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La democracia boliviana esta sufriendo tensiones derivadas de fuerzas centrífugas, internas y externas, demasiado potentes para mantener la gobernabilidad de forma pacífica a medio plazo, dice el autor, que alude como centro del conflicto a la lucha entre centralización y descentralización.

(Desde Santa Cruz de la Sierra) EL PRIMER DÍA DE SEPTIEMBRE de 2007, el diario El País tituló, con gran perspicacia, una noticia en su sección internacionales Bolivia, bajo el “síndrome del abismo”, exponiendo las dificultades en torno a la Asamblea Constituyente que se celebra en la ciudad de Sucre. Este título refleja el proceso que ha vivido el país considerado el corazón de América del Sur.

“La nueva administración de Evo Morales no está contribuyendo a la desactivación de los graves conflictos” Para ilustrar el panorama interno actual de Bolivia debemos abordar la profunda fractura que atraviesa tanto en la relación entre el Gobierno y las Prefecturas Departamentales como en la solución temporaria de la Asamblea Constituyente.

Bolivia vive desde mediados de 2002 en una caldera sociopolítica la cual ha devorado tres presidentes (Gonzalo Sánchez de Lozada, 2002-2003; Carlos Mesa, 2003-2005; y Eduardo Rodríguez Veltzé, 2005-2006) y se ha llevado detrás muchas víctimas mortales.

La nueva administración (que triunfó en las elecciones con un 53,74 por ciento de los votos) del Movimiento al Socialismo (MAS) liderada por Evo Morales no está contribuyendo a la desactivación de los graves conflictos que mermaron la gobernabilidad del régimen político boliviano, sino que, por el contrario, se han creado nuevos frentes de conflicto, devenidos de una legítima reclamación socio histórica como la reivindicación de los indígenas y un nuevo impulso al centralismo cuyo foco se encuentra en la ciudad de La Paz.

INDÍGENAS, TIERRAS Y CENTRALIZACIÓN

La reivindicación indígena se asentó en el apoyo popular que obtuvo Evo en las presidenciales, obviando consensos con las diversas (e históricas) fuerzas políticas y sociales. “El gobierno de Morales ha mostrado una tendencia centralista abandonando el desarrollo en materia de descentralización en el último decenio” Con el objeto de llevar a cabo la histórica reclamación impulsó la constitución de una Asamblea Constituyente con poder originario y refundacional, en la cual se reconocería diversos derechos de los indígenas y, siguiendo la herencia de la Revolución de 1952, se nacionalizarían los recursos naturales y las tierras.

Otras de las polémicas medidas fue el comienzo de la distribución de las denominadas tierras improductivas que fueron de la mano de procesos judiciales contra productores y terratenientes con el objeto de entregar las tierras a pequeños productores provenientes de la zona andina de Bolivia hacia las tierras bajas.

“La actual administración ve como una amenaza a su estabilidad un incremento en la libertad de acción de las regiones que impulsan la economía, especialmente Tarija y Santa Cruz, que suman el 40 por ciento del PBI” El gobierno de Evo Morales ha mostrado una tendencia centralista abandonando el desarrollo en materia de descentralización en el último decenio. La Ley de Participación Popular (1993) y la Ley de Descentralización Administrativa (1995), impusieron el deber a las prefecturas de construir y mantener caminos nacionales, caminos secundarios, electrificación rural, infraestructura de riego y apoyo a la producción; conservar y preservar el medio ambiente; promover el turismo; fomentar programas de asistencia social y programas de fortalecimiento municipal entre otras funciones.

La actual administración hace todo lo posible por congelar esta evolución ya que ven como una amenaza a su estabilidad un incremento en la libertad de acción de las regiones que están impulsando la economía boliviana, especialmente Tarija y Santa Cruz (juntos suman el 40 por ciento del PBI Nacional). La primera batalla se dio en el denominado Referéndum sobre las autonomías departamentales en el cual triunfo el no por un ajustado margen.

DESVIACIÓN DE FONDOS Y PROVINCIAS QUE ASPIRAN LA AUTONOMÍA

Otro punto álgido de la agenda durante 2007 fue, la utilización de los fondos destinados a Universidades Públicas y Prefecturas del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para pagar un bono para la vejez. “Las diversas modificaciones de las leyes prefiguraban un 2008 bastante agitado en materia para-electoral” A raíz de esto, los gobernadores de seis de los nueve departamentos bolivianos se reunieron para evitar su implementación, pero no llegaron a concretar su objetivo.

El tercer conflicto que se desató el 15 de diciembre en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando fue el impulso a las autonomías de facto, cuyas consecuencias son difíciles de prever.

Esto se suma a la ley de referéndum revocatorio propuesta por Evo Morales para facilitar la dimisión tanto del presidente de la Nación como de los Prefectos. “Ante la permanente polarización de la situación, la Iglesia Católica está intentando acercar las bases para el diálogo pese a la falta de confianza mutua entre los actores en juego” Estas modificaciones de las leyes prefiguraban un 2008 bastante agitado en materia para-electoral.

