Frente a abiertos episodios de crisis (como el ocurrido en Xinjiang en julio) u otros más puntuales y aislados relacionados con tensiones locales o sociales, el Gobierno chino ha reaccionado impulsando e intensificando una frenética campaña que pone el acento no sólo en la mejora general de la seguridad y la estabilidad en todo el país, sino también en la pulcritud moral de la vida oficial y pública, asunto que sigue enardeciendo las críticas de un buen número de ciudadanos ante las dificultades acreditadas para combatir la corrupción. El objetivo inmediato: presentar un perfecto estado de revista el 1 de Octubre, cuando se celebre el sexagésimo aniversario de la fundación de la República Popular China.

La cruzada impulsada por el PCCh incluye un abanico de medidas heterogéneas que contempla aspectos como la mejora de los programas de formación del personal de seguridad a todos los niveles y su universalización a escala de todo el país, para primar la prevención, la lucha contra la prostitución, el tráfico ilegal de armas o el crimen organizado, pero, sobre todo, la investigación de aquellos responsables públicos sobre quienes planea la sombra de la falta de honestidad, el más grave desafío al que se enfrenta el PCCh para garantizar su credibilidad. En este verano y formando parte de una larga lista, han sido apartados el máximo responsable de la energía nuclear del país, Kang Rixin, miembro del Comité Central del PCCh, acusado de «graves violaciones disciplinarias». Otro caso llamativo es el director del buró de administración judicial de Chongqing, municipio directamente subordinado al poder central, y vicejefe del PCCh en el buró de seguridad de dicha ciudad, Wen Qiang, acusado de ofrecer protección a las bandas de gángsteres locales.

Sectores económicos como la construcción son objeto de una campaña exhaustiva que durará dos años, en respuesta al derrumbe el pasado 27 de junio de un edificio de 13 pisos que estaba casi terminado en Shanghai y que ha ridiculizado y puesto en evidencia la calidad constructiva china ante todo el mundo.

Pese a que las autoridades han mostrado recientemente su disposición a limitar al máximo el número de ejecuciones (con una reducción en los últimos años del 30% en su aplicación y un 15% de anulaciones en las revisiones que llegan a la Corte Suprema), éstas siguen siendo fuente de inspiración de la mayor ejemplaridad. Ha sidoe ejecutado el máximo responsable del aeropuerto de la capital, Li Peiying, por haber aceptado sobornos y malversar fondos públicos. Igual destino ha tenido Wu Tianxi, ex legislador nacional de la provincia de Henan, acusado de violaciones sexuales y organización de actividades de bandas criminales.

Los cada vez más frecuentes delitos relacionados con el medio ambiente y con serias repercusiones en las personas (en Hunan, en Mongolia Interior, en Shaanxi…) se están saldando con procesos expeditivos que implican la suspensión de actividades y la remoción inmediata de los funcionarios responsables, medidas que contribuyen a atemperar un descontento social creciente ante la magnitud de los efectos en la salud de la imprevisión pública y la falta de pudor de algunos responsables industriales. Por primera vez en China se castiga con la cárcel a unos acusados por contaminación medioambiental.

Naturalmente, existen límites. Nada trasciende, por ejemplo, de la detención en Namibia de un ciudadano chino (Yang Fan) relacionado con una sociedad (Nuctech) ligada al hijo del presidente Hu Jintao, quien la presidió hasta 2008. Ninguna investigación se ha abierto en China al respecto.

La transparencia informativa de que son objeto la mayor parte de todos estos procesos trata de transmitir socialmente el serio compromiso del PCCh con un gobierno basado en el respeto a la ley. Ello coexiste con síntomas de una mayor apertura oficial a los medios de comunicación, incluyendo la política de ‘cero negativas’ que insta a todos los organismos estatales a facilitar información y colaborar con los periodistas extranjeros.

Toda esta movilización, con fuerte proyección en unidades de producción y en el ámbito castrense, forma parte de una convocatoria a la estabilidad social de cara al 60 aniversario de la fundación de la RPCh, y que afecta tanto al procesamiento de policías por la comisión de abusos (en Kunming) como a la solución en tiempo récord de las quejas de los ciudadanos que cada vez más se manifiestan para exigir de las autoridades respuestas a sus problemas, ya sean dificultades sociales o laborales, como ocurrió en Jilin, en la Corporación del Hierro y Acero Tonghua, después de que su director muriese a golpes durante una protesta obrera en contra de un plan de fusión que privatizaría la empresa con reducción de personal y salarios. El proyecto fue anulado y los jefes del partido en la fábrica fueron destituidos.
Otro tanto ha ocurrido en la provincia de Henan, donde las autoridades han ordenado la paralización inmediata del proceso de privatización de una fábrica de acero después de que los trabajadores de la planta participaran en una manifestación masiva.

La promoción de mejoras sociales (mínimo vital, acceso equitativo y universal al sistema de salud…) complementa esta política de fomento de la estabilidad social que debe favorecer el entusiasmo cívico con el estado general del país y el reconocimiento del positivo papel desempeñado por el PCCh en esa estrategia de modernización de China que define el gobierno de la virtud como la mayor virtud del Gobierno, y que aspira a preservar el sistema en su integridad.
Pero no todo es armonía. A su vez, estas campañas también acostumbran a desvelar estrategias de eliminación de facciones rivales, circunstancia relativamente accesible habida cuenta la notoria promiscuidad entre política, negocios y redes mafiosas, como algunos de los casos citados han podido desvelar con toda crudeza, y también el inicio de la cuenta atrás para el próximo relevo en la cúpula. Será en 2012.