Veinticuatro policías y diez civiles, por lo menos, murieron el pasado junio en la selva peruana. La promulgación de una serie de leyes dictadas con el fin de armonizar la legislación forestal y sobre propiedad de la tierra en la Amazonía con las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue la mecha que incendió el área de Bagua. Situada a 700 kilómetros de Lima, esta zona saltó a las portadas de los medios de comunicación. El presidente Alan García tardó doce días en reaccionar. Pero finalmente lo hizo con la derogación de los decretos de la discordia, reconociendo que hubo “una sucesión de errores y exageraciones”, y anunciando diálogo. Un diálogo cuya ausencia originó el descontento que desembocó en el fatal baño de sangre.
El conflicto demuestra una vez más la complejidad de la diversidad del Perú y la necesidad imperiosa de comunicación.

LA NECESIDAD DEL DIÁLOGO

La crisis coyuntural llevaba gestándose por lo menos desde hacía tres meses. Unas 5.000 personas de más de 60 tribus peruanas, aglutinadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se habían estado pronunciando permanentemente en contra de los citados decretos. Entre las medidas de protesta se había estado bloqueando carreteras y vías fluviales y se obstaculizaban las operaciones petroleras y gasíferas de la región. Varias ciudades sufrían por ello desabastecimiento de alimentos y cortes de energía.

La situación se tensó a tal punto que, el primer fin de semana de junio, se produjo el enfrentamiento directo entre nativos y policías. Los agentes – trabajadores de procedencia humilde- habían sido enviados a la zona para romper el bloqueo de carreteras y oleoductos que estaba asfixiando a varias comunidades. Un lamentable choque degeneró trágicamente con la muerte de policías y civiles.
Transcurridas varias semanas los sucesos violentos aún no han sido suficientemente aclarados. Organizaciones de defensa de los pueblos nativos hablan de cifras mucho más elevadas de muertes que lo que señalan las fuentes oficiales. La Justicia tendrá que pronunciarse.

Mas allá de la coyuntura, la principal lección de esta tragedia, según los analistas, es que debe primar ante todo el diálogo, y que el Gobierno Peruano, como todos los gobiernos del mundo, debe erradicar la práctica que a veces emplea de gobernar a golpe de decreto sin consultar antes a los afectados. En este caso no se trataba sólo de una cuestión de formas democráticas sino que incluso había de por medio una obligación ya que tratados internacionales en el marco de Naciones Unidas obligaban al Estado a consultar a los pobladores de la selva peruana antes de poner en marcha los susodichos decretos. Desde un primer momento las normas motivaron el rechazo de la comunidad científica y académica, del Colegio de Ingenieros, de la Defensoría del Pueblo, de la Universidad Nacional Agraria La Molina y de instituciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones indígenas, y hasta del oficial Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), tal como ha recordado Martha Meier en el diario El Comercio.
En cualquier caso una vez más el presidente García ha tenido finalmente un acertado manejo político reconociendo que “es mejor una rectificación valerosa que una torpe obstinación por ver quién gana”.

COMPATIBILIZAR LEYES, MODERNIDAD Y RESPETO A LAS TRADICIONES

Queda por delante lograr que la tragedia no sea únicamente una página de la historia que nunca debió escribirse. Debería ser un punto de inflexión que marque un nuevo rumbo estructural en el reconocimiento de la diversidad peruana en todos los terrenos: social, económico, cultural y en lo que respecta a los diferentes entornos en los que vive la población.
Los sucesos de Bagua ponen nuevamente sobre el tapete, por si hacía falta, que Perú es un país sumamente diverso, con las riquezas y complejidades que ello entraña, tal como han señalado a lo largo de la historia sociólogos y escritores. Es imprescindible tomar conciencia de la necesidad de articular mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones que le afectan de forma trascendental, como era el caso.
En este contexto resulta necesario que de una vez por todas los gobernantes, la clase dirigente, comprenda que las comunidades indígenas de la región Andina y de la Amazonía tienen su particular forma de desenvolverse. Por su parte las comunidades indígenas deben también poner de su parte para comprender que forman parte de un Estado que tiene normas que deben marchar por el bien común. El reto es compatibilizar la puesta en marcha de leyes enmarcadas en el camino hacia la modernidad pero con el inexcusable respeto hacia la historia, las tradiciones y las costumbres de los innumerables y diversos pueblos que habitan en el país. Y eso sólo será posible, como primer paso, mediante la comunicación en sus diferentes vertientes.