Los primeros tres meses de este año no aquietaron las aguas sino que profundizaron las heridas abiertas, ya que, en el mes de febrero, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, convocó a un referendo para el 4 de mayo que fue aceptado por las autoridades y los movimientos cívicos de Tarija, Beni y Pando. Esto incluiría, entre otras medidas, la posibilidad de elegir a sus gobernadores, consejeros departamentales y subgobernadores.

Ante la permanente polarización de la situación, la Iglesia Católica, en la persona del cardenal Julio Terrazas, está intentando acercar las bases para el diálogo a pesar de falta de confianza mutua entre los actores en juego.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y SU CONTEXTO

Evo Morales, con su objetivo de refundar el país, impulsó la realización de una Asamblea Constituyente mediante la Ley de Convocatoria hacia marzo de 2006. “Evo Morales: vamos a refundar Bolivia; después de la Independencia, los Aymaras, Quechuas (…) no participaron de la creación del Estado” La Constituyente se conforma de 255 asambleístas, tres por cada una de las 70 circunscripciones del país y cinco por cada uno de los nueve departamentos. La mayoría simple esta conformada por el partido oficialista MAS que tiene 137 de los 255 asambleístas, pero que no llega a los 2/3 requeridos para la aprobación del proyecto, lo que lleva a tener que consensuar los temas más álgidos con las fuerzas más afines para lograr una mayoría absoluta.

Sin embargo, el MAS pudo aprobar el reglamento que declaró originaria a la Asamblea por lo cual la Constitución refundaría las instituciones políticas actuales. Evo Morales expresaba: vamos a refundar Bolivia: por eso, vamos convocar a la Asamblea Constituyente; después de la Independencia, los Aymaras, Quechuas (…) no participaron de la creación del Estado. Esa conciencia poscolonial, digna de una merecida reparación histórica, “La oposición en su línea más moderada propuso que algunos de los poderes establecidos en la Nueva Bolivia tuvieran su sede en la ciudad de Sucre, donde se desarrollaba la Asamblea Constituyente” ha chocado con la insistente voluntad por imponer racionamientos históricos que abonan el campo para enfrentamientos que, si bien tienen un trasfondo socioeconómico, se utiliza la dialéctica étnica como un unificador social y político.

La Asamblea Constituyente aprobó la Constitución el 9 de diciembre de una manera bastante cuestionable dada la ausencia del principal partido de oposición. Este proceso venció dos desafíos claves. Por un lado, la cuestión de la ubicación de los poderes establecidos (el problema de la capitalidad). El partido oficialista, defensor de la centralidad paceña, expresaba la voluntad de que todas las dependencias del gobierno se ubiquen en La Paz.

La oposición se expresaba principalmente en el Comité Cívico de Chuquisaca conjuntamente con los Comités de la Media Luna Oriental (Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando), proponiendo en su línea más moderada que algunos de los poderes establecidos en la Nueva Bolivia tengan su sede en la ciudad de Sucre, “El otro problema (que es el telón de fondo) tiene que ver con la posible solución al tema de las autonomías departamentales” donde se desarrollaba la Asamblea Constituyente, antes de los graves incidentes que se sucedieron con anterioridad a su aprobación, que se llevaron varios muertos durante el domingo 25 de noviembre.

Ante estos sucesos, los Embajadores de la Unión Europea presionaron a Morales para que respete la legalidad y principios democráticos, viendo en esta situación una posible fractura político-social de grandes magnitudes. En el proyecto de constitución aprobada, en el artículo seis, se proclama como capital de Bolivia a Sucre, este tema que había tensionado la constituyente durante los últimos meses fue solucionado favorablemente.

UN ABISMO FOGONEADO

El otro problema (que es el telón de fondo) tiene que ver con la posible solución al tema de las autonomías departamentales. Esto se desató con el decreto de Evo Morales que recorta en una porción del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que reciben las prefecturas y universidades públicas para trasladarlas a la denominada Renta Dignidad, que favorece a las personas mayores de 60 años, sustituyendo y mejorando el Bonosol, una pensión mínima que reciben los jubilados bolivianos.

La escasa cantidad de ingresos estatales a causa de una economía estrecha e informal provoca que la modificación de leyes que impulsen una progresión social encuentren gran rechazo por parte de los actores beneficiados.

Esta lucha entre la centralización y descentralización se encuentra en el centro del abismo boliviano, actualmente fogoneado por actores externos que representan modelos dispares de pensar la sociedad y la economía, una irresoluta definición sobre las diferentes identidades sociales, históricas y culturales, y una nueva reflexión sobre la naturaleza democrática, proponiendo una alternativa a la democracia tradicional representativa desde la conceptualización de una democracia directa.