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El establishment laico turco, representado por ciertos sectores burocráticos, judiciales y militares, está dispuesto a recuperar en los tribunales lo perdido en las urnas, y ha pedido a la Corte el cierre del AKP, la formación islamista moderada en el Gobierno desde 2002. Una petición cuyas consecuencias serían nefastas para Turquía, asegura el autor.

LA EVENTUAL FUTURA ILEGALIZACIÓN del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), la formación islamista moderada que gobierna en Turquía desde noviembre de 2002, sólo puede interpretarse como un intento de golpe de Estado judicial en toda regla. El establishment laico, representado por ciertos sectores de la burocracia, el poder judicial y el Ejército y acostumbrado a detentar el poder desde la fundación de la República en 1923, está dispuesto a recuperar en los tribunales lo que ha perdido en las urnas.

El Tribunal Constitucional decidió el pasado 31 de marzo aceptar a trámite la demanda del fiscal general del Estado, Abdurrahman Yalçinkaya, de prohibir el AKP e inhabilitar políticamente durante cinco años a 71 de sus dirigentes. Así, tanto el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, como el presidente de la República, Abdulá Gül, podrían ver peligrar sus cargos.

Si la Corte estableciera, finalmente, el cierre del AKP, las consecuencias para Turquía serían nefastas.

¿NUEVAS ELECCIONES LEGISLATIVAS?

“El grupo parlamentario del AKP debería disolverse, pero la Justicia no podría evitar que sus miembros se presentasen de nuevo a las elecciones bajo un partido de nuevo cuño” El país entraría en un vacío de poder de difícil solución y con múltiples interrogantes, entre ellas la de si el Parlamento llamaría a elecciones legislativas anticipadas apenas un año después de que uno de cada dos ciudadanos otorgase su confianza al AKP. En tal caso, según ha especulado ya la prensa turca, Gül seguiría como presidente hasta el final de su mandato, en 2014, por la impunidad que le otorga el cargo.

También los numerosos diputados que quedaran inhabilitados conservarían su escaño hasta que expirase la actual legislatura e incluso se podrían postular a los siguientes comicios como candidatos independientes. Mientras, el grupo parlamentario del AKP debería disolverse, pero la Justicia no podría evitar que sus miembros “Turquía sufriría una crisis política y económica que paralizaría el proceso de reformas iniciado para ingresar en la UE”(a excepción de los parlamentarios inhabilitados) se presentasen de nuevo a las elecciones bajo las siglas de un partido de nuevo cuño. En una situación así, Erdogan podría obtener una acta de diputado como independiente y ser nombrado más tarde como primer ministro con el apoyo del previsible nuevo Gobierno post-AKP.

En este sentido, no conviene olvidar que el Parlamento salido de las elecciones de 2002 modificó la ley para permitir que Erdogan, inhabilitado de por vida para desempeñar cargos públicos y políticos desde 1998, fuera candidato a diputado y elegido más tarde como jefe de Gobierno.

LA ADHESIÓN A LA UE, (AÚN MÁS) EN EL AIRE

“Hay quienes especulan con que el intento de ilegalizar el AKP es una maniobra del establishment laico para lograr que el sueño europeo descarrile” Turquía sufriría una crisis política y económica de proporciones incalculables que paralizaría por completo el proceso de reformas puesto en marcha para el ingreso en la Unión Europea. De hecho, el comisario para la Ampliación, Olli Rehn, de visita estos días en Ankara, ha advertido de que la ilegalización del AKP pondría en peligro la entrada de Turquía en el club comunitario.

Precisamente, hay quienes especulan con que el intento de ilegalizar el AKP no es más que una maniobra del establishment laico para conseguir que el sueño europeo descarrile de una vez por todas, lo que no deja de resultar paradójico si tenemos en cuenta que Mustafá Kemal Atatürk predicó las bondades que supondría la asimilación de Turquía por Europa. Lo cierto es que los sectores militar y burocrático estiman que la adhesión implica una serie de reformas susceptibles de erigirse en un elemento desestabilizador o perturbador de la seguridad e integridad del Estado, amén de que materializarlas supondría una inaceptable pérdida de privilegios.

“La ilegalización contribuiría a que los simpatizantes del islamismo moderado que predica el AKP se radicalizasen”

Así por ejemplo, garantizar la libertad religiosa, tal y como le exige la UE a Ankara, podría conducir en último término (según las tesis kemalistas) a la instauración de la sharia; tratar de solucionar el problema kurdo concediendo un cierto grado de autonomía a las provincias del este del país de mayoría kurda podría alimentar el secesionismo; y reducir el protagonismo del Ejército sometiéndolo al poder civil podría dejarle las manos libres a un Ejecutivo del AKP para islamizar Turquía.

RADICALIZACIÓN EN EL PAÍS CEMENTERIO DE PARTIDOS POLÍTICOS

No vendría a solucionar, sino a exacerbar y perennizar, la grave brecha existente entre laicos e islamistas. “Se han ilegalizado 26 formaciones, nacionalistas kurdos, islamistas e incluso ecologistas, pero los más afectados han sido los partidos de izquierda” Asimismo, contribuiría a que los simpatizantes del islamismo moderado que predica el AKP se radicalizasen e, incluso, a que los fanáticos hicieran de nuevo acto de presencia.

El antecedente más peligroso lo podemos encontrar en mayo de 2006, cuando un juez fue asesinado por impedir el ascenso de una profesora que usaba el velo en su vida privada. En un reciente mitin del AKP la multitud congregada llegó a pedir que se cortasen las manos de quienes las ponían en el partido de Erdogan.

Igualmente, corroboraría la ya famosa expresión de que el país euroasiático es un cementerio de partidos políticos. “Ocho de los once jueces de la Corte fueron nombrados por el anterior presidente, Ahmet Necdet Sezer, ferviente defensor del secularismo” En la historia republicana de Turquía, 26 formaciones han sido ilegalizadas por el Constitucional, desde nacionalistas kurdos a islamistas e incluso ecologistas, aunque los más afectados han sido los partidos de izquierda. De todas formas, la mayoría de ellos se han reinventado y han vuelto a aparecer bajo otras siglas.

Tal es el caso del propio AKP –producto de una escisión del Partido de la Virtud (FP), heredero a su vez del ilegalizado en 1998 Partido del Bienestar (RP)– o del Partido de la Sociedad Democrática (DTP, pro-kurdo), que también podría ser cerrado próximamente por el Constitucional dados sus presuntos lazos con el grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

UN NÚCLEO DE ACTIVIDADES ANTILAICAS

En su solicitud, de 162 páginas, el fiscal general del Estado argumentaba que el AKP se ha convertido en un núcleo de actividades antilaicas y que ha actuado en contra de la Constitución, en una velada referencia a la aprobación en febrero por el Parlamento de una enmienda a la Carta Magna que autoriza el uso del velo en las universidades.

La admisión de la demanda de Abdurrahman Yalçinkaya por el Tribunal Constitucional demuestra que no habría que descartar el futuro cierre del AKP, sobre todo teniendo en cuenta que ocho de los once jueces que componen la Corte fueron nombrados por el anterior presidente de la República, Ahmet Necdet Sezer, un ferviente defensor del secularismo que vetó un sinfín de leyes y nombramientos propuestos por el AKP.

Con todo, la ilegalización del partido de Erdogan podría demorarse hasta finales de año; mientras tanto, el AKP podría conseguir que el Parlamento aprobase una enmienda constitucional a los artículos 68 y 69 que dificultaría la ilegalización de las formaciones políticas. Además, el Gobierno podría convocar un referéndum del que saldría reforzado porque, presumiblemente, lo ganaría sin mayores esfuerzos.

Así las cosas, los meses venideros serán de nuevo claves en la historia de Turquía, un país que nos ha acostumbrado a mantenernos en vilo con sus permanentes disputas internas.