiene la ciudadanía para reclamar transparencia, por ejemplo en el gasto militar, como en el deber de comprometerse con los valores democráticos sustentando la democracia, la tolerancia, el disenso y el debate. En ese sentido, los ciudadanos son co-responsables de no dar suficiente atención al tema militar.

La democracia tiene que avanzar en comunicación, en transparencia, regulando el secreto de Estado para casos excepcionales y por tiempo limitado.

En resumen, sin esa transparencia, los gobiernos producen opacidad, desconfianza. Se pierden las energías suscitadas por la difusión de las ideas.

Finalmente, la democracia es la forma de organización política que da mayor acceso a los recursos de la sociedad, sean estos bienes, servicios, cultura o conocimiento. Los gobiernos generarán mayor estabilidad, aunque tal vez no su mayor permanencia en el poder, garantizando que esos recursos democráticos alcancen a toda la población y cuando, para todos los sectores, sea evidente que las políticas de Defensa son políticas de Estado, predecibles, entendibles y modificables por la acción ciudadana